El Gobierno endureció por DNU las condiciones para expulsar extranjeros
El Gobierno incorporó nuevas causales para prohibir el ingreso, cancelar la residencia o disponer la salida del país de personas extranjeras que difundan mensajes de odio o violencia por motivos de nacionalidad y participen en ultrajes contra símbolos patrios.
Juan Manuel Villarreal
El presidente Javier Milei firmó un decreto de necesidad y urgencia que amplía las facultades del Estado para impedir el ingreso o disponer la expulsión de extranjeros que agravien a la Argentina, a sus ciudadanos o a los símbolos patrios.
La medida incorpora como causal de inadmisión y expulsión la difusión oral o escrita de mensajes de odio contra el pueblo argentino o contra ciudadanos del país por motivos relacionados con su nacionalidad. También comprende la incitación a la violencia y la participación en actos considerados ultrajes contra los símbolos nacionales.
El Gobierno vinculó la decisión con las expresiones difundidas durante las últimas semanas en el marco de la denominada “campaña antiargentina”, surgida alrededor de la participación de la Selección nacional en el Mundial 2026 y extendida posteriormente al plano político y diplomático.
De acuerdo con la comunicación oficial, la disposición busca proteger la integridad social, el orden institucional y el respeto hacia la Nación. “Quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país”, sostuvo el Ejecutivo al presentar la medida.
Qué conductas incorpora la nueva normativa
El decreto alcanza a extranjeros que hayan dirigido mensajes de odio de manera oral o escrita o que hayan incitado a la violencia contra el pueblo argentino en su conjunto.
La disposición también contempla las manifestaciones contra ciudadanos argentinos cuando estén motivadas en su nacionalidad. A esas causales se suman la realización, participación o instigación de actos de ultraje contra los símbolos patrios nacionales.
A partir de la entrada en vigencia de la norma, las personas extranjeras comprendidas en esas conductas podrán tener prohibido el ingreso al territorio nacional.
En caso de que ya cuenten con residencia en la Argentina, la Dirección Nacional de Migraciones podrá disponer su cancelación y fijar un plazo para que abandonen el país. Según las circunstancias del caso, también podrá resolverse directamente la expulsión.
La evaluación deberá considerar los hechos atribuidos y la situación personal de cada involucrado. La medida modifica así los criterios de permanencia establecidos en la legislación migratoria y amplía los supuestos bajo los cuales el Estado puede intervenir.
El argumento utilizado por el Gobierno
En los fundamentos de la disposición, el Poder Ejecutivo destacó la tradición argentina de apertura hacia los extranjeros, pero sostuvo que esa política no impide establecer condiciones de admisión, residencia y permanencia.
El Gobierno argumentó que el Estado conserva la facultad de adoptar medidas para proteger el orden público, la seguridad interior y la cohesión social. También presentó el respeto a los ciudadanos y a los emblemas nacionales como un principio central de la nueva regulación.
La decisión se conoció después de que Milei denunciara la existencia de una “campaña antiargentina” vinculada con cuestionamientos internacionales contra la Selección y contra el país. El Presidente atribuyó parte de esa supuesta ofensiva a distintos gobiernos y espacios políticos extranjeros.
Las acusaciones abrieron nuevos cruces diplomáticos y fueron rechazadas por algunos de los gobiernos mencionados. En paralelo, el debate sobre las críticas internacionales a la Argentina se trasladó a las redes sociales y al Congreso.
El decreto deberá pasar por el Congreso
Por tratarse de un decreto de necesidad y urgencia, el texto deberá ser remitido a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso.
Ese cuerpo tiene que analizar la validez o invalidez de la norma y emitir un dictamen para su posterior tratamiento en las cámaras de Diputados y Senadores.
Mientras se desarrolla ese procedimiento, las nuevas disposiciones migratorias permanecen vigentes desde su publicación. Su aplicación quedará en manos de la Dirección Nacional de Migraciones, que deberá determinar en cada caso si las conductas atribuidas encuadran en las causales incorporadas por el Ejecutivo.
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