“Ahora le toca al gobernador”: el PRO endurece la presión por el control en penales bonaerenses

El avance del Gobierno nacional sobre el control de celulares en cárceles volvió a encender la discusión en la provincia de Buenos Aires, donde la falta de una normativa integral mantiene abierto un frente político que combina seguridad, gestión penitenciaria y presión legislativa. 

La Resolución 336/2026 del Ministerio de Seguridad habilitó al Servicio Penitenciario Federal a detectar y bloquear dispositivos móviles en penales, con intervención de las empresas de telecomunicaciones en un plazo máximo de 48 horas, y reactivó reclamos concretos sobre la situación bonaerense.

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En ese contexto, el PRO provincial cerró filas detrás de la decisión de la Casa Rosada y apuntó directamente contra la administración de Axel Kicillof. Los senadores Pablo Petrecca y Juan Manuel Rico Zini se pusieron al frente de los cuestionamientos y buscaron instalar el tema en la agenda pública con un enfoque centrado en el impacto del delito intramuros.

Presión opositora y disputa por el control

Rico Zini intentó despegar la discusión de la grieta política y la llevó al terreno de la seguridad. “Este no es un tema de jurisdicciones ni de política partidaria. Es sentido común: si desde las cárceles se cometen delitos, hay que cortar la comunicación”, sostuvo, al tiempo que valoró la decisión del Ejecutivo nacional de avanzar con el bloqueo de dispositivos.

En la misma línea, Petrecca endureció el tono contra el gobierno bonaerense. “Ahora le toca al gobernador”, afirmó el exintendente de Junín, y agregó que Kicillof “no puede seguir mirando para el costado” frente a una problemática que, según advierte, tiene consecuencias directas en la vida cotidiana. El legislador insiste en que la provincia mantiene un esquema sin regulación integral, sostenido en un protocolo excepcional vigente desde la pandemia de 2020.

Ese punto aparece como uno de los ejes centrales del debate. La habilitación de celulares en cárceles surgió como una medida extraordinaria para sostener la comunicación de los internos durante las restricciones sanitarias, pero con el tiempo se consolidó como una práctica extendida, sin respaldo legal definitivo ni controles uniformes.

Del caso Junín al proyecto legislativo

El reclamo de Petrecca no se limita al plano discursivo. Semanas atrás presentó un proyecto de ley que propone reemplazar los celulares personales por un Sistema de Comunicación Digital Supervisada (SCDS), una plataforma cerrada que permitiría contactos únicamente con números autorizados y bajo monitoreo estatal. “Si no se actúa, las estafas siguen saliendo desde adentro. Es ahora”, enfatizó.

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El impulso a la iniciativa está directamente vinculado con un caso que lo tuvo como protagonista involuntario. Una investigación judicial desarticuló una banda que operaba desde las Unidades Penales N° 13 y N° 16 de Junín, donde internos utilizaban su imagen en perfiles falsos de WhatsApp para estafar a comerciantes. La causa se inició tras una denuncia del propio senador ante el Ministerio Público Fiscal, luego de detectar maniobras de suplantación de identidad.

Las tareas de la DDI Junín, que incluyeron inteligencia criminal e intervenciones telefónicas, permitieron identificar una estructura que combinaba operaciones desde el interior del penal con ejecución externa. El caso expuso con claridad el uso de dispositivos móviles como herramienta para organizar delitos desde el encierro.

Modelos en disputa y consenso incipiente

El episodio de Junín se suma a una serie de hechos que alimentan un consenso transversal en la política bonaerense. Según datos del Ministerio de Seguridad provincial, las denuncias por estafas crecieron un 77,7% en el primer año de implementación del uso de celulares en cárceles, un indicador que refuerza la preocupación.

Distintos espacios avanzaron con propuestas que, aunque coinciden en el diagnóstico, difieren en la solución. La senadora del Frente Renovador en Fuerza Patria, Malena Galmarini, impulsó un proyecto que –al igual que otro presentados por el PRO y la UCR– plantea la prohibición total de celulares y la instalación obligatoria de inhibidores de señal en un plazo de 180 días.

“El sistema penitenciario no puede seguir siendo una oficina desde donde se cometen delitos. Las cárceles no pueden funcionar como call centers del delito”, afirmó.

Por su parte, el bloque HECHOS – UCR Identidad propuso eliminar toda normativa heredada de la pandemia y reforzar un esquema basado en canales oficiales supervisados, sin crear un sistema digital específico como el que plantea Petrecca. En paralelo, desde La Libertad Avanza, el diputado Oscar Liberman presentó la denominada “Ley Rodrigo”, que limita las comunicaciones a dos horas diarias bajo control estricto.

A pesar de las diferencias, el denominador común es claro: garantizar el derecho a la comunicación, pero exclusivamente a través de canales institucionales que impidan el uso del celular como herramienta delictiva.