La Justicia frena el decreto de Milei que disolvía el FISU

El Juzgado Federal de Pehuajó, a cargo del juez Andrés Heim, hizo lugar a una medida cautelar presentada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y suspendió los efectos del Decreto 312/2025, que disponía la disolución del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU).

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La decisión judicial ordena al Estado nacional a presentar, en un plazo de tres meses, un plan de acción para continuar con la política de integración socio urbana en los barrios populares registrados en el RENABAP. Además, se exige que el gobierno informe sobre el saldo existente en las cuentas del FISU y la composición de sus recursos. 

El FISU: una herramienta clave para la integración urbana

El Fondo de Integración Socio Urbana fue creado en 2019 con el objetivo de financiar proyectos de urbanización en barrios populares, garantizando el acceso a servicios básicos como agua potable, energía eléctrica y redes cloacales. Durante su funcionamiento, se realizaron más de 1.200 obras que beneficiaron a más de 300.000 familias en todo el país. 

El financiamiento del FISU provenía principalmente del Impuesto PAIS, que inicialmente destinaba el 9% de su recaudación al fondo. Sin embargo, en 2024, el gobierno de Javier Milei redujo este porcentaje al 0,3%, afectando gravemente la continuidad de las obras. 

El gobierno argumenta irregularidades, pero la Justicia exige continuidad

El Decreto 312/2025, firmado por el presidente Milei y los ministros Luis Caputo y Guillermo Francos, justificaba la disolución del FISU alegando irregularidades en su administración, como contrataciones sin procesos adecuados y demoras en la ejecución de obras.

No obstante, la Justicia consideró que la eliminación del fondo vulnera derechos fundamentales de los habitantes de barrios populares y ordenó su continuidad. Además, impuso una multa diaria de $200.000 al subsecretario de Integración Socio Urbana, Sebastián Pareja, por cada día de demora en la presentación del plan de urbanización exigido.

Un fallo que marca un precedente en la política social

La decisión del juez Heim representa un freno al ajuste impulsado por el gobierno nacional y pone en el centro del debate la importancia de las políticas de integración socio urbana. Organizaciones sociales y vecinos de barrios populares celebraron el fallo como una victoria en la defensa de sus derechos.

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Mientras tanto, el gobierno deberá replantear su estrategia y cumplir con las exigencias judiciales para garantizar la continuidad de las obras que buscan mejorar la calidad de vida de millones de argentinos.