Kicillof y los gremios, más allá de la paritaria: acuerdos, protestas y compromisos que condicionan el cierre de 2026

Axel Kicillof llega al último tramo de 2026 con una relación sindical que conserva canales de negociación abiertos, pero también acumula reclamos. Durante el año, el Gobierno bonaerense consiguió cerrar distintos acuerdos con docentes, estatales y judiciales, mejoró propuestas después de rechazos y sostuvo mesas de diálogo aun en momentos de conflicto.

Pero, en paralelo, hubo paros, movilizaciones, reaperturas demoradas y una agenda laboral que fue sumando capítulos: prestaciones de IOMA, estabilidad, pases a planta permanente, carrera administrativa, recategorizaciones, vacantes y condiciones de trabajo.

Este viernes 16 de octubre, la Provincia volverá a sentarse con docentes y estatales después de que la reunión de septiembre terminara sin una nueva oferta. La expectativa está puesta en que aparezca finalmente una cifra para los últimos meses del año.

Pero la negociación llega con mucho más detrás. El último acuerdo general fue cerrado en julio y otorgó una mejora del 7%, dividida en un 5% para ese mes y otro 2% para agosto, ambos porcentajes calculados sobre los salarios de junio. La Provincia se comprometió entonces a reabrir la discusión en septiembre. El mes pasó sin un nuevo incremento y octubre comenzó con medidas de fuerza y nuevos pedidos de convocatoria.

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Un vínculo que pasó varias veces del acuerdo al reclamo

La relación entre Kicillof y las organizaciones sindicales tuvo durante 2026 una dinámica repetida: negociación, oferta, rechazo o aceptación, acuerdo por pocos meses y reapertura.

En enero, ATE aceptó una recomposición que incluyó un 1% retroactivo a diciembre de 2025 y un 2% para enero, mientras dejaba asentado que los salarios seguían siendo insuficientes. La discusión continuó pocas semanas después. El 2 de marzo, el gremio realizó una jornada de paro y movilización al Puente Pueyrredón mientras reclamaba una propuesta mejor y, al mismo tiempo, cuestionaba el impacto del ajuste nacional sobre las cuentas bonaerenses.

La Provincia terminó cerrando para febrero, marzo y abril una recomposición acumulada del 9%, repartida en 1,5%, 5% y 2,5%. Ese entendimiento incluyó además una recategorización excepcional para trabajadores alcanzados por la Ley 10.430, una suma adicional de $20.000 para auxiliares de la educación y medidas específicas para determinados sectores sanitarios.

La negociación de mitad de año mostró con claridad otro rasgo de la relación. La primera propuesta provincial fue de 2,5% y resultó rechazada. Después de nuevas conversaciones, el Ejecutivo elevó la oferta al 7%, dividida entre julio y agosto, y consiguió el respaldo de las principales organizaciones gremiales.

SUTEBA, FEB y UPCN estuvieron entre los sindicatos que aceptaron. ATE también valoró la mejora, pero su secretario general bonaerense, Claudio Arévalo, dejó una advertencia que siguió presente durante los meses posteriores: “el trabajador estatal no llega a fin de mes”.

Desde la Provincia, el ministro de Economía, Pablo López, presentó el acuerdo desde otra perspectiva. “Valoramos el trabajo de las y los trabajadores de la Provincia”, sostuvo y definió la política salarial como un “enorme esfuerzo” realizado en medio de un escenario fiscal adverso.

El Gobierno extendió luego el mismo esquema del 7% a las fuerzas de seguridad y el Servicio Penitenciario. También lo aceptaron los judiciales. En la Asociación Judicial Bonaerense, 16 de las 20 departamentales aprobaron el acuerdo y cuatro lo rechazaron.

El entendimiento había logrado nuevamente alinear a buena parte del universo estatal bajo una pauta común. Pero llevaba incorporada una fecha que terminaría generando otro conflicto: septiembre.

