Escándalo en ARBA: empleado denuncia "viáticos fantasmas" y represalias políticas

La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) está en el ojo de la tormenta tras las graves denuncias de un trabajador estatal que acusa al organismo de amenazas, maltrato laboral y represalias por su posición política. El empleado, chofer de la entidad y con casi tres décadas de experiencia en el Estado provincial, aseguró ser víctima de un clima hostil tras exponer irregularidades dentro del organismo y manifestar su apoyo a La Libertad Avanza.

La persecución laboral detrás de la denuncia

Según relató el trabajador, las represalias comenzaron en 2017 cuando utilizó los canales oficiales de ARBA para informar sobre irregularidades dentro de la propia agencia. Entre ellas, señaló que varios empleados registraban propiedades de forma incorrecta, como terrenos baldíos, con el fin de evadir impuestos. Además, denunció la malversación de viáticos asignados a comisiones de servicio, en las cuales los traslados, en su mayoría, se resolvían en un solo día, pero los empleados cobraban los viáticos completos por horas no trabajadas.

El chofer de ARBA también expuso la situación irregular que vivió durante un viaje a la Ciudad de Buenos Aires, donde tuvo que buscar a varias empleadas en un shopping, cuando se suponía que estaban en una reunión oficial. Tras comunicar el hecho a Cristian Girard, director ejecutivo de ARBA, aseguró que no recibió ninguna respuesta.

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“Lo que viví fue un castigo por cumplir con el código de ética del organismo y por denunciar irregularidades. Nunca recibí respuestas por parte de las autoridades, lo que comenzó a generar un clima de hostigamiento contra mí”, relató el trabajador, quien también denunció que comenzó a recibir comentarios descalificadores en redes sociales y fue sometido a un cambio de tareas sin previo aviso.

Una militancia política como desencadenante

El trabajador, que se identifica con las políticas de la vicepresidenta Victoria Villarruel, comentó que a pesar de no haber solicitado ningún beneficio personal ni económico, su identificación política generó un rechazo dentro de la organización, donde predominan "militantes kirchneristas". Incluso, tras la denuncia, el chofer fue convocado a realizarse una serie de estudios médicos psiquiátricos, toxicológicos y cardiológicos, algo que, según él, nunca había ocurrido con otros empleados del organismo.

“Me trataron como si fuera un delincuente. Creo que todo esto tiene que ver con mi postura política”, manifestó el chofer, quien se describió como una persona que nunca buscó fama ni cargos políticos. A pesar de los constantes ataques, sigue denunciando lo que considera un acto de persecución política.

Las amenazas físicas y el vacío institucional

Las amenazas físicas también fueron una constante para el trabajador de ARBA. En una entrevista radial, relató cómo varios compañeros de trabajo lo amenazaron con agredirlo físicamente dentro de las instalaciones del organismo. Además, comentó que una empleada le informó que existía un grupo organizado que planeaba “agarrarlo” en la calle.

Pese a haber presentado varias denuncias judiciales, las causas fueron archivadas rápidamente. En uno de los casos, las amenazas fueron dirigidas contra su hija por un secretario gremial, lo que intensificó aún más el temor del trabajador.

El denunciante resaltó, además, la falta de respuestas institucionales a sus reclamos. En mayo de 2023, solicitó una audiencia formal con Cristian Girard, pero la solicitud fue ignorada. En total, el chofer afirmó haber enviado ocho solicitudes a las autoridades de ARBA para abordar la persecución que sufría, pero nunca obtuvo una respuesta.

Prórroga tributaria y la falta de planificación

El clima de inestabilidad institucional dentro de ARBA también se refleja en las decisiones del gobierno provincial. En los últimos días, el gobierno de Axel Kicillof extendió hasta el 14 de marzo el plazo para abonar la primera cuota del Impuesto Inmobiliario Urbano con descuentos, en un intento por aliviar a los contribuyentes. Esta medida se tomó a último momento y es vista por muchos como un reflejo de la falta de planificación y organización dentro del organismo tributario de la provincia.

A esta improvisación se le suman los problemas con la Ley Fiscal 2025, que no logró aprobarse en la legislatura y dejó congelados los montos nominales del impuesto inmobiliario. Mientras tanto, los contribuyentes de la provincia se enfrentan a la incertidumbre de un sistema que podría imponer aumentos sorpresivos a lo largo del año.