La Provincia refuerza el sistema informático de Seguridad mientras crece el reclamo por la “asfixia financiera” de Nación

La provincia de Buenos Aires abrió una nueva licitación de alto monto para sostener la infraestructura tecnológica del Ministerio de Seguridad, en un área que aparece como una de las más sensibles para la gestión de Axel Kicillof.

La decisión se conoce en paralelo a las críticas del ministro Javier Alonso contra el Gobierno nacional por la quita de recursos y por la falta de inversión en seguridad, un reclamo que el funcionario volvió a plantear durante la segunda reunión del Consejo Federal de Seguridad Interior, realizada en Paraná.

La Subsecretaría Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Seguridad autorizó, mediante la Resolución Nº 66-SSTAYLMSGP-2026, el llamado a la Licitación Pública Nº 7/26, correspondiente al Proceso de Compra PBAC Nº 170-0583-LPU26. El objetivo es contratar la renovación de licenciamiento de hardware y software, además del servicio de soporte y mantenimiento, con destino a la cartera que conduce Alonso.

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El presupuesto oficial estimado es de $579.847.190. La solicitud fue impulsada por la Dirección General de Informática del Ministerio de Seguridad y prevé un plazo de entrega de 30 días a partir de la formalización del contrato. El procedimiento se realizará a través de la plataforma Provincia de Buenos Aires Compras (PBAC), obligatoria para las licitaciones públicas, privadas y contrataciones directas de la administración bonaerense.

Tecnología para un área sensible

La contratación apunta a sostener sistemas informáticos utilizados por el Ministerio de Seguridad, aunque el alcance definitivo se conocerá cuando avance el proceso y se publiquen o consulten las especificaciones técnicas completas en el portal PBAC. 

La medida tiene peso administrativo, pero también lectura política. En seguridad, la tecnología viene ocupando un lugar central en el discurso bonaerense: monitoreo, análisis criminal, patrullaje preventivo, bases de datos, llamadas al 911 y coordinación con los 135 municipios. En una entrevista reciente, Alonso sostuvo que cada intendente cuenta con un centro de monitoreo, controla cámaras y patrulleros, y participa en mesas de coordinación de la política de seguridad.

El ministro también explicó que la Provincia implementó un sistema de patrullaje predictivo. “Sabemos dónde ocurre aproximadamente el 70% de los delitos, en qué horarios y qué días. Eso nos permite organizar circuitos preventivos antes de que sucedan”, afirmó.

Según detalló, esa estrategia se apoya en bases de datos y algoritmos de análisis criminal, mientras que los municipios reciben en tiempo real las llamadas al 911 y pueden colaborar en el control policial y la asistencia a las víctimas.

El reclamo por los fondos

El anuncio administrativo aparece en un contexto de disputa abierta con la Casa Rosada por los recursos. En Paraná, durante la reunión del Consejo Federal de Seguridad Interior, Alonso remarcó que la coordinación entre provincias y Nación resulta indispensable para enfrentar delitos federales como narcotráfico, lavado de activos, tráfico de armas, estafas digitales, ciberdelito, migraciones y control de fronteras.

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El ministro fue cuidadoso en separar el vínculo técnico del conflicto político. Destacó la conformación de equipos conjuntos con fuerzas federales, policías provinciales y la Justicia, pero cuestionó la falta de inversión nacional.

“El mayor problema que tenemos con el Gobierno nacional es la asfixia financiera. El gobierno de Milei nos quitó un fondo de 750.000 millones de pesos por año que financiaba la política de seguridad y ya hace tres años que no lo recibimos”, sostuvo.

Según Alonso, la administración bonaerense debió reasignar partidas para sostener programas esenciales. En ese marco, afirmó que en los primeros cuatro años de gestión se hizo “una inversión muy importante” en profesionalización policial y coordinación con la Justicia provincial y federal. También apuntó contra el estado de las fuerzas federales: “El gobierno nacional está desmantelando las fuerzas federales. Hay muy poca inversión en Gendarmería y en la Policía Federal”.

Narcotráfico, delito y balance bonaerense

En el Consejo Federal, Alonso definió al narcotráfico como el principal desafío por sus consecuencias sociales. “Todos sabemos el daño que le hace la droga a nuestros jóvenes, a nuestras familias y, fundamentalmente, a los barrios, donde se genera un ecosistema de violencia con homicidios y ajustes de cuentas”, afirmó.

También destacó el trabajo conjunto con Entre Ríos y Santa Fe en el Delta y en investigaciones vinculadas al tráfico de drogas y vehículos robados. En ese punto, remarcó que la seguridad exige cooperación más allá de los alineamientos políticos: “No hay una cuestión ideológica en materia de seguridad. Cuando alguien te viene a robar, no te pregunta a quién votaste”.

El funcionario defendió, además, los indicadores bonaerenses. Aseguró que la Provincia registra “las cifras más bajas de homicidios de la historia” y que también disminuyeron los robos de automóviles y motocicletas. En otra entrevista, precisó: “Hace veinte años teníamos 2.700 homicidios; hace diez años, 1.700; y el año pasado fueron 751. La Provincia de Buenos Aires tuvo la menor cantidad de homicidios de su historia y también el menor número de homicidios en ocasión de robo”.