Tensión por la reforma laboral: las CTA rechazan el proyecto y llaman a marchar

Las dos centrales sindicales, la CTA de los Trabajadores (CTA-T) y la CTA Autónoma (CTA-A), expresaron un rechazo contundente al proyecto de Ley de Modernización Laboral enviado por el Gobierno al Senado. Según plantearon, la iniciativa “no moderniza nada”, sino que representa “una reforma redactada por estudios jurídicos de grandes grupos empresarios”. Ambas organizaciones difundieron un documento en el que aseguran que la propuesta “precariza el empleo y desprotege a los trabajadores”, lo que derivó en la declaración de un estado de “movilización permanente”.

Las críticas al contenido de la reforma

En su análisis del articulado, las centrales señalaron que la reforma facilita el fraude laboral al afectar la presunción de relación de dependencia, promueve procesos de tercerización “irresponsable” y habilita sistemas de salarios dinámicos que “destruyen la estabilidad”. También remarcaron que, según su visión, el proyecto abarata los despidos a costa del Estado, generando un impacto sobre el sistema previsional.

A ello sumaron que se vulneran garantías constitucionales vinculadas a vacaciones, jornada laboral y acción sindical, y que el modelo propuesto “profundizará la informalidad, reducirá el poder adquisitivo y agravará la crisis económica”.

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Reuniones con bloques legislativos

Paralelamente a la difusión del documento, las CTA mantuvieron encuentros con el interbloque de Unión por la Patria en el Senado, encabezado por José Mayans y Juliana Di Tullio. En esos espacios buscaron coordinar estrategias para rechazar el paquete de reformas impulsado por el oficialismo.

Los gremios ya habían mantenido reuniones similares con diputados del mismo espacio, con el objetivo de fortalecer la posición legislativa frente al proyecto. Según señalaron, las conversaciones apuntan a frenar lo que consideran una iniciativa que prioriza “intereses del gran capital por sobre un país productivo e integrado”.

Llamado a una gran movilización

Ambas centrales anunciaron finalmente que se declararon en estado de movilización permanente y que convocan a marchar el 18 de diciembre a Plaza de Mayo y a todas las plazas del país. La jornada será compartida con la CGT, con la consigna de exigir el rechazo parlamentario del proyecto. El comunicado lleva las firmas de Hugo “Cachorro” Godoy, secretario general de la CTA-A, y Hugo Yasky, secretario general de la CTA-T.

El debate legislativo en el Senado

Mientras tanto, el Senado continúa acelerando los tiempos para intentar alcanzar la media sanción. Con 33 votos garantizados entre La Libertad Avanza, el radicalismo y el PRO, el oficialismo necesita sumar voluntades adicionales para asegurar la aprobación. La expectativa apunta a obtener apoyos de legisladores como el correntino Espínola, la tucumana Ávila o los representantes misioneros, así como a otros senadores provinciales que responden a mandatarios locales.

En paralelo, la CGT mantiene reuniones con los bloques justicialistas para robustecer su posición y sumar apoyos al rechazo. Los contactos con las seccionales buscan generar presión interna en las gobernaciones ante el posible impacto de la reforma en los mercados regionales.

Reacciones dentro del Congreso

El senador José Mayans definió la iniciativa como “un evidente ataque al sistema laboral argentino”. En línea con las centrales sindicales, planteó que la prioridad es evitar un tratamiento exprés y dejar cualquier contrapropuesta para las sesiones ordinarias.

Desde otro sector del peronismo también surgieron críticas, especialmente sobre el apartado impositivo del proyecto. Un senador planteó la necesidad de revisar minuciosamente el artículo 185, al considerar que fue redactado por “estudios jurídicos asociados a multinacionales y corporaciones”. El punto modifica un ítem del artículo 28 de la Ley 23.349 del IVA, habilitando la reducción inmediata de la alícuota para la provisión de energía eléctrica utilizada en sistemas y equipos de riego destinados al agro.

Posturas dentro del oficialismo y los bloques aliados

El Gobierno sostiene una narrativa que busca instalar la idea de que la reforma “no toca derechos”, sino que reorganiza el sistema para generar “menos abusos y menos burocracia”. Así lo expresó el vocero Manuel Adorni, mientras que el diputado Gabriel Bornoroni reforzó el mensaje a través de un video difundido en redes.

Sin embargo, incluso dentro de La Libertad Avanza se expresaron matices. Un senador admitió que “quedó un gusto amargo” por no haber hecho voluntario el aporte solidario, aunque destacó que la reforma “prácticamente destruye la industria del juicio laboral” y permite bajar impuestos para mejorar el poder adquisitivo.

El radicalismo, por su parte, anticipó que acompañará el grueso del proyecto, aunque abrió la posibilidad de plantear cambios si resultara necesario, mientras que otros espacios provinciales prefieren esperar la definición de la Cámara alta antes de fijar postura.