Juan Manuel Villarreal
La Justicia federal le marcó un límite al gobierno de Javier Milei y lo obligó a cumplir de inmediato con la Ley de Financiamiento Universitario. La decisión incluye la recomposición salarial de docentes y no docentes, así como la actualización de las becas estudiantiles en todo el país.
El fallo fue dictado por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, que rechazó la apelación del Poder Ejecutivo y cuestionó con dureza sus argumentos, a los que calificó de “poco serios”.
La resolución judicial ratifica la medida cautelar que había sido dictada en primera instancia y ordena al Estado garantizar la aplicación efectiva de la ley 27.795.
Entre los puntos principales, la Cámara dispuso:
Además, los jueces señalaron que el impacto fiscal de la medida es bajo y no compromete de manera significativa el equilibrio de las cuentas públicas.
Uno de los aspectos más contundentes del fallo fue la crítica a la defensa del Gobierno, que había intentado justificar el incumplimiento de la ley por la falta de definición de sus fuentes de financiamiento.
El tribunal desestimó ese argumento y sostuvo que no es válido para desconocer una norma aprobada por el Congreso. También rechazó la idea de que la medida cautelar represente una intromisión indebida del Poder Judicial.
En ese sentido, remarcó que está en juego un derecho central: el acceso a la educación superior pública.
La decisión judicial se da en un contexto de alta tensión entre el Ejecutivo y el sistema universitario nacional.
Docentes y no docentes mantienen medidas de fuerza, incluyendo un paro de 24 horas, en rechazo al ajuste presupuestario y a la pérdida del poder adquisitivo de los salarios.
El conflicto escaló luego de que el Gobierno dictara el decreto 759/2025, mediante el cual suspendió la aplicación de la ley. Esa decisión fue considerada por la Justicia como “arbitraria e ilegal”.
El fallo fue celebrado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que había impulsado el amparo judicial.
Desde el organismo destacaron que se trata de “una excelente noticia” en un contexto crítico para las universidades públicas.
En la misma línea, dirigentes sindicales y académicos remarcaron que la resolución obliga al Gobierno a cumplir con una ley vigente y garantiza el sostenimiento del sistema universitario.
Con esta decisión, el Poder Ejecutivo deberá reasignar recursos para cumplir con la normativa y afrontar los costos derivados de la actualización salarial y las becas.
Mientras tanto, el oficialismo analiza enviar al Congreso un nuevo proyecto de financiamiento universitario que modifique el esquema actual, en línea con su política de ajuste fiscal.
En paralelo, no se descarta que el Gobierno intente llevar el caso a la Corte Suprema, aunque especialistas advierten que ese tribunal no suele intervenir en medidas cautelares.
