Abusos, militancia y poder: el caso que desató presión política sobre el kirchnerismo

La investigación por los abusos sexuales denunciados en el Senado bonaerense dejó de ser un expediente judicial reservado para convertirse en un problema político de alto impacto. La detención de Nicolás Rodríguez y Daniela Silva Muñoz, ambos empleados de planta permanente de la Cámara alta provincial y referentes del kirchnerismo platense, activó una serie de movimientos internos, silencios incómodos y una ofensiva opositora que apunta directamente al corazón del oficialismo bonaerense.

Rodríguez fue detenido el 29 de diciembre de 2025 por orden de la fiscal Betina Lacki, junto a su pareja, acusado de abuso sexual con acceso carnal agravado, amenazas y privación ilegítima de la libertad. La causa investiga hechos ocurridos entre 2015 y 2019 en un contexto que combinó militancia política, vínculos laborales con el Senado y prácticas esotéricas dentro de una presunta secta denominada “La Orden de la Luz”.

Militancia, poder simbólico y una identidad construida

Según surge del expediente judicial, Rodríguez se presentaba dentro de la militancia como un dirigente “intocable”. De acuerdo con testimonios incorporados a la causa, decía ser familiar de Cristina Fernández de Kirchner, un parentesco que no está acreditado en la investigación y que los investigadores consideran, al menos hasta ahora, una construcción discursiva utilizada para consolidar poder y control.

Revilla gestionó obras y mejoras en servicios de agua y cloacas para General Arenales

Una testigo de identidad reservada, funcionaria del Municipio de La Plata y confidente de una de las denunciantes, declaró ante la fiscalía que Rodríguez intentó generar encuentros personales bajo el argumento de compartir “información importante para la política”. Días después, según su testimonio, le explicó que lo que quería confiarle era su supuesto vínculo familiar con la expresidenta. Otra de las denunciantes coincidió en que tanto Rodríguez como Silva Muñoz sostenían esa versión dentro del círculo militante.

El acusado fue uno de los referentes del Movimiento Ciudadano La Capitana, agrupación fundada en 2018 por Giselle Fernández, hermana de la exmandataria. Desde ese espacio, Rodríguez y Silva Muñoz consolidaron su recorrido político: ambos fueron precandidatos a concejales en listas del peronismo platense y sostuvieron durante años una fuerte inserción en el entramado kirchnerista local.

La causa judicial y el mecanismo de sometimiento

La fiscalía investiga una estructura piramidal en la que Rodríguez se autoproclamaba como un ser superior, al que denominaban “Kiei”, mientras que Silva Muñoz cumplía un rol activo como facilitadora. Las denunciantes relataron un esquema de manipulación psicológica, promesas de pasantías y cargos en el Senado, endeudamiento económico inducido y, una vez consolidada la subordinación, abusos sexuales reiterados.

Los testimonios describen situaciones de extrema violencia, amenazas con armas blancas, asfixias, mordeduras y quemaduras. Durante los allanamientos se secuestraron cuchillos y katanas que, según la acusación, eran utilizados para amedrentar. El hostigamiento habría continuado incluso cuando las víctimas intentaron abandonar la organización, mediante correos intimidatorios enviados desde una cuenta denominada “Hiraki Seiton”.

Este lunes, el juez de Garantías Juan Pablo Masi dictó la prisión preventiva solicitada por la fiscalía para ambos imputados, pero también ordenó iniciar el trámite para un eventual arresto domiciliario.

El silencio oficial y la ofensiva del PRO

Mientras la causa avanzaba en el plano judicial, la política reaccionó con tiempos y tonos distintos. Dentro del oficialismo, tres senadoras de Unión por la Patria vinculadas al kirchnerismo presentaron un proyecto de declaración para exigir un pronunciamiento institucional del Senado. El texto reclama una posición “clara y firme”, expresa solidaridad con las víctimas y exhorta a que la Justicia actúe con celeridad, en un contexto de fuerte conmoción pública.

Entrevista GLP. Juan Cerezo: “En Las Heras buscamos generar empleo, a contramano de la situación del país”

Desde la oposición, el PRO bonaerense adoptó una postura mucho más confrontativa. El partido expresó públicamente su repudio a los abusos sexuales denunciados y exigió explicaciones al gobernador Axel Kicillof y a la vicegobernadora Verónica Magario. En ese marco, reclamó que se realicen aportes concretos a la Justicia y advirtió que no se puede permitir que hechos de semejante gravedad queden sin respuesta institucional.

El concejal platense del PRO Nicolás Morzone profundizó esa ofensiva con dos pedidos de informes dirigidos a Magario y al secretario de Seguridad de La Plata, Diego Pepe. Entre los puntos centrales, solicitó conocer por qué no hubo una comunicación oficial del Senado, qué medidas administrativas y disciplinarias se adoptaron, quiénes facilitaron el ingreso de los acusados al cuerpo legislativo y qué asistencia brindó el Municipio a las víctimas, que son vecinas de la ciudad.

Además, el PRO presentó un proyecto de ordenanza para crear una comisión especial y exhortar al intendente Julio Alak a presentarse como particular damnificado en la causa y motorizar la investigación en representación de los vecinos. El planteo político apunta a evitar que el caso quede encapsulado en el plano judicial y a forzar definiciones en el ámbito institucional.

Municipio, Senado e internas abiertas

La investigación también puso bajo la lupa el paso de Rodríguez por la Municipalidad de La Plata. Según reconstruyó un medio nacional en base a documentación oficial, el imputado ingresó en febrero de 2024 como asesor ad honorem a la Secretaría de Relaciones con la Comunidad, a cargo de Gastón Castagneto, dirigente kirchnerista que había sido respaldado por La Capitana en su precandidatura a la intendencia en las PASO de 2023.

Sin embargo, Rodríguez, quien figuró incluso como responsable de la Subsecretaría de Convivencia Ciudadana en un decreto municipal fechado el 30 de octubre de 2024, habría sido desplazado del cargo ese mismo mes.

Con los imputados detenidos y la causa en pleno desarrollo, el impacto político del caso sigue creciendo. El expediente expone no solo delitos de extrema gravedad, sino también una trama de militancia, poder simbólico y responsabilidades institucionales que hoy presiona al kirchnerismo desde adentro y alimenta una ofensiva opositora que promete seguir escalando.