El Gobierno avanza con la privatización de AySA y habilita el corte de agua por falta de pago

El Gobierno nacional dio un paso clave hacia la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) al aprobar un nuevo marco regulatorio para la empresa, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 805/2025.

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La medida busca adaptar las condiciones de funcionamiento de la compañía para su próxima venta al sector privado y autoriza la interrupción del servicio por falta de pago, una medida inédita desde la estatización de la firma.

El decreto, firmado por el presidente Javier Milei y todo su gabinete, sostiene que era necesario “dar certeza jurídica” antes de iniciar el proceso de licitación del 49% de las acciones: un 44% que será vendido a privados y un 5% que se destinará a un Programa de Propiedad Participada para trabajadores.

Corte de agua por mora y nuevas condiciones de pago

Entre los cambios más relevantes, el DNU habilita a AySA a cortar el suministro en caso de falta de pago.
La interrupción podrá realizarse tras 60 días de atraso para usuarios residenciales y 15 días para otros clientes, siempre con una notificación previa de al menos siete días hábiles.

El objetivo oficial es alinear las condiciones de cobro y gestión a los estándares del mercado antes de la transferencia parcial al sector privado. Según el Ejecutivo, la medida busca “proteger la sustentabilidad del servicio” y evitar el crecimiento de la morosidad.

Ajustes técnicos y corrección del régimen tarifario

El texto del nuevo marco regulatorio también corrige errores y vacíos del esquema anterior, especialmente en los llamados “cargos por construcción”, que habían generado diferencias de facturación entre usuarios medidos y no medidos.

Con estos cambios, el Gobierno apunta a unificar criterios tarifarios, mejorar la transparencia del sistema y sentar las bases para una futura concesión con mayores márgenes de eficiencia y rentabilidad.

Camino a la privatización definitiva

AySA fue declarada “sujeta a privatización” por la Ley Bases (Ley 27.742) sancionada en 2024. En ese marco, el Ministerio de Economía ya había dispuesto la venta del 90% del paquete accionario a manos privadas, en un proceso que deberá completarse antes de abril de 2026.

La Agencia de Transformación de Empresas Públicas será la encargada de contratar a un banco estatal para valuar las acciones, definir el mecanismo de venta y garantizar la colocación de los títulos restantes en el mercado local.

Con el DNU 805/2025, el Ejecutivo busca ordenar la transición legal y regulatoria para evitar conflictos de competencias entre el Estado y el futuro operador privado.

Un servicio bajo lógica de mercado

El nuevo marco también otorga mayor autonomía operativa y financiera a AySA, permitiendo que los fondos generados por la prestación del servicio se utilicen como garantía para obtener financiamiento o inversiones.

Además, se establece un Plan Director de Mejora Estratégica, que deberá actualizarse cada cinco años y funcionará como guía de obras y ampliaciones del servicio, aunque sin carácter vinculante.

De esta manera, el Gobierno busca consolidar un esquema mixto en el que el sector privado tenga un rol protagónico en la gestión, con el Estado concentrado en tareas de control y supervisión a través del Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS).

Qué cambia para los usuarios del AMBA

La decisión afecta directamente a los millones de usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires, quienes podrían enfrentar cortes de suministro por falta de pago una vez que la medida entre en vigor.

El Ejecutivo argumenta que el esquema vigente resultaba “insostenible” por los altos costos operativos y el nivel de subsidios que mantenía el Estado, y que la nueva normativa permitirá “ordenar el sistema” y garantizar la continuidad del servicio en el largo plazo.

Lo que viene

Con el marco regulatorio ya actualizado, el Gobierno deberá abrir la licitación para la venta de acciones y definir el nuevo contrato de concesión con el operador privado.

El proceso de transición incluirá una etapa de adecuación técnica y financiera, durante la cual se mantendrá la supervisión estatal hasta completar la transferencia del paquete accionario.

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El Ejecutivo prevé que el proceso esté totalmente concluido antes de abril de 2026, cuando AySA pasará a operar bajo un modelo de gestión privada.