Mariana Portilla
La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) le dio 30 días hábiles al Gobierno para que se suspenda o prorrogue el segundo tramo del decreto que reduce los aranceles a la importación de productos electrónicos. De no haber respuesta favorable, adelantó que tomará medidas de fuerza en Tierra del Fuego.
La advertencia se dio tras un encuentro en Ushuaia con cámaras empresariales y autoridades, en el que se debatieron alternativas para proteger la industria fueguina. Según detalló el secretario adjunto de la UOM Río Grande, Marcos Linares, aunque no todas las empresas participaron, hubo funcionarios presentes que se comprometieron a evaluar alternativas para mantener el nivel de producción.
El gremio busca frenar el impacto del decreto que abriría las puertas a una ola de importaciones, pero la respuesta oficial fue negativa. En cambio, desde el Ejecutivo dejaron trascender que evalúan una prórroga por seis meses, algo que para la UOM es insuficiente.
Linares fue claro: “La producción de celulares de gama baja y media no podría competir con productos importados si la medida se aplica”. El dirigente también cuestionó la falta de claridad del Gobierno en relación con la industria nacional. “Nunca se nombró la palabra industria. Se desregula todo: calzado, vestimenta, automotriz, maquinaria agrícola. La nuestra está en la mira”, disparó en diálogo con Mundo Gremial.
El dirigente sindical advirtió que, si se concretan los cambios arancelarios, varias compañías podrían abandonar la producción local para dedicarse directamente a importar. “Si la producción deja de ser viable, los únicos sin futuro somos los trabajadores”, sentenció Linares.
Frente a este escenario, la UOM remarcó que no descarta ninguna acción gremial. “Si no hay solución concreta, tomaremos decisiones para defender los puestos de trabajo”, aseguró el sindicalista.
Vale recordar que a fines de mayo la UOM y las empresas nucleadas en la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (AFARTE) alcanzaron un acuerdo clave: los trabajadores se comprometieron a volver a sus tareas y las firmas a no realizar despidos al menos hasta el 31 de diciembre de 2025. Ese entendimiento llegó luego de un paro por tiempo indeterminado impulsado por el gremio ante la decisión del Gobierno nacional de reducir los aranceles a la importación, medida que generó un fuerte malestar en el sector.
Como parte del acuerdo, se conformó una mesa de trabajo entre empresarios, trabajadores y representantes de los gobiernos nacional y provincial, con el objetivo de buscar mecanismos que permitan mejorar la competitividad del sector de cara a una posible baja total del arancel para celulares importados desde enero de 2026.
