La justicia abre la causa por espionaje pero sin avanzar sobre el periodismo

El fiscal federal Carlos Stornelli ordenó abrir una investigación formal tras la denuncia del Gobierno por un presunto operativo de inteligencia ilegal que habría involucrado la grabación clandestina de audios en la Casa Rosada. Las grabaciones, que sacudieron el escenario político, involucran a Karina Milei y al asesor presidencial Eduardo “Lule” Menem en presuntos pedidos de coimas vinculados a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

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Sin embargo, en una decisión clave, Stornelli reivindicó el derecho constitucional que protege a las fuentes periodísticas y descartó de plano la posibilidad de allanar domicilios de periodistas o medios de comunicación, como había solicitado el Ministerio de Seguridad. “No se podrá hurgar en las fuentes de algún periodista... salvo orden fundada de juez competente”, advirtió el fiscal.

El Gobierno denunció una “operación” para desestabilizar

La presentación judicial impulsada por el Ejecutivo plantea que la filtración de audios formaría parte de una supuesta maniobra ilegal de inteligencia para dañar la imagen del oficialismo y desestabilizar el proceso electoral en curso. La denuncia recalca la “clandestinidad” de las grabaciones y el carácter “políticamente direccionado” de su difusión.

Desde el oficialismo no descartan que la operación haya involucrado espionaje institucional no autorizado, lo que configuraría una grave violación a la ley de inteligencia nacional. En ese marco, se pidió que se investigue a fondo quiénes participaron en la obtención y viralización del material.

El Presidente apuntó directamente contra el periodismo

El presidente Javier Milei reforzó públicamente la hipótesis de una red de espionaje ilegal, y fue más allá: afirmó que un grupo de periodistas forma parte activa del entramado. “Estos espías que se disfrazan de periodistas quieren desviar la atención del tema real”, escribió en redes sociales.

El mandatario además sugirió que las grabaciones podrían haber sido realizadas dentro del Congreso Nacional, más precisamente en la Presidencia de la Cámara de Diputados. “No están por encima de la ley. Se creen impunes y no lo son. Fin”, concluyó, en uno de sus mensajes más duros contra la prensa desde que asumió.

Medida cautelar: frenan difusión de los audios

Paralelamente, el Gobierno obtuvo una medida judicial que prohíbe la reproducción y publicación de los audios atribuidos a Karina Milei, a partir de un fallo del fuero Civil y Comercial Federal. La resolución, que fue considerada inusual en su alcance, impide a los medios volver a difundir ese tipo de contenido.

La cautelar desató una ola de críticas por parte de juristas, comunicadores y organismos defensores de la libertad de expresión. El principal argumento es que se estaría avanzando sobre el derecho de la ciudadanía a informarse sobre hechos de interés público, especialmente en medio de un proceso electoral clave.

ADEPA rechazó el fallo y alertó por la libertad de prensa

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) emitió un duro comunicado rechazando la decisión judicial. Afirmó que las “prohibiciones preventivas” afectan el derecho constitucional a informar y ser informado, y constituyen una forma de censura previa inadmisible en democracia.

Según el organismo, la resolución vulnera el artículo 14 de la Constitución Nacional y representa un peligroso antecedente que puede ser usado para restringir la cobertura de hechos públicos en el futuro. La discusión legal y política sigue escalando.

Un escándalo que impacta de lleno en la campaña

La difusión de los audios, el enfrentamiento con el periodismo y la judicialización del caso impactan directamente en un Gobierno que atraviesa su momento más delicado desde el inicio de la gestión. La oposición habla de censura y blindaje institucional, mientras que el oficialismo insiste en que se está enfrentando una operación montada para perjudicar electoralmente al Presidente y su entorno más cercano.

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La causa avanza con pasos firmes, pero también genera una batalla simbólica sobre los límites de la libertad de prensa, el rol del periodismo y la transparencia en la función pública. La escena está servida para un nuevo capítulo en una Argentina donde política, justicia y medios colisionan con cada vez más frecuencia.