La oposición prueba una agenda común y apunta al costo de las facturas bonaerenses

El PRO y La Libertad Avanza volvieron a moverse juntos en la Legislatura bonaerense, esta vez con un proyecto de ley que apunta directo al bolsillo: eliminar el Impuesto sobre los Ingresos Brutos que hoy impacta en las facturas de gas natural por redes, energía eléctrica y agua potable. La iniciativa, presentada por el macrismo, lleva la firma de todo el bloque amarillo y de buena parte de la bancada libertaria.

La jugada no aparece aislada. Días atrás, los mismos espacios habían coincidido en el pedido de una sesión especial por la situación de IOMA, que terminó sin tratamiento sobre tablas porque la oposición no consiguió los dos tercios necesarios.

Aquella foto dejó una señal política: PRO, La Libertad Avanza, UCR, Coalición Cívica y otros bloques podían coordinar una agenda parlamentaria frente al oficialismo de Axel Kicillof. Ahora, el eje se corrió de la obra social bonaerense a la presión tributaria sobre los servicios esenciales.

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El proyecto se presenta como un “paquete de alivio fiscal” para usuarios residenciales, pymes comerciales e instituciones sociales, educativas, sanitarias y comunitarias de la provincia de Buenos Aires. Según el articulado, ARBA será la autoridad de aplicación y deberá controlar que el beneficio se traslade de manera efectiva a las boletas.

Una ley para las boletas

El texto sostiene que el objetivo es eliminar Ingresos Brutos sobre la prestación de tres servicios: gas natural por redes, distribución de energía eléctrica y provisión de agua potable. El esquema está dividido en cuatro capítulos, con reglas específicas para cada prestación, cláusula de traslado obligatorio, visibilidad en factura, informe anual a la Legislatura y régimen sancionatorio.

Uno de los puntos centrales es que la exención no quede absorbida por las empresas. Por eso, la propuesta exige que la quita se traduzca en una reducción “directa, íntegra, inmediata y verificable” del importe facturado a cada usuario alcanzado. En caso de incumplimiento, las compañías podrían perder el beneficio y recibir multas equivalentes a entre el 100% y el 300% del impuesto que debió trasladarse.

Los fundamentos apuntan al carácter social de la medida. “El Impuesto sobre los Ingresos Brutos, cuando se aplica sobre servicios esenciales, tiene un carácter marcadamente regresivo: los hogares de menores ingresos destinan una proporción sensiblemente mayor de su presupuesto a estos bienes básicos que los hogares de mayores ingresos”, plantearon los legisladores.

Según el proyecto, en las facturas de gas, luz y agua potable la carga tributaria sobre el valor neto —IVA, Ingresos Brutos y fondos fiduciarios nacionales— alcanza aproximadamente el 35% del importe facturado en el interior bonaerense. De ese paquete, el único tributo que la Legislatura provincial puede modificar es Ingresos Brutos.

Servicio por servicio

En gas natural por redes, la iniciativa alcanza a usuarios residenciales en todas sus categorías y subcategorías, con prioridad sobre Tarifa Social y regímenes específicos de subsidios.

También incluye pequeños comercios e industrias menores con consumo anual de hasta 12.000 metros cúbicos, asociaciones civiles, mutuales, cooperativas, clubes de barrio, sociedades de fomento, entidades vecinales, establecimientos educativos, hospitales, centros de salud, comedores comunitarios, merenderos y otros espacios registrados.

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En electricidad, el proyecto prevé la eliminación del tributo para usuarios residenciales de nivel 2, nivel 3 y Tarifa Social, demanda no residencial de hasta 10 kilovatios, organismos públicos de salud y educación, entidades comunitarias, instituciones educativas, centros sanitarios y comedores. Para las distribuidoras nacionales reguladas por el ENRE, la exención se aplicaría sobre el tramo atribuible al territorio bonaerense.

Ese capítulo incorpora además un componente vinculado a la modernización del servicio eléctrico: las tarifas podrían incluir un cargo específico destinado a financiar un plan de sustitución de medidores, con equipos de medición inteligente e infraestructura digital para que los usuarios puedan controlar sus consumos y mejorar la eficiencia de la red.

En agua potable, la exención alcanzaría a usuarios residenciales, pequeñas y medianas empresas comerciales, instituciones sociales, educativas y sanitarias. También contempla asociaciones civiles, mutuales, cooperativas de servicios y consumo, clubes de barrio y pueblo, sociedades de fomento, hospitales, centros de salud, comedores comunitarios y subdistribuidores que abastezcan exclusivamente a usuarios comprendidos.

La oposición insiste con agenda propia

La firma conjunta expone una sociedad legislativa en formación y llega en un contexto fiscal sensible para la Provincia. El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, había advertido que mayo consolidó “el peor inicio de año en materia recaudatoria desde 2017”, con caídas interanuales de 8,4% en Ingresos Brutos, 11% en Sellos, 7,4% en IVA y 2,9% en el Impuesto al Cheque.

El cálculo político de la oposición es claro: empujar una baja tributaria sobre consumos esenciales en medio de una economía que muestra señales de deterioro en ventas, empleo registrado y actividad.

El texto presentado estima que “aproximadamente 4 millones de hogares con gas natural por red, 5 millones de hogares con electricidad y 4 millones de hogares con agua potable en la provincia, sumados a decenas de miles de pymes comerciales, instituciones sociales, educativas, sanitarias y comunitarias, recibirán de manera directa y verificable un alivio en sus facturas de servicios esenciales”.