Transporte del AMBA: subsidios bajo la lupa, denuncias cruzadas y tensión en la Secretaría
La pelea entre Metropol y DOTA expuso fallas en el esquema de compensaciones, coincidió con la renuncia de Luis Pierrini y suma presión gremial.
Política26 de enero de 2026
Pamela Orellana
Un fuerte conflicto por el reparto de subsidios al transporte público estalló en el corazón del Ministerio de Economía y dejó expuesta a la Secretaría de Transporte. Denuncias cruzadas entre las principales empresas del sector, acusaciones por presunto fraude millonario y una interna sin control derivaron en la renuncia de su titular, Luis Pierrini, y abrieron un frente judicial que compromete a la conducción del área.
El eje de la disputa enfrenta a La Nueva Metropol y al Grupo DOTA, dos gigantes que concentran buena parte de las líneas de colectivos del AMBA. Según denuncias presentadas por cuatro de las cinco cámaras empresarias del transporte, Metropol habría alterado datos del sistema SUBE para inflar compensaciones estatales, generando un perjuicio fiscal estimado en 30.000 millones de pesos durante 2025.
La presentación fue realizada en tres oportunidades ante la Secretaría de Transporte y lleva las firmas de Roberto Rodríguez (Cámara de Transporte de la Provincia de Buenos Aires), Daniel De Ingenis (CETUBA), Daniel Tenisci (CEAP) y Fabio Ferreira (CEUTUPBA).
Denuncias por “truchaje” y un sistema sin controles
De acuerdo con las cámaras, las empresas del Grupo La Nueva Metropol habrían cobrado tarifas correspondientes a trayectos más largos que los efectivamente realizados. Esa maniobra habría permitido percibir mayores subsidios, ya que el sistema de compensaciones se calcula en función de kilómetros recorridos y pasajeros transportados.
“El esquema habría provocado un doble perjuicio: los usuarios pagaron de más y el resto de las empresas recibió menos recursos”, advirtieron los denunciantes, que reclamaron una intervención urgente del Estado nacional. En uno de los escritos, Rodríguez expresó: “Elevamos la tercera presentación sorprendidos y desconcertados por la escasa repercusión que ha tenido en el seno de vuestra Secretaría la referida denuncia”.
La maniobra denunciada, conocida en el sector como “truchaje” de subsidios, expuso una falla estructural del sistema SUBE, que carece de auditorías exhaustivas y controles en tiempo real. En ese marco, las cámaras también señalaron antecedentes de irregularidades en otras empresas del sector y reclamaron una revisión integral del esquema.
Renuncia, internas y una guerra empresarial abierta
El escándalo tuvo impacto directo en la Secretaría de Transporte. Luis Pierrini, empresario mendocino del sector asegurador y cercano al ministro Luis Caputo, presentó su renuncia el 22 de enero de 2026. Aunque oficialmente fue por “motivos personales”, la salida se produjo tras la difusión mediática de las denuncias y derivó en una reestructuración interna, con remociones de subsecretarios y delegados en Trenes Argentinos.
En su lugar fue designado de manera interina Fernando Herrmann, mientras la Secretaría enfrenta una denuncia penal por presunta omisión de controles sobre subsidios que en 2025 superaron los 800.000 millones de pesos, con el AMBA como principal destinatario.
En paralelo, la pelea empresarial se profundizó. Desde Metropol rechazaron las acusaciones y atribuyeron la ofensiva a una disputa comercial con DOTA, vinculada a su plan de incorporar 150 colectivos eléctricos importados desde China. El proyecto, que contempla compensaciones adicionales por flotas ecológicas, es resistido por el holding de transporte, que defiende la producción nacional y posee licencias industriales clave.
Salarios, paritarias y un frente gremial en tensión
El conflicto estalló en un momento crítico para el sistema. La UTA rechazó una oferta salarial del 1% y reactivó la amenaza de un paro nacional. El gremio que conduce Roberto Fernández advirtió que los trabajadores no aceptarán ser “rehenes” de la disputa entre empresas y Estado, mientras el salario básico ronda los 1.370.000 pesos con adicionales.
Las cámaras empresarias sostienen que la falta de actualización de subsidios limita cualquier mejora salarial, en un escenario atravesado por denuncias de corrupción, demoras en los pagos y un esquema que vuelve a quedar bajo sospecha.
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