“Sos un caradura”: el kicillofismo cruzó en bloque a Jorge Macri por las personas en situación de calle

La disputa por las personas en situación de calle sumó un nuevo capítulo en la creciente confrontación política entre la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad. El cruce entre Jorge Macri y el gobierno de Axel Kicillof dejó expuesto algo más que una discusión presupuestaria: puso sobre la mesa el impacto del ajuste nacional, el corrimiento del Estado y dos modelos de gestión enfrentados en el AMBA.

Un reclamo millonario que encendió la mecha

Desde la administración porteña aseguran que al menos 2.327 personas asistidas en sus dispositivos son bonaerenses, sobre un total que supera las 5.100 personas en situación de calle según el último censo de noviembre de 2025. El costo mensual por persona fue estimado en $1.163.135, lo que deriva en un gasto total superior a los $27.000 millones que ahora reclaman a la Provincia.

“Es hora de que los porteños dejen de pagar tu desgobierno”, lanzó el jefe de Gobierno porteño, apuntando contra Kicillof y reclamando que la Provincia “cumpla la ley” y se haga cargo de esa población.

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La respuesta desde La Plata fue inmediata y con tono político. El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés “Cuervo” Larroque, salió al cruce con ironía: “¡Qué tipo con ‘coraje’ sos, Jorge Macri!”. Pero más allá de la chicana, el funcionario rechazó de plano el planteo y lo vinculó con el contexto económico nacional.

“A pesar de los recursos que nos robó Milei y la pavorosa caída de la recaudación que sufrimos por este modelo de ajuste y recesión, hacemos enormes esfuerzos para proteger a los bonaerenses”, afirmó.

El trasfondo de la discusión no es menor. En 2025, el Decreto 373 implicó un corrimiento del Gobierno nacional en la ejecución directa de políticas sociales, delegando responsabilidades en provincias y municipios sin el correlato de financiamiento. En ese escenario, la Provincia interpreta el reclamo porteño como un intento de trasladar costos en medio de una crisis que excede las fronteras administrativas.

Provincia responde con gestión y contraataque político

Desde el oficialismo bonaerense no solo rechazaron el reclamo, sino que pusieron en valor su propia política pública. Larroque remarcó que durante la gestión de Kicillof se duplicaron los Centros de Integración Social, pasando de 28 a 58 dispositivos activos en el AMBA y el interior.

En la misma línea, la legisladora porteña Berenice Iañez —parte del armado del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) en la Ciudad— endureció el tono: “Sos un caradura”. Y agregó que en la Provincia “se llevó adelante una política pública integral destinada a las personas en situación de calle”, con equipos interdisciplinarios que garantizan acceso a salud, educación, formación laboral y reconstrucción de vínculos.

“No son respuestas de emergencia en clave asistencial, como las que usted implementa en la Ciudad, que además conviven con operativos de ‘limpieza e higiene’ que persiguen y violentan a esta población”, disparó.

El ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa, también se sumó a la embestida y amplió el foco. “El nivel de cinismo de Jorge Macri es total”, sostuvo, y planteó que la Ciudad no puede analizarse de manera aislada: “No es una isla, forma parte del AMBA, una región donde viven 17 millones de personas”.

Costa vinculó el crecimiento de la problemática social con el rumbo económico nacional y la gestión porteña. Aseguró que en los últimos dos años la industria cayó 8%, cerraron cerca de 2.000 empresas, se perdieron 75.000 empleos y aumentó alrededor del 50% la cantidad de personas en situación de calle en la Ciudad. “En vez de hacerse cargo, Jorge Macri prefiere inventar un enemigo inexistente y culpar a los sectores más vulnerables”, cuestionó.

Crisis social, déficit habitacional y disputa política

Detrás del cruce emerge un diagnóstico compartido en la Provincia: el fenómeno de las personas en situación de calle no puede explicarse como un problema de gestión puntual. El subsecretario de Organización Comunitaria, Santiago Fidanza, lo definió como una problemática estructural atravesada por la pérdida de ingresos, la ruptura de redes sociales, los consumos problemáticos y la falta de acceso a derechos básicos.

Los datos refuerzan esa mirada. El déficit habitacional alcanza al 73% de los hogares, con más de 10 millones de familias afectadas por problemas de vivienda, mientras que la inversión pública en el área sufrió recortes de hasta el 95% desde 2023, con más de 100.000 obras paralizadas.

En ese contexto, la red de Centros de Integración Social se presenta como una herramienta central de intervención en territorio, complementada por dispositivos móviles en municipios como La Plata, Lomas de Zamora, Quilmes y General Pueyrredón. El objetivo, según explican en el gobierno bonaerense, es reconstruir trayectorias de vida y no solo contener la emergencia.

El conflicto, sin embargo, trasciende la política social. Se inscribe en una estrategia más amplia de Kicillof, que ya desembarcó en la Ciudad con el MDF para disputar poder político y construir una alternativa nacional frente al gobierno de Javier Milei y la gestión de Jorge Macri. En ese marco, cada cruce funciona también como un capítulo de una disputa mayor.

“Las personas en situación de calle no son el problema, están atravesando situaciones de extrema vulnerabilidad. Frente a esto la respuesta tiene que ser más presencia del Estado, más articulación y más responsabilidad institucional, no la estigmatización”, afirmó Fidanza.