Reforma de glaciares: rechazo transversal bonaerense por el agua, la producción y el giro extractivo

La aprobación en la Cámara de Diputados de la Nación de la reforma a la Ley de Glaciares, impulsada por el gobierno de Javier Milei, activó un rechazo transversal en la dirigencia bonaerense, donde confluyen cuestionamientos ambientales, productivos y políticos.

Desde el oficialismo provincial hasta sectores opositores, las críticas apuntan a lo que consideran un giro en el modelo de desarrollo que compromete recursos estratégicos, en particular el agua.

Agua, producción y advertencias desde la Provincia

En La Plata, el posicionamiento es categórico. La ministra de Ambiente bonaerense, Daniela Vilar, volvió a plantear que la discusión excede la cuestión ecológica y se mete de lleno en el esquema productivo.

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“El 70% del país tiene como principal fuente de agua los glaciares y nieves andinas”, había advertido en el inicio del debate parlamentario, y ahora redobló la crítica: “Aprobaron la modificatoria de la Ley de Glaciares para entregarle el agua de los argentinos a las mineras”.

La preocupación del gobierno de Axel Kicillof no es abstracta. El sistema hídrico conecta regiones y, en ese entramado, la Provincia aparece directamente afectada. El caso del Río Colorado sintetiza ese impacto: nace en zonas glaciares, atraviesa cinco provincias y sostiene unas 80.000 hectáreas productivas en el sur bonaerense, particularmente en Villarino y Patagones. Allí, el polo frutihortícola —con eje en la producción de cebolla— depende de ese caudal.

“Estamos hablando de producción y generación de trabajo”, había subrayado Vilar durante la audiencia pública que precedió al tratamiento legislativo, una instancia que también quedó bajo cuestionamiento por la baja participación habilitada frente a más de 100 mil inscriptos.

Rechazo político y acusaciones cruzadas

El repudio se extendió en todo el arco político bonaerense. La diputada camporista Mayra Mendoza fue una de las voces más visibles en la movilización frente al Congreso: “El agua no se toca. Estuvimos presentes para exigir que nuestros diputados y diputadas defiendan nuestra soberanía y nuestros recursos naturales”.

En la misma línea, la senadora provincial de Fuerza Patria, María Rosa Martínez endureció el tono: “El gobierno y sus aliados priorizan los intereses de las multinacionales sobre la vida y el futuro de nuestro Pueblo. Es un crimen”.

También desde el radicalismo, Nazarena Mesías planteó que la reforma “atenta contra el agua de la que se abastece nuestro país” y advirtió que “no vamos a salir de la crisis poniendo en riesgo la sostenibilidad del ambiente”.

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Tras la sesión en el Congreso, la diputada nacional de Unión por la Patria Sabrina Selva calificó la norma como “absolutamente inconstitucional y regresiva” y cuestionó el esquema de acuerdos federales que permitió su sanción.

En paralelo, la diputada nacional Mónica Frade, de la Coalición Cívica, sostuvo: “No hemos perdido quienes votamos en contra. Perdió nuestro querido país. Ganaron las mineras. Ganó el lobby”.

El diputado provincial del Frente de Izquierda Christian Castillo apuntó a la interna opositora y señaló que sectores del peronismo vinculados a gobernadores con intereses mineros facilitaron el quórum. “Quienes impulsaron esas candidaturas deberán asumir el costo político”, lanzó, al tiempo que denunció un “plan extractivista de saqueo y miseria”.

Modelo económico, minería y disputa de fondo

Las críticas no se limitaron al impacto ambiental inmediato. Edgardo Depetri, vicepresidente del Comité de Cuenca del Río Reconquista (COMIREC) bajo la órbita del ministerio de Infraestructura que conduce Gabriel Katopodis en la provincia de Buenos Aires, encuadró la reforma en un cambio estructural del modelo económico.

“El agua es un patrimonio del pueblo argentino. Se está entregando un recurso fundamental”, afirmó el exdiputado nacional, y agregó que el contexto global de escasez hídrica agrava la decisión: “Solo el 2,5% del agua del planeta es dulce”.

Depetri, quien también es dirigente de la CTA, vinculó la iniciativa con la presión de grandes compañías mineras y cuestionó el esquema de regalías: “Le queda a cada provincia menos del 3%. Es una estafa”. En su análisis, la reforma retoma un patrón de los años noventa: “Es el mismo proyecto que garantizó los grandes negocios de las empresas”.

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También apuntó a un trasfondo geopolítico y financiero: “No hay ninguna duda de que es una ley pagada por las mineras. Es abrirle la puerta a empresas norteamericanas y fondos buitres que hoy se están cobrando con los recursos minerales”.

Para el dirigente, la discusión revela un viraje hacia un modelo primarizado: “Está cambiando el paradigma. Se destruye el modelo industrial para pasar a uno exportador de materias primas”. Y advirtió sobre sus consecuencias sociales: “Va a quedar el 80% del pueblo afuera. Esto es Perú”.

En sintonía, la presidenta del Instituto Cultural bonaerense, Florencia Saintout, definió la reforma como “un nuevo retroceso” y sostuvo que “están regalando el país”, mientras que Vilar sumó una alerta adicional: “La modificación de la Ley de Glaciares es solo la antesala de lo que se informó en el Senado: la modificación de la Ley de Tierras”.