FATE, Kicillof y La Cámpora: la crisis que desborda lo laboral

El conflicto por el cierre de la planta de FATE en San Fernando dejó de ser un problema estrictamente sindical para transformarse en un foco de tensión política en la provincia de Buenos Aires. Con casi mil despidos, negociaciones estancadas y una creciente intervención de actores del peronismo, el caso expone no solo la fragilidad de la industria, sino también las tensiones internas del oficialismo.

Mientras el gobierno de Axel Kicillof intenta sostener un delicado equilibrio como mediador, la irrupción de La Cámpora, con Máximo Kirchner a la cabeza, agrega presión en un escenario ya de por sí complejo.

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En la última audiencia ante el Ministerio de Trabajo bonaerense, FATE introdujo un dato clave: más del 70% de los trabajadores ya acordó su desvinculación. Según la empresa, la planta pasó de contar con unos 900 empleados a apenas 256 en la actualidad.

Ese número no es menor. La firma sostiene que entre los trabajadores restantes hay personal con licencia gremial y que, además, faltan perfiles técnicos indispensables —ingenieros, supervisores y operarios especializados— para garantizar condiciones mínimas de producción. Bajo ese argumento, la compañía fue categórica: no está en condiciones de reabrir la fábrica “bajo ninguna condición”.

La cifra expuesta por FATE impacta de lleno en la narrativa del conflicto. Mientras el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), conducido por Alejandro Crespo, venía planteando un escenario de resistencia generalizada, la empresa intenta demostrar que la mayoría ya optó por la salida indemnizada.

Movilizados en La Plata frente a la gobernación de PBA, apoyando la lucha de los trabajadores de FATE.
El SUTNA reclama al gobierno de la provincia que los reciba en una reunión y que garantice la continuidad productiva de la fábrica. pic.twitter.com/zHIqKehdp7

— Néstor Pitrola (@nestorpitrola) April 1, 2026

Kicillof, entre la mediación y los límites políticos

El gobierno provincial quedó atrapado en una posición incómoda. Por un lado, impulsa instancias de negociación a través del Ministerio de Trabajo. Por otro, deja en claro que no tiene herramientas estructurales para resolver el conflicto.

La propuesta del SUTNA de avanzar con una suerte de intervención estatal no encuentra respaldo en la administración bonaerense. Desde el Ejecutivo admiten que es “inviable” en el actual contexto económico.

El argumento es doble: por un lado, la falta de recursos para sostener empresas privadas en crisis; por otro, el efecto multiplicador que podría generar en un escenario donde otras industrias también enfrentan dificultades.

En la gobernación apuntan directamente a las políticas económicas del presidente Javier Milei, en particular a la apertura de importaciones, como uno de los factores que explican la crisis del sector.

Sin embargo, esa lectura no alcanza para destrabar el conflicto. La Nación se retiró de las instancias de conciliación y dejó a la Provincia como único mediador, sin herramientas concretas para imponer una solución.

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La Cámpora entra en escena 

En paralelo a las negociaciones, el conflicto sumó un nuevo capítulo político con la intervención de Máximo Kirchner. El diputado nacional recibió a la conducción del SUTNA, encabezada por Alejandro Crespo, y expresó públicamente su respaldo.

El gesto no fue aislado. También participaron los legisladores Mario “Paco” Manrique, Matías Molle y Paula Penacca, en una foto que buscó amplificar el reclamo y posicionarlo en el centro de la agenda.

Kirchner fue más allá y cuestionó el modelo económico nacional: “Solo asegura desocupación y salarios de miseria”, afirmó, al tiempo que defendió la producción nacional como eje del desarrollo.

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La calle y la presión directa sobre la Gobernación

En este contexto, el SUTNA realiza una movilización en La Plata para exigir una reunión con Kicillof. La protesta incluye una concentración en Plaza San Martín y la presentación de una carta formal en la Casa de Gobierno.

El reclamo apunta a forzar un posicionamiento más activo del gobernador, en un momento donde las definiciones políticas son cada vez más demandadas por los distintos actores involucrados. Al mismo tiempo, el sindicato denuncia incumplimientos por parte de la empresa, como la falta de pago de salarios de febrero y marzo, y avanza en el plano judicial para garantizar esos cobros.

Movilización del SUTNA en La Plata.

El caso FATE sintetiza varias de las tensiones que atraviesan hoy a la Argentina: el impacto de la apertura económica, la fragilidad del entramado industrial, el rol de los sindicatos y las disputas internas dentro del oficialismo.

En ese marco, Kicillof queda en el centro de una presión cruzada: debe contener el conflicto social, evitar costos fiscales imposibles y, al mismo tiempo, administrar las tensiones políticas dentro de su propio espacio. Lo que está en juego ya no es solo el futuro de una planta, sino la capacidad del sistema político para responder a una crisis que combina despidos, caída de la producción y disputa de poder.