Diputados define el reparto de fondos a municipios entre el pedido de Kicillof y la presión de intendentes

La Legislatura bonaerense volverá a concentrar una discusión clave para los municipios: cómo se liberarán los fondos del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal (FEFIM), creado en el marco de la ley de endeudamiento aprobada para el gobierno de Axel Kicillof.

La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados tratará este miércoles distintas iniciativas que buscan modificar el esquema vigente, que hoy establece que el 70% de los recursos para las comunas sea de libre disponibilidad y que el 30% restante se canalice a través de áreas específicas del Ejecutivo provincial.

El reclamo de los intendentes apunta a que la totalidad de esos fondos pueda ser utilizada libremente por cada municipio, en un contexto marcado por la caída de la recaudación, la baja de los recursos coparticipables y las dificultades para afrontar gastos corrientes, incluidos salarios y aguinaldos.

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El gobierno provincial comparte el planteo de liberar el 100% de los recursos, pero rechaza que la comisión bicameral tenga poder para autorizar los pagos a cada distrito. Esa diferencia volvió a tensar la relación entre el Ejecutivo y la Legislatura.

“El planteo es que sean 100% de libre disponibilidad y por el CUD”, afirmó el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, al fijar la posición del Poder Ejecutivo. El funcionario sostuvo que esa sería “la forma más razonable” para que los recursos lleguen de manera equitativa a los municipios.

El CUD, o Coeficiente Único de Distribución, es el índice que utiliza la provincia de Buenos Aires para repartir fondos entre los 135 municipios. Su cálculo contempla variables como población, superficie, prestación de servicios de salud, capacidad tributaria y vulnerabilidad social, entre otros criterios.

La discusión por la bicameral

El punto central del debate no es solo si los fondos tendrán libre disponibilidad, sino quién definirá el momento y la forma de los giros. En Diputados hay dos proyectos impulsados por sectores del radicalismo que proponen liberar el uso de los recursos, aunque con diferencias sobre el rol de la comisión bicameral.

La iniciativa del diputado Diego Garciarena, de UCR-Cambio Federal, es la que aparece con más chances de avanzar en la Legislatura. Ese texto mantiene la intervención de la bicameral y le otorga la atribución de autorizar el pago a cada municipio de los fondos correspondientes.

Esa facultad es resistida por un sector de los intendentes y por el Ejecutivo provincial, que prefieren una transferencia automática mediante el CUD. Para la administración de Kicillof, la bicameral debería limitarse al seguimiento del endeudamiento y no intervenir en la ejecución de los recursos municipales.

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El otro proyecto radical, firmado por legisladores del bloque UCR Unión Cívica Radical, también plantea que el 100% de los fondos sea de libre disponibilidad, pero sin que la bicameral autorice los pagos. En esa propuesta, la comisión mantendría funciones de control, pedido de información y seguimiento de la deuda, pero sin condicionar el giro de recursos.

En esa línea se pronunció el diputado Valentín Miranda, quien advirtió que muchos municipios atraviesan una situación financiera delicada. “Muchos intendentes están en dificultades inclusive para pagar el aguinaldo”, señaló, y defendió que los fondos lleguen con rapidez y mediante criterios objetivos.

Miranda también respaldó el reparto por CUD, al considerarlo un mecanismo equitativo y sin distinción política. Según planteó, las comunas enfrentan más demandas que antes, incluso en áreas que corresponden a la Provincia o a la Nación, pero con menos recursos disponibles.

El PRO propone otro esquema de reparto

A la disputa también se sumó el PRO, con una propuesta presentada por el presidente del bloque en Diputados, Alejandro Rabinovich. Su proyecto mantiene el 70% de los fondos con reparto por CUD y libre disponibilidad, pero propone que el 30% restante también pueda ser usado libremente, aunque sujeto a aprobación legislativa.

La diferencia central es el método de distribución de ese tramo. El texto plantea un “coeficiente combinado” compuesto en un 50% por el CUD y en otro 50% por los ingresos corrientes percibidos por cada municipio durante el ejercicio 2025.

Además, la iniciativa del PRO conserva un rol activo para la bicameral. Entre sus atribuciones figuran dictar su propio reglamento, requerir la presencia de funcionarios del Ejecutivo, solicitar información trimestral sobre ejecución presupuestaria e indicadores económicos, y recibir datos detallados sobre el estado de la deuda pública.

La avanzada legislativa del PRO se da en paralelo a otros movimientos opositores en la Cámara baja, como el pedido de sesión especial para tratar la crisis del IOMA, acompañado por casi todos los bloques opositores al gobierno provincial, con excepción del Frente de Izquierda y Nuevos Aires.

Municipios con urgencias y una negociación abierta

El FEFIM surgió como parte de la negociación por la ley de endeudamiento aprobada a fines de 2025, que autorizó al Ejecutivo bonaerense a tomar deuda por USD 3.685 millones. En ese marco, se acordó la creación de un fondo para municipios equivalente al 8% de lo obtenido mediante endeudamiento, con un piso de $250.000 millones.

La ley vigente fijó que el 70% de esos recursos fuera de libre disponibilidad y que el 30% restante se ejecutara mediante programas vinculados con Infraestructura y Servicios Públicos, Transporte o el Instituto Cultural. Sin embargo, los intendentes sostienen que la coyuntura económica cambió y que necesitan mayor flexibilidad para administrar los fondos.

La bicameral de seguimiento de la deuda ya tiene designados a sus integrantes por Diputados: Mariano Cascallares, Mayra Mendoza, Carlos Puglielli, Juan Pablo De Jesús, Rubén Eslaiman, Diego Garciarena y Alejandro Rabinovich. El Senado aún no completó sus nombres.

Varios de esos legisladores, junto a las autoridades de la Cámara baja, Alejandro Dichiara y Alexis Guerrera, recibieron a una comitiva de intendentes que pidió avanzar con la libre disponibilidad total de los recursos.

La definición legislativa será seguida de cerca por los jefes comunales, que reclaman certezas para ordenar sus cuentas en las próximas semanas. Aunque una parte importante de los intendentes prefiere que los fondos se giren automáticamente y sin autorización de la bicameral, el proyecto que aparece mejor posicionado en Diputados mantiene ese filtro legislativo.

La discusión, así, vuelve a exhibir la tensión entre el Poder Ejecutivo y la Legislatura bonaerense, atravesada también por las diferencias internas del peronismo y por la presión de los municipios para disponer cuanto antes de recursos en medio de una situación financiera cada vez más ajustada.