Milei va por la ley de sociedades: menos Estado y más poder para los privados
Con el sello de la desregulación libertaria, la Casa Rosada impulsa cambios profundos en la constitución y funcionamiento de las compañías, desde la digitalización total hasta la incorporación de estructuras basadas en IA y blockchain.
Mariana Portilla
El gobierno de Javier Milei decidió avanzar sobre uno de los pilares que regulan la actividad empresarial en Argentina. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, anunció este viernes el envío al Congreso de una reforma integral de la Ley General de Sociedades, una norma vigente desde 1972 que establece las reglas para la constitución, organización y funcionamiento de las empresas.
La iniciativa forma parte de la agenda de reformas estructurales impulsada por la Casa Rosada y apunta a profundizar un principio que atraviesa toda la gestión libertaria: reducir al mínimo la intervención estatal en las relaciones económicas entre privados.
"Las normas de la ley pasan a ser supletorias: el estatuto manda", sintetizó Sturzenegger al presentar el proyecto a través de sus redes sociales. Detrás de esa definición aparece uno de los cambios más relevantes de la propuesta: trasladar buena parte de las decisiones que hoy están reguladas por la legislación vigente hacia los acuerdos que establezcan los propios socios de cada empresa.
LEY DE SOCIEDADES. Como indica el Jefe de Gabinete @madorni, el presidente @JMilei está enviando al Congreso un proyecto de reforma de la Ley General de Sociedades del presidente Lanusse, que nos debíamos hace tiempo. Se suma al conjunto de reformas muy profundas que estamos… https://t.co/mYGOIAYhDB
— Fede Sturzenegger (@fedesturze) May 29, 2026
Según explicó el titular de la cartera de Desregulación, el proyecto busca abandonar un esquema que considera "rígido y anacrónico", basado en la desconfianza hacia el sector privado.
La iniciativa establece que las restricciones estatales serán excepcionales y que los organismos de control no podrán imponer requisitos adicionales a los previstos por la ley. En la práctica, esto implica una reducción del margen de intervención de los registros públicos y de los organismos encargados de supervisar la actividad societaria.
El Gobierno sostiene que esta flexibilización permitirá agilizar la creación de empresas, reducir costos administrativos y facilitar el desarrollo de nuevos negocios en un contexto económico cada vez más dinámico.
Uno de los ejemplos más claros aparece en el objeto social de las compañías. Actualmente, las sociedades suelen tener limitaciones respecto de las actividades que pueden desarrollar. Con la reforma, una empresa podrá tener múltiples objetos sin necesidad de que exista relación entre ellos. Incluso, si el estatuto no especifica ninguna actividad en particular, se presumirá que la firma está habilitada para realizar cualquier actividad lícita.
La inspiración internacional y el modelo Dubái
Otro de los aspectos que más atención generó es la posibilidad de que las sociedades argentinas puedan resolver conflictos internos bajo legislación extranjera o mediante mecanismos de arbitraje privado.
La propuesta habilita que los socios acuerden previamente qué normativa utilizarán para dirimir controversias y evita que necesariamente deban recurrir a la Justicia ordinaria argentina.
Para defender este punto, Sturzenegger citó como referencia el caso de Dubái, uno de los principales centros financieros internacionales, donde las empresas tienen la posibilidad de elegir el régimen jurídico bajo el cual resolver sus disputas comerciales.
La medida representa un cambio significativo respecto del modelo tradicional argentino y probablemente se convierta en uno de los puntos de mayor discusión parlamentaria por las implicancias que podría tener sobre la soberanía jurídica y la capacidad regulatoria del Estado.
La irrupción de la inteligencia artificial en el derecho societario
El capítulo más novedoso del proyecto está vinculado al reconocimiento legal de nuevas formas de organización empresarial asociadas a la inteligencia artificial y la tecnología blockchain.
La iniciativa crea la figura de las "Sociedades Automatizadas", empresas capaces de operar mediante algoritmos o sistemas de inteligencia artificial sin necesidad de empleados humanos para sus tareas ordinarias.
De acuerdo con la explicación oficial, estas sociedades podrán desarrollar actividades comerciales, administrar recursos y tomar decisiones operativas a través de sistemas automatizados, manteniendo personalidad jurídica propia y responsabilidad limitada.
El proyecto también incorpora a las DAO (Organizaciones Autónomas Descentralizadas), estructuras nacidas en el ecosistema cripto que funcionan mediante reglas programadas en blockchain y cuyos participantes se vinculan a través de tokens digitales en lugar de los esquemas corporativos tradicionales.
La decisión muestra una apuesta explícita del Gobierno por posicionar a Argentina como un destino atractivo para emprendimientos tecnológicos vinculados a la inteligencia artificial y las finanzas descentralizadas.
Al fundamentar la iniciativa, Sturzenegger puso como ejemplo la experiencia de Irlanda, país que durante décadas desarrolló un marco legal favorable para la radicación de empresas tecnológicas multinacionales.
Según el funcionario, la intención es generar condiciones que permitan captar inversiones asociadas al desarrollo de software, inteligencia artificial y propiedad intelectual.
La reforma incorpora además instrumentos de inversión convertibles destinados a facilitar el financiamiento de proyectos innovadores y ampliar las alternativas disponibles para inversores de riesgo.
Desde la visión oficial, estas herramientas permitirían acercar a Argentina a modelos utilizados por economías que compiten por captar capitales globales vinculados a la economía del conocimiento.
Durante la jornada de hoy estaremos enviando al Congreso de la Nación la nueva Ley General de Sociedades.
— Manuel Adorni (@madorni) May 29, 2026
Fin.
Un nuevo capítulo de la agenda libertaria
La reforma de la Ley General de Sociedades se suma al conjunto de iniciativas impulsadas por la administración de Javier Milei para redefinir la relación entre el Estado y el sector privado.
Mientras el oficialismo la presenta como una actualización necesaria para adaptar la legislación argentina a la economía digital y globalizada, sectores de la oposición y especialistas en regulación empresarial anticipan que el debate girará alrededor de los límites de la desregulación, la protección de terceros y el alcance que deben conservar los organismos de control.
Con la presentación formal en el Congreso comenzará una discusión que excede el mundo corporativo. En el fondo, el proyecto pone en debate dos modelos contrapuestos: uno que privilegia la supervisión estatal sobre la actividad económica y otro que apuesta a que las reglas sean definidas, en gran medida, por los propios actores privados.
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