El sindicato presentó un recurso de amparo contra el decreto 340/25 del Gobierno nacional, que redefine los servicios esenciales y limita el derecho a huelga en el sector público. Acusan al Ejecutivo de avanzar con una norma “inconstitucional” que vulnera derechos laborales básicos y exigen su suspensión inmediata.
Política24 de mayo de 2025
Mariana Portilla
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) volvió a enfrentarse con el Gobierno Nacional, esta vez por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 340/25, con el cual el Ejecutivo amplió la definición de “servicios esenciales” y, en consecuencia, limitó el ejercicio del derecho a huelga en el sector estatal. La organización sindical no solo repudió la medida, sino que ya activó su ofensiva legal y presentó un recurso de amparo exigiendo la inconstitucionalidad del decreto.
“Esperemos que la Justicia actúe con rapidez. Los efectos de este decreto deben ser suspendidos inmediatamente”, advirtió Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, quien fue tajante al afirmar que el derecho de huelga “es el más importante que tenemos los trabajadores”.
El DNU 340/25 modifica el artículo 24 de la Ley 25.877, elevando al 75% la obligación de prestación de servicios durante medidas de fuerza en sectores “esenciales”. Según ATE, esta definición fue ampliada de forma arbitraria, incluyendo actividades que son desarrolladas por el Estado y que antes no estaban alcanzadas por esa calificación.
“Prácticamente el mismo texto ya fue declarado inconstitucional. Muchas de las actividades que se plantean como esenciales las brinda el Estado. Por lo tanto esta norma dictada por el Ejecutivo nos afecta de manera directa”, explicó Aguiar.
Desde el sindicato argumentaron en el amparo que el decreto implica una “afectación ilegal, arbitraria y manifiesta del derecho de huelga, al principio de progresividad y a la libertad sindical”, tal como se expresa en el documento presentado en el Juzgado Nacional de 1ª Instancia del Trabajo Nº 20.
Además, ATE solicitó una medida cautelar urgente para que los efectos del decreto queden suspendidos de inmediato y no se apliquen mientras dure el proceso judicial.
Para el líder sindical, esta decisión del Gobierno responde a presiones del poder económico: “Este decreto se lo escribieron al Presidente las multinacionales y los grandes grupos empresarios del país. Tenemos que atacarlo en la Justicia y en la calle”.
En esa línea, Aguiar volvió a alertar: “Estamos frente a una inconstitucionalidad manifiesta. El derecho de huelga es nuestro derecho más importante. Si nos lo quitan, a los trabajadores no nos queda nada”.
Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE.
Este conflicto se suma a una tensa relación entre el Gobierno de Javier Milei y los gremios estatales, que vienen advirtiendo sobre despidos masivos, ajuste presupuestario y la pérdida del poder adquisitivo.
ATE ya convocó a asambleas y posibles medidas de fuerza, mientras avanza con su ofensiva legal en los tribunales. La pelea por el derecho a huelga, una bandera histórica del sindicalismo argentino, promete escalar en los próximos días.
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