Régimen Penal Juvenil: Diputados retoma el tratamiento y avanza hacia un dictamen

Este martes, a partir de las 16, volverá a reunirse el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados que analiza los proyectos para reformar el Régimen Penal Juvenil. El encuentro se celebrará en el segundo piso del Anexo C y estará integrado por las comisiones de Legislación Penal, Familias, Justicia y Presupuesto y Hacienda. Esta vez, se prevé la firma de un dictamen para permitir que el tema llegue al recinto próximamente.

Previo a este plenario, a las 15.30, la Comisión de Legislación Penal se reunirá de manera breve con el objetivo de cubrir vacantes en su estructura de autoridades. En ese mismo encuentro se tratará un proyecto de declaración presentado por la diputada Fernanda Avila, para declarar de interés el III Congreso Federal de Justicia Penal que se realizó en abril en Mar del Plata.

Tres intentos fallidos

La reanudación del debate llega luego de tres postergaciones consecutivas. El primer intento fue el 8 de abril, pero ese mismo día la oposición reunió quórum y el pleno sesionó para debatir el caso $LIBRA y otros emplazamientos, lo que obligó a modificar el horario original del plenario. Finalmente, por la extensión de esa sesión, el encuentro fue pospuesto.

El segundo intento estaba fijado para el 23 de abril, pero fue suspendido tras la muerte del Papa Francisco, lo que llevó a reprogramar toda la actividad legislativa de esa semana. El tercer intento fue el 30 de abril, pero tampoco se concretó. Ante esa cadena de postergaciones, surgieron dudas sobre si el Congreso avanzaría finalmente este año con la modificación de la edad de imputabilidad. Sin embargo, fuentes parlamentarias desmintieron esa posibilidad, asegurando que el oficialismo mantiene el tema como una prioridad.

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Presión del Ejecutivo y contexto social

Desde el inicio del período ordinario de sesiones, el presidente Javier Milei ha insistido en la necesidad de avanzar con la baja de la edad de imputabilidad. En su discurso del 1° de marzo, durante la Asamblea Legislativa, reclamó al Congreso la aprobación de esta reforma, al afirmar: “Necesitamos elevar los costos para quienes delinquen. Si son lo suficientemente conscientes para cometer crímenes de adultos, deben pagar las consecuencias como adultos”.

El tema volvió a instalarse con fuerza en la agenda legislativa en marzo, tras el crimen de Kim Gómez en La Plata, una niña asesinada durante un robo cometido por dos menores. Esa conmoción impulsó una nueva reunión de comisiones el 12 de marzo, pero desde entonces no se había logrado avanzar.

La propuesta del oficialismo y los consensos alcanzados

El proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo propone establecer un régimen penal para adolescentes de entre 13 y 18 años, bajando la edad de imputabilidad desde los 16 actuales hasta los 13. Sin embargo, la mayoría de las iniciativas presentadas por otros bloques ubican ese umbral en los 14 años, lo que habría permitido alcanzar un consenso entre el oficialismo y los sectores dialoguistas de la oposición para avanzar en un dictamen conjunto con esa cifra como punto de acuerdo.

En total, hay 14 proyectos en análisis. Además de la iniciativa oficial, se incluyen propuestas de diputados del PRO, la Coalición Cívica, Producción y Trabajo, La Libertad Avanza (incluyendo un texto del mendocino Álvaro Martínez que propone fijar la edad en 12 años), Democracia para Siempre, la UCR y el bloque Transformación. Unión por la Patria también participa del debate con cuatro iniciativas: tres de ellas sostienen la edad de 16 años, mientras que un proyecto del sector massista propone reducirla a 14.

Qué establece el proyecto del Poder Ejecutivo

Según la propuesta del Gobierno nacional, el nuevo régimen será aplicable a adolescentes entre 13 y 18 años imputados por delitos contemplados en el Código Penal o leyes penales especiales. El objetivo, según el texto, será "fomentar en el adolescente el sentido de la responsabilidad legal por sus actos" y lograr "su educación, resocialización e integración social".

El proyecto prohíbe expresamente las penas de prisión perpetua y de reclusión perpetua. En cambio, las penas privativas de la libertad tendrán un máximo de 20 años y podrán cumplirse en diversas modalidades: en el domicilio, en un instituto abierto, en uno especializado o en una sección separada de una unidad penitenciaria.

También se contemplan penas alternativas, como la amonestación, la prohibición de contacto con la víctima o de acercamiento, la prohibición de conducir vehículos o de asistir a determinados lugares, y la prestación de servicios a la comunidad.

Por último, el texto incorpora medidas complementarias orientadas a la inclusión y la formación: programas educativos, deportivos, de capacitación laboral y otros mecanismos destinados a promover la reinserción de los adolescentes.