Juan Manuel Villarreal
La relación entre el Gobierno de Javier Milei y la Confederación General del Trabajo (CGT) atraviesa su momento más delicado desde el inicio de la gestión libertaria. El intento del Ejecutivo de reactivar la reforma laboral incluida en la denominada Ley Bases volvió a tensar la cuerda con el movimiento obrero, que se prepara para responder con una estrategia más política que gremial.
Si bien por ahora la central sindical descarta convocar a un paro general, en su conducción crece la convicción de que el oficialismo busca debilitar la estructura histórica de representación laboral, avanzando sobre convenios y derechos colectivos.
Desde la Casa Rosada aseguran que las reformas buscan “modernizar el sistema laboral y facilitar la creación de empleo”, pero en el mundo sindical interpretan el movimiento como un intento de reconfigurar las relaciones de poder en el ámbito del trabajo, un terreno históricamente dominado por la CGT.
El presidente Milei, que desde su llegada al poder prometió “terminar con los privilegios de la casta sindical”, parece decidido a sostener esa bandera incluso a riesgo de abrir un frente de conflicto de alto costo político.
La CGT, por su parte, adopta una posición de contención calculada, evitando el choque directo pero fortaleciendo sus vínculos con gobernadores, intendentes y sectores del peronismo que podrían frenar la iniciativa en el Congreso.
En las últimas semanas, la central obrera retomó contactos con legisladores dialoguistas y referentes del PRO moderado, en un intento por aislar a los sectores más duros del oficialismo y frenar la reforma por la vía parlamentaria.
“Vamos a dar la discusión donde corresponde, pero no vamos a permitir que destruyan los derechos conquistados”, advirtió uno de los integrantes del triunvirato de conducción cegetista.
Fuentes gremiales no descartan un plan de acción escalonado si el Gobierno insiste con la iniciativa por decreto o reglamentación parcial. “No queremos volver a los años ‘90, cuando la flexibilización significó pérdida de empleo y precarización”, remarcan en Azopardo.
La disputa con la CGT no solo pone a prueba la capacidad de negociación del oficialismo, sino también su estrategia política de fondo: consolidar un modelo de poder sin intermediarios, en el que el sindicalismo tradicional pierda peso en la toma de decisiones.
El resultado de esa pulseada definirá buena parte del clima social y económico del verano.
En el Gobierno confían en que la sociedad respalda las reformas estructurales; en la CGT creen que la caída del salario real y el desempleo creciente les darán margen para recuperar protagonismo. La “guerra fría” sindical, lejos de apagarse, promete marcar la agenda política en los próximos meses.
