Caso YPF: Justicia de EE.UU. se pone del lado argentino

En un nuevo capítulo del extenso litigio internacional por la expropiación de YPF, el Gobierno argentino consiguió un respaldo estratégico de peso: el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) se presentó formalmente ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York para apoyar la solicitud de suspensión de la orden que obligaba a entregar las acciones de la petrolera estatal.

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Una jugada con peso político

La presentación del DOJ como amicus curiae no es un gesto menor. El gobierno estadounidense subrayó que tiene un "interés sustancial" en el caso, ya que involucra aspectos de política exterior, inmunidad soberana y la interpretación del derecho internacional. Es la segunda vez que el organismo se pronuncia en favor de la Argentina: ya lo había hecho en noviembre de 2024, y ahora redobló la apuesta en un momento crítico del proceso judicial.

La intervención se produjo luego de que la jueza Loretta Preska ordenara el pasado 30 de junio la inmediata entrega de acciones de YPF a los demandantes, encabezados por el fondo Burford Capital, en cumplimiento de un fallo que condenó a la Argentina a pagar USD 16.000 millones.

El giro respecto a la postura de 2019

Este apoyo contrasta con la posición que adoptó el mismo organismo durante el gobierno de Donald Trump en 2019, cuando se opuso a los argumentos de inmunidad presentados por la Argentina. En aquel entonces, el Departamento de Justicia sugirió desestimar los reclamos de Buenos Aires. El cambio de postura actual marca una diferencia política notoria y representa una ventaja significativa para la estrategia legal del Estado argentino.

Qué dijo el DOJ y por qué cambia el escenario

El escrito presentado ante la Corte de Apelaciones plantea seis argumentos clave para respaldar la suspensión:

• La causa involucra cuestiones de política exterior y afecta las relaciones internacionales de EE.UU.
• La inmunidad soberana de los bienes de un Estado es un principio central del derecho internacional.
• No existe base legal para ejecutar bienes estatales ubicados fuera de Estados Unidos.
• Si Argentina entrega las acciones ahora, podría perderlas de manera irreversible incluso si luego gana la apelación.
• El proceso debe respetar el derecho a apelar sin que se produzcan daños irreparables.
• La suspensión no perjudica a los acreedores porque Argentina no puede vender las acciones sin autorización del Congreso.

Burford busca una garantía "menos onerosa"

En paralelo al apoyo norteamericano, el fondo Burford Capital –principal beneficiario del fallo– comunicó a la Corte que no pretende quedarse con las acciones de YPF si Argentina gana la apelación. Su objetivo, según explicó el analista Sebastián Maril, es evitar que el país continúe apelando sin presentar algún tipo de garantía.

El fondo propuso volver el expediente a la jueza Preska para que evalúe "opciones menos gravosas", que podrían incluir la entrega parcial de las acciones o la cesión de créditos estatales, como los vinculados al proyecto Yacyretá. Esta alternativa ya había sido mencionada en 2023, cuando Preska consideró razonable una garantía que consistía en entregar la mitad de las acciones de YPF o miles de millones de dólares en créditos a cobrar.

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La Corte de Apelaciones ya suspendió temporalmente la entrega de las acciones, pero deberá tomar una decisión definitiva antes de fin de mes. La presión crece, y el nuevo apoyo de Washington refuerza el caso argentino justo cuando se juega la etapa final del proceso.