Reyes bajo sospecha: denuncian un esquema familiar de poder, presión a trabajadores y manejo discrecional de fondos millonarios en Puan

Bajo la lupa, la administración local enfrenta cuestionamientos por presuntas irregularidades que van desde designaciones controvertidas hasta errores salariales con impacto directo en trabajadores y jubilados.
 

 
 
 
Videos - Entrevistas17 de abril de 2026Mariana PortillaMariana Portilla

La crisis política en Puan suma un nuevo capítulo. A las denuncias por concentración de poder y manejo discrecional de recursos ahora se agregan acusaciones directas de “avasallamiento institucional”, irregularidades administrativas y decisiones que —según la oposición— perjudicaron de manera concreta a trabajadores y jubilados municipales.

El presidente del Concejo Deliberante y edil de La Libertad Avanza,  Sergio “Chapa” Albornoz, apuntó sin rodeos contra el intendente Diego Reyes y describió un modelo de gestión que, a su entender, “no cumple absolutamente nada de lo que prometió en campaña” y que “está haciendo todo lo contrario” a lo que había planteado en 2023.

El eje más contundente de la denuncia sigue siendo el esquema de poder familiar. “Acá no se gobierna a través de un organigrama respetando la institucionalidad, sino todo lo contrario: se gobierna a través de un árbol genealógico”, lanzó Albornoz, en diálogo con GRUPOLAPROVINCIA.COM.

El concejal detalló que el intendente, su hermana Fabiola Reyes —al frente del Ente Descentralizado de Salud— y su primo, el secretario de Gobierno, Muriel Harispe, concentran las decisiones clave. A esto sumó otros vínculos dentro de la estructura, como el caso del secretario de Finanzas, cuya esposa también trabaja en el área de salud. “Todo está en familia”, resumió.

La preocupación no es solo política, sino económica: “Entre los hermanos Reyes administran la totalidad de los recursos del distrito, que este año va a rondar entre los 37 mil y 40 mil millones de pesos”, remarcó.

Diego Reyes, intendente de Puán
Diego Reyes, intendente de Puan.

Salud, sueldos mal liquidados y una deuda millonaria

Uno de los puntos más sensibles que agregó en la entrevista es el antecedente directo de la gestión del área de salud. Albornoz recordó que Fabiola Reyes fue interpelada por errores en la liquidación de sueldos a trabajadores municipales.

“Ellos mismos reconocieron que liquidaron mal los sueldos y hoy tienen una deuda de más de 600 millones de pesos por antigüedad”, afirmó. Y agregó un dato político clave: “Ella dijo que liquidaba de acuerdo a órdenes que le enviaban desde el Ejecutivo”.

Para el edil, esto refuerza la sospecha sobre la autonomía real del ente: “Va a hacer siempre lo que le diga su hermano”, sostuvo, cuestionando no solo la designación sino el funcionamiento del área que maneja el mayor volumen de recursos del municipio.

En paralelo, el concejal volvió a advertir sobre "un clima de presión" dentro del municipio, especialmente en el área de salud. Según denunció, trabajadores habrían sido obligados a respaldar decisiones del Ejecutivo bajo amenaza de perder sus puestos, en un contexto donde el empleo público es prácticamente la única salida laboral en muchas localidades del distrito.

“En estos pueblos chicos, si te echan no tenés dónde ir. Juegan con la necesidad de la gente”, sostuvo, y vinculó estas prácticas con un esquema de poder cerrado que no admite disidencias.

Manejo “a destiempo”

Las críticas también apuntan al funcionamiento del Concejo Deliberante. Según Albornoz, el Ejecutivo envía expedientes fuera de término y convalidaciones tardías, lo que impide un control adecuado.

“Le dan al Concejo Deliberante sus pedidos a destiempo. Suben información tarde al sistema, y eso hace que el municipio no esté considerado como transparente”, aseguró.

En esa línea, volvió a cuestionar el intento de designar a la titular del ente de salud de manera retroactiva: “Esto lo tendrían que haber elevado en diciembre. No lo hicieron, y ahora pretenden que se avale todo lo actuado”.

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Más allá de las formas, Albornoz puso el foco en las consecuencias concretas de la gestión. Denunció que un convenio colectivo firmado “entre gallos y medianoche” derivó en una fuerte pérdida salarial para trabajadores y jubilados.

“Los empleados pasaron a cobrar entre 80 mil y 240 mil pesos menos, y lo mismo los jubilados”, afirmó. Según explicó, la modificación se hizo por decreto y no por ordenanza, afectando la liquidación de haberes.

Para el concejal, estas decisiones muestran “una falta de responsabilidad total” y un desconocimiento —o desinterés— por el impacto social de las medidas.

Un modelo cuestionado

El cuadro que describe la oposición es el de un municipio con más recursos que nunca, pero con fuertes desequilibrios en su administración, tensiones internas y decisiones bajo sospecha.

“Se avasallan las instituciones y se gobierna a través de una familia”, sintetizó Albornoz, en una definición que resume el núcleo de las críticas.

Mientras tanto, el escenario en Puan se recalienta. Las acusaciones ya no se limitan a la discusión política: incluyen posibles irregularidades administrativas, impacto económico directo en trabajadores y un debate de fondo sobre la calidad institucional del distrito. 

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