Villarruel ordenó desactivar los despachos “heredados”, pero el Senado se rebeló

Menos de dos meses duró la desactivación de la “herencia” de despachos que la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, intentó imponer a los 24 legisladores que finalizan su mandato en diciembre, sin importar si logran la reelección. La disposición, que exigía devolver oficinas y mobiliario antes del 10 de diciembre, encontró una fuerte resistencia en la Cámara alta.

El kirchnerismo y el bloque Provincias Unidas se sublevaron y comenzaron los enroques internos, mientras que el PRO y los senadores provinciales independientes buscan mejores ubicaciones. La UCR, por su parte, planea mantener sus históricas oficinas pese al retroceso electoral.

El decreto que encendió la polémica

El 11 de septiembre pasado, Villarruel firmó el decreto 488, que habilitaba a la “Dirección General de Administración” a realizar un relevamiento de oficinas asignadas a senadores, bloques políticos y asesores, tanto en el Palacio Legislativo como en los edificios anexos.

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El texto establecía que “los senadores con mandato cumplido deberán restituir a esta Presidencia los despachos y/u oficinas que oportunamente se les hubiesen asignado para el ejercicio de sus funciones parlamentarias, antes del 10 de diciembre del año en que finalice su mandato”.

Además, la norma detallaba que la devolución debía incluir “la totalidad del mobiliario propiedad del Senado –muebles, sillas, equipos telefónicos, computadoras, laptops, celulares, tarjetas de ingreso y egreso, tarjeta de comedor, resmas, papeles membretados, expedientes, carpetas y toda documentación administrativa”.

El objetivo de Villarruel era ordenar los recursos y disponer luego “las medidas necesarias a fin de poder reasignarlos”.

Movimientos y pactos dentro de los bloques

Uno de los primeros en actuar fue Oscar Parrilli, referente kirchnerista que termina su mandato en diciembre. Pactó la entrega anticipada de su oficina al bonaerense Eduardo “Wado” de Pedro, una de las más codiciadas del Palacio. Dentro del interbloque que conduce José Mayans, todavía se mantienen abiertas varias negociaciones por el reparto de espacios.

En tanto, Provincias Unidas no se quedó atrás: las oficinas del salteño Juan Carlos Romero, un histórico del Senado, son vistas como un botín político por el correntino Carlos “Camau” Espínola.

“Hay reacomodamientos y realidades que cambiaron. No puede ser que un jefe se vea impedido de realizar una reunión con sus pares por una oficina minúscula, y otro cuente con un mega despacho sólo para alojar, como mucho, a su inmenso ego”, deslizó un opositor de peso, reflejando el clima de tensión interna.

El almuerzo con senadores y la sorpresa por el debate

La cuestión de los despachos fue uno de los temas principales durante un almuerzo que Villarruel organizó con referentes de varias bancadas la semana pasada. Según asistentes, la vicepresidenta dedicó una parte considerable de la reunión a este asunto, lo que generó sorpresa entre los legisladores, dado el volumen de temas pendientes en la agenda del Gobierno libertario.

En medio de esa discusión, los senadores provinciales independientes –apodados “los silvestres”– vieron una oportunidad para reclamar mejores condiciones.

Reclamos y disputas por espacios

El caso más recordado es el del santacruceño José María Carambia, quien al inicio de la gestión libertaria llegó a instalar una mesa en un pasillo del Senado para reclamar una oficina adecuada. La foto se viralizó y pocas horas después obtuvo respuesta. Su compañera de bancada, Natalia Gadano, también se destacó por sus reclamos y enfrentamientos verbales con Villarruel y su equipo.

Por esas tensiones, ambos legisladores se volvieron impredecibles a la hora de votar, lo que alimenta la desconfianza en el oficialismo.

El enroque de despachos seguirá en las próximas semanas, y muchos en la Cámara alta se preguntan cómo Villarruel pensó que, con un simple decreto, podría revertir una práctica arraigada desde hace décadas.

La UCR y la defensa de sus “joyas edilicias”

Mientras tanto, la UCR sigue de cerca el conflicto y prepara su defensa para mantener el sector del segundo piso del Palacio Legislativo, considerado estratégico. El partido centenario conserva allí oficinas amplias y una estructura comunicacional que sus integrantes denominan con humor “la pyme”.

Sin embargo, en tiempos de modernización y comunicación instantánea, esa estructura todavía opera con demoras: “En la era de la inteligencia artificial, algunas informaciones se confirman recién al día siguiente. Y cobran por ello”, ironizan dentro del recinto.

Un conflicto que suma tensión política

La resistencia a la medida de Villarruel dejó en evidencia las internas del Senado y las dificultades para imponer cambios estructurales. Si bien la vicepresidenta buscaba ordenar el uso de recursos y transparentar el funcionamiento, su decisión terminó sumando un nuevo frente de conflicto político en la Cámara alta.

Con el recambio legislativo a la vuelta de la esquina, los movimientos y negociaciones por los despachos prometen continuar, marcando el pulso de la política interna del Senado en los próximos meses.