Duro revés judicial: Moreno no podrá ejercer cargos públicos

La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó este martes las dos condenas contra Guillermo Moreno, exsecretario de Comercio Interior durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, y lo inhabilitó de manera absoluta y perpetua para ocupar cargos públicos.

Expectativa por el fallo que puede marcar el futuro económico argentino

El máximo tribunal desestimó los recursos de la defensa y dejó firmes las sentencias por las causas “Papel Prensa” —en la que fue condenado por amenazas coactivas— y “cotillón anti Clarín”, en la que se lo halló culpable de peculado, es decir, del uso indebido de fondos públicos.

El fallo, firmado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, clausura definitivamente el recorrido judicial de ambos expedientes y consolida el criterio de que los delitos cometidos durante la función pública tienen consecuencias permanentes en la vida política del condenado.

Qué llevó a la inhabilitación de Guillermo Moreno

La primera de las causas se remonta al 12 de agosto de 2010, cuando Moreno irrumpió en una asamblea de accionistas de Papel Prensa S.A. con guantes de boxeo y un casco de sparring. Según determinó la Justicia, el entonces funcionario amenazó e intimidó a los presentes, impidiendo el normal desarrollo del encuentro.

El Tribunal Oral Federal N°8 lo condenó en 2022 a dos años de prisión en suspenso y seis meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos, fallo que luego fue confirmado por la Cámara de Casación Penal en 2023.

La Corte Suprema, al aplicar el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, rechazó de manera definitiva el último recurso del exfuncionario, dejando firme la condena por amenazas coactivas.

El “cotillón anti Clarín” y el uso indebido de fondos públicos

La segunda condena —iniciada en 2013 y con sentencia firme del Tribunal Oral Federal N°7— analizó el uso de fondos del Mercado Central de Buenos Aires para financiar artículos de propaganda política con consignas contra el Grupo Clarín.

Entre los objetos secuestrados había gigantografías, tazas, remeras y globos con frases como “Clarín miente” o “Clarín, cadena nacional del desánimo y la desinformación”. La Justicia concluyó que esos gastos no respondían a fines institucionales y configuraban peculado e incitación a la violencia colectiva.

Moreno fue condenado a dos años y medio de prisión en suspenso y a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. En la misma causa también fueron condenados Fabián Dragone y Guillermo Cosentino, exdirectivos del Mercado Central.

La decisión de la Corte y su impacto

La Corte Suprema ratificó la validez de ambas condenas al considerar inadmisibles los planteos de la defensa, y con ello dejó sin margen de apelación los fallos previos.

El tribunal destacó que los delitos de amenazas y peculado atentan contra la integridad institucional del Estado y que la inhabilitación perpetua constituye una sanción proporcional a la gravedad de los hechos.

Con esta resolución, Moreno queda fuera de toda posibilidad de ocupar cargos públicos, tanto electivos como administrativos, consolidando un precedente de peso sobre la responsabilidad penal de los funcionarios.

Un estilo político marcado por la confrontación

Durante su paso por la Secretaría de Comercio Interior (2006-2013), Guillermo Moreno fue una de las figuras más controvertidas del kirchnerismo. Su gestión se caracterizó por un estilo confrontativo, marcado por controles de precios, presiones a empresarios y denuncias de manipulación de los índices del INDEC.

Tras dejar el cargo, se desempeñó como agregado económico en la Embajada argentina en Italia hasta diciembre de 2015, y luego incursionó en la política partidaria con Principios y Valores, un espacio que buscó posicionarse dentro del peronismo tradicional.

Con la decisión de la Corte, su futuro político queda cerrado en el plano institucional, aunque podría seguir participando en el ámbito partidario sin ejercer funciones públicas.

Qué puede pasar ahora

Con ambas sentencias firmes, los tribunales orales deberán definir si corresponde unificar las penas impuestas, lo que podría llevar la condena total a más de tres años de prisión, transformándola en de cumplimiento efectivo.

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Aunque Moreno no enfrentará una nueva instancia judicial, el fallo de la Corte refuerza los límites legales al uso de recursos públicos con fines ajenos al interés estatal y marca una línea de jurisprudencia sobre las sanciones a los funcionarios que abusen de su cargo.