Dólares del colchón: el peronismo prepara cambios que incomodan a Caputo

El Gobierno volverá a insistir durante las sesiones extraordinarias con el proyecto de Inocencia Fiscal, presentado a mediados de año y que quedó sin tratamiento legislativo a la espera del recambio parlamentario. La iniciativa busca incentivar a los argentinos a sacar los denominados “dólares del colchón”, muchos de ellos adquiridos durante los años de cepo cambiario, con el objetivo de apuntalar el crecimiento económico.

Desde el oficialismo sostienen que la propuesta es clave para sostener una expansión de la economía del 6% anual. Sin embargo, en el peronismo ya anticipan que impulsarán un dictamen propio con cambios puntuales que complican al ministro de Economía, Luis Caputo.

El foco del ministro y los dólares fuera del sistema

Con la nueva conformación de la Cámara de Diputados, donde La Libertad Avanza se convirtió en la primera minoría, el Gobierno busca avanzar con el tratamiento del proyecto. Aun así, necesita del acompañamiento de bloques dialoguistas para lograr la sanción de la ley.

Caputo mantiene la atención puesta en el volumen de dólares que los argentinos tienen fuera del sistema formal. Durante su participación en un evento de la Fundación IEB, el ministro estimó que hay cerca de USD 200.000 millones en juego, una cifra que explica la insistencia oficial para avanzar con el proyecto.

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El peronismo prepara un dictamen de minoría

Mientras el oficialismo busca los votos necesarios, el peronismo comenzó a reunir firmas para presentar un dictamen de minoría. Según fuentes involucradas en las negociaciones, la oposición planea introducir al menos dos modificaciones concretas al texto original.

El primer cambio se vincula con el régimen de multas automáticas. Desde el peronismo consideran que el proyecto del Gobierno establece sanciones fijas que no contemplan el tamaño ni la capacidad económica de los contribuyentes.

Multas y criterios de proporcionalidad

La propuesta opositora apunta a graduar el monto de las multas según el tipo de contribuyente. “No puede pagar lo mismo un kiosco, que una fábrica”, explicó uno de los interlocutores que participa de las negociaciones.

El CEO de SDC Asesores Tributarias, Sebastián Domínguez, detalló el impacto de los cambios previstos en el proyecto oficial. “Los montos de incremento que tiene el proyecto son muy importantes. Por ejemplo, la multa del artículo 38 que hoy son de $200, totalmente desactualizado, para personas humanas pasa a $220.000 y jurídicas de $400 a $440.000”, señaló.

Estas multas se aplican ante la falta de presentación en tiempo y forma de declaraciones juradas. Domínguez advirtió que una pyme puede incurrir en retrasos por cuestiones administrativas y enfrentar sanciones que resultan especialmente onerosas. Por ese motivo, el peronismo presiona para que las multas estén vinculadas a una categorización pyme, contemplando microempresas, pequeñas y medianas empresas de los distintos tramos.

La misma mirada expresó la gerente de impuestos de Lisicki, Litvin & Abelovich, Noeli Girardi, quien consideró polémico el aumento de multas en montos fijos elevados que se aplicarían por igual a todos los contribuyentes, sin distinguir tamaño, capacidad económica ni gravedad del incumplimiento.

“La propuesta de graduación apunta a que personas físicas y pymes no reciban la misma sanción que una gran empresa por un incumplimiento meramente formal. El debate de fondo no es si las multas deben actualizarse, sino si el sistema sancionatorio debe ser proporcional y razonable, respetando la capacidad contributiva”, destacó. También advirtió que, sin graduación, el régimen podría volverse regresivo.

Prescripción y un segundo punto de conflicto

El segundo cambio que impulsa el peronismo se relaciona con el plazo de prescripción. El proyecto del Gobierno propone reducir la prescripción a tres años si se cumplen determinados requisitos. Desde la oposición, en cambio, buscan mantener el plazo de cinco años en los casos vinculados a convenios de doble imposición.

Este punto suma tensión a la negociación y se incorpora al paquete de modificaciones que el peronismo pretende discutir en el recinto.

El impacto en ARCA y las versiones internas

Estos cambios no solo complican la estrategia de Caputo, sino que también afectarían una de las cajas del titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo. El debate se da en medio de versiones sobre una posible salida del funcionario, rumores que surgen desde la Casa Rosada pero que son negados en su entorno.

Un antecedente con media sanción

En paralelo, durante el período entre la presentación original del proyecto y la nueva insistencia del Gobierno, los diputados Ricardo López Murphy y Óscar Agost Carreño lograron la media sanción de su iniciativa de Régimen de Procedimiento Tributario, que proponía actualizar parámetros según el Salario Mínimo Vital y Móvil.

La propuesta del oficialismo, en cambio, plantea ajustes con montos fijos. Según trascendió, durante la votación de ese proyecto el Gobierno intentó introducir su propia versión y sumar otros cambios por la “ventana”, pero la maniobra fue rechazada por diputados dialoguistas que habían negociado el apoyo como parte del acuerdo para la aprobación de la Ley Antimafias.

El rol de los bancos y un nuevo frente de conflicto

A este escenario se suma la postura de los bancos, que desde el inicio desestimaron las indicaciones de la UIF y comenzaron a solicitar a sus clientes declaraciones juradas voluntarias sobre el origen de los fondos para realizar transacciones.

El contador Alejandro Rosenfeld señaló en la red social X que las entidades financieras continúan pidiendo certificaciones y documentación adicional. “Los bancos no se adaptan a las nuevas normas del Gobierno, siguen pidiendo certificaciones, papeles, justificaciones”, afirmó.

El propio Caputo respondió públicamente y pidió a los contribuyentes que no entreguen documentación a los bancos. “Si insisten con no atacar las normas, habrá que tomar medidas para que lo entiendan de una buena vez”, advirtió el ministro.

Sin embargo, los pedidos de documentación continúan y, por el momento, no hay una definición clara por parte del Gobierno sobre cómo resolver este obstáculo, que se suma a las tensiones políticas y legislativas en torno al proyecto de Inocencia Fiscal.