Mariana Portilla
Maximiliano Wesner, intendente de Olavarría.
En Olavarría, el mal estado de los caminos rurales escaló a un nuevo nivel de conflicto. Productores agropecuarios y bloques opositores endurecieron sus críticas contra la gestión del intendente Maximiliano Wesner, en medio de denuncias por falta de mantenimiento, dudas sobre el uso de fondos y una creciente amenaza de judicialización.
El detonante fueron las intensas lluvias de las últimas semanas, con acumulados que superaron los 200 milímetros y dejaron caminos intransitables, zonas aisladas y serias complicaciones para la producción en sectores como Recalde y Blanca Grande. Sin embargo, el trasfondo del reclamo va más allá de lo climático: apunta directamente a la ejecución de la tasa vial que abonan los productores.
Los ruralistas cuestionan que el Municipio cobra la tasa destinada al mantenimiento de caminos, pero no cumple con la contraprestación correspondiente. La discusión no es nueva, pero se intensificó en los últimos días.
Durante una reunión de la Mesa Agropecuaria local —que reúne a entidades como la Sociedad Rural, cooperativas, ingenieros agrónomos y veterinarios— se puso sobre la mesa la posibilidad de avanzar con acciones judiciales.
“Hay antecedentes en otros municipios”, advirtieron, en referencia a fallos en distritos bonaerenses como Daireaux o Azul, donde la Justicia obligó a suspender o devolver el cobro ante la falta de obras. En Olavarría, el planteo empieza a tomar la misma dirección: si no hay mantenimiento, la tasa pierde sustento legal.
Uno de los ejes del reclamo apunta a una ordenanza vigente desde 2017 que establece la creación en el Concejo Deliberante de una comisión de infraestructura vial con participación de entidades rurales. Desde el sector advierten que ese espacio nunca se puso en funcionamiento.
En paralelo, concejales del PRO y Juntos por Olavarría —espacios vinculados al exintendente Ezequiel Galli— presentaron un proyecto de ordenanza para suspender la tasa vial. La iniciativa propone frenar el cobro hasta que el Municipio demuestre haber ejecutado el total de los fondos recaudados en 2025 y establece un esquema de rendición mensual ante el Concejo.
Los ediles hablan de una “ausencia total del Estado municipal” y remarcan que la situación afecta no solo a productores, sino también a docentes, transportistas y vecinos rurales.
"Hace meses que advierten sobre el deterioro de la red vial del partido. Caminos intransitables, falta de mantenimiento y ausencia de respuestas forman parte de una realidad que afecta directamente la producción y la vida cotidiana en la zona rural. La tasa por servicios rurales es un impuesto. Cuando el servicio no se brinda, el cobro se vuelve injusto", indicaron en un comunicado.
Como viene informando GRUPOLAPROVINCIA.COM, la gestión de Wesner atraviesa un escenario complejo, con múltiples frentes de conflicto abiertos.
Vecinos denuncian falta de obras —“no se asfaltó ni una cuadra”—, paralización de proyectos de cloacas y un deterioro en materia de seguridad. A esto se suma la crisis en el sistema de salud, con hospitales exigidos y trabajadores municipales que calificaron de “vergonzoso” el último aumento salarial.
Desde la oposición, el ex concejal Carlos Coscia advirtió que “hay una ciudad con nula gestión”, mientras que la edil Guillermina Amespil cuestionó, tiempo atrás en diálogo con este medio, que al Ejecutivo local "le falta contacto con el vecino, llevarle tranquilidad y hacerse cargo de que uno es el municipio".
"El Estado percibe los impuestos para retribuir a la comunidad seguridad, educación, salud, es parte del ida y vuelta, la mínima de la relación de intercambio entre el Estado y los representados, y en este caso, a los vecinos, en el tema de seguridad, si la municipalidad no les puede dar respuesta, no les puede dar tranquilidad, ¿quién se la puede dar?", señaló.
Con este nuevo capítulo, el reclamo del campo suma presión a una gestión ya cuestionada en distintos frentes. La combinación de productores organizados, oposición activa y antecedentes judiciales en la provincia configura un escenario de alta tensión.
Mientras tanto, el Municipio mantiene canales de diálogo abiertos, aunque sin avances concretos. En ese marco, la posibilidad de una judicialización ya no aparece como una amenaza lejana, sino como una opción cada vez más concreta.
