El Congreso pone primera con la ley antibarras: buscan penas más duras y sanciones a dirigentes

Este martes 3 de junio, a partir de las 15.30, la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados dará comienzo al tratamiento de la denominada ley antibarras. La iniciativa fue enviada por el Gobierno nacional hace más de dos meses y busca establecer un régimen específico para prevenir y sancionar delitos cometidos en espectáculos deportivos, con especial énfasis en la violencia vinculada al fútbol.

El debate se realizará en la sala 7 del Anexo del Palacio Legislativo y será en el marco de una reunión informativa. Junto con este proyecto, también se pondrá a consideración una iniciativa presentada por el bloque Democracia para Siempre, que propone cambios en el Régimen Electoral.

Participación de expositores clave

Durante la jornada se escucharán las exposiciones de representantes del Ministerio de Seguridad y de organismos vinculados al deporte. Entre ellos, participarán Fernando Soto, director nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos; Martín Ferlauto, director de Normativa y Legislación del mismo ministerio; y Andrés “Paton” Urich, asesor legal de la AFA y miembro del Comité de Apelaciones de la FIFA.

La presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado, estará al frente de la reunión. La legisladora ya había acompañado a la ministra Patricia Bullrich y al jefe del bloque oficialista Gabriel Bornoroni en una presentación de la iniciativa en Córdoba ante dirigentes deportivos.

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Qué contempla el proyecto

Uno de los ejes principales del texto es la creación de la figura penal de “asociación ilícita futbolística”. Además, se establecen penas diferenciadas para una variedad de conductas delictivas. Por ejemplo, se propone una sanción de uno a cuatro años para quien dañe instalaciones en un espectáculo deportivo, y de tres a seis años para quienes ingresen con armas blancas.

Las penas aumentan si se trata de elementos inflamables (de cuatro a ocho años) o armas de fuego (de cinco a diez años). Un aspecto novedoso es que también se responsabilizará a los dirigentes de clubes en caso de que se compruebe su complicidad o colaboración con estos delitos.

Violencia, reventa y “trapitos”

La ley también fija una pena de tres a seis años para los casos en que un grupo de personas suspenda un partido utilizando la violencia, y de cinco a doce años si lo hacen con armas de fuego.

Para quienes distribuyan entradas de manera ilegal, la pena será de dos a seis años; la misma sanción se aplicará a quienes revendan boletos obtenidos de forma irregular. Si en cualquiera de estos casos se comprueba la participación de un dirigente, la pena se eleva a un rango de tres a ocho años.

Otro punto contemplado por la iniciativa es el accionar de los “trapitos” en las inmediaciones de los estadios. Se propone sancionar con uno a dos años de prisión a quienes realicen esta actividad de manera informal, y con tres a cinco años si exigen dinero para cuidar los vehículos.

Restricciones y sanciones accesorias

El proyecto establece una restricción perimetral de 1000 metros para quienes tengan prohibido el ingreso a los estadios. Si una persona incumple esta medida dispuesta por la Justicia, se enfrenta a una pena de tres a cinco años de prisión.

En suma, la ley impulsa una batería de medidas que apuntan no solo a las barras bravas, sino también a las estructuras que les permiten operar, incluyendo la responsabilidad de los organizadores y dirigentes de los clubes.