Juan Manuel Villarreal
El presidente Javier Milei firmó el Decreto 697/2025, publicado este lunes, que autoriza el ingreso de tropas de Estados Unidos a la Argentina para participar de ejercicios militares en las bases navales de Mar del Plata, Ushuaia y Puerto Belgrano.
La medida fue tomada sin la aprobación del Congreso, un requisito que marca la Constitución Nacional para habilitar la presencia de fuerzas extranjeras en territorio argentino. En el texto, el Gobierno admite que la autorización parlamentaria no fue concedida, pero justificó la decisión alegando una “situación excepcional”, sin detallar en qué consiste esa supuesta urgencia.
En su artículo segundo, la norma dispone: “Autorízase el ingreso de medios y personal de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América para la participación en el Ejercicio ‘Tridente’, a llevarse a cabo en territorio argentino (…) entre el 20 de octubre y el 15 de noviembre de 2025”.
El decreto lleva la firma de Milei, del canciller y de todos los ministros del gabinete.
El rechazo al ingreso de tropas extranjeras no quedó solo en la política. Una encuesta nacional de Zuban Córdoba realizada entre el 29 y 30 de septiembre, sobre 1.500 casos, mostró que el 71,5% de los argentinos está en desacuerdo con la instalación de una base de EE.UU. en Tierra del Fuego a cambio de un acuerdo económico.
Solo el 21% se mostró a favor y el 7,5% respondió que no sabe.
El sondeo encendió alarmas en la Casa Rosada, ya que refleja un amplio rechazo social a una de las decisiones más polémicas del Gobierno desde su llegada al poder.
La decisión generó fuerte rechazo político y social, especialmente en Tierra del Fuego, una provincia clave por su posición estratégica frente a la Antártida y las Islas Malvinas.
El intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, fue uno de los primeros en reaccionar: “Tierra del Fuego no es moneda de cambio para sus fines electorales. No vamos a entregar nuestra soberanía. Es la puerta de entrada a la Antártida y nuestra casa”, escribió en sus redes.
En la misma línea se pronunciaron las senadoras fueguinas Cristina López y María Eugenia Dure, quienes advirtieron que la medida vulnera la Constitución.
Desde el peronismo interpretan que la autorización responde a exigencias del expresidente estadounidense Donald Trump, que se habrían impuesto como condición para darle respaldo político y financiero a Milei.