La revisión prevista se concretó parcialmente. El Gobierno convocó a los estatales el 24 de septiembre y a los docentes un día después, pero no presentó entonces un nuevo porcentaje de incremento. Los funcionarios expusieron la situación financiera provincial y escucharon los planteos sindicales.

El problema fue que septiembre terminó sin una actualización adicional y octubre comenzó sin una nueva propuesta formal. Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, el último aumento había quedado agotado en agosto, por lo que docentes, estatales y judiciales comenzaron a reclamar por separado que el Gobierno cumpliera con la revisión comprometida.

La inflación nacional de septiembre terminó siendo de 1,9%, según el INDEC. En las conversaciones reservadas previas al encuentro de este viernes circuló una primera posibilidad de aumento del 1,5% para octubre, pero fuentes sindicales señalaron que esa cifra fue descartada antes de convertirse en una propuesta formal.

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Los docentes: el salario dejó de ser el único problema

La relación con los sindicatos docentes ofrece probablemente el ejemplo más claro de cómo se amplió la agenda. El Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) viene reclamando una mejora de ingresos, pero también incorporó planteos por el funcionamiento de IOMA, el IPS, licencias médicas, sobrecarga laboral y condiciones de trabajo.

A fines de junio, AMET, FEB, SUTEBA y UDOCBA realizaron un paro provincial que combinó la falta de una nueva propuesta salarial con reclamos por violencia en las escuelas, educación técnica, condiciones laborales y cobertura de la obra social.

Octubre comenzó con otra huelga. Esta vez, el disparador inmediato fueron distintos episodios de violencia registrados en establecimientos educativos, aunque la medida coincidió con una discusión salarial que seguía abierta.

La FEB informó entonces una adhesión del 98%, cifra correspondiente a la estimación del propio sindicato, y su presidenta, Liliana Olivera, sostuvo que la respuesta expresaba “el agotamiento de los docentes ante los reiterados hechos de violencia”. Dos días antes había dejado otra definición directamente vinculada con los haberes:“La recomposición salarial que estamos solicitando debe darse de forma inmediata”.

La presión tampoco provino únicamente del FUDB. Sectores opositores dentro de la docencia realizaron medidas propias y reclamaron mecanismos de actualización mensual, recuperación de ingresos, devolución de descuentos por huelga y prestaciones de IOMA sin copagos.

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Estatales: del salario a los pases a planta

En ATE, la agenda también se expandió. La recomposición de ingresos sigue siendo central, pero durante 2026 el sindicato colocó con fuerza otro objetivo: la estabilidad laboral.

En julio, Provincia y organizaciones gremiales acordaron avanzar con el pase a planta permanente de más de 8.000 trabajadores temporarios que habían ingresado hasta diciembre de 2025.

ATE sostuvo después que el universo a regularizar era mayor. En distintas etapas, la organización habló de alrededor de 14.000 situaciones laborales que incluían temporarios, becarios y otras modalidades que considera precarias.

El 7 de octubre, el gremio realizó un paro provincial de 24 horas y movilizó a la Legislatura bonaerense. La organización pretende que el Presupuesto 2027 contemple cargos y partidas destinadas a sostener los procesos de regularización.

Su planteo es que los pases a planta no dependan únicamente de negociaciones administrativas posteriores, sino que exista respaldo presupuestario. “La gestión del gobernador Axel Kicillof debe finalizar como comenzó: garantizando la estabilidad de miles de trabajadores y trabajadoras estatales”, sostuvo ATE.

La organización también reclama continuidad de las recategorizaciones, carrera administrativa, reducción de situaciones contractuales precarias y cumplimiento de compromisos alcanzados en mesas sectoriales. Según datos difundidos por el propio sindicato, desde 2020 se habrían concretado alrededor de 59.000 pases a planta permanente en la administración bonaerense.

Judiciales: acuerdo salarial, pero otra agenda abierta

La Asociación Judicial Bonaerense completa el mapa. El sindicato aceptó en julio el mismo aumento del 7%, aunque cuatro departamentales votaron en contra.

La negociación incluía la reapertura en septiembre. Al terminar ese mes sin una nueva recomposición general, la AJB presentó otro pedido formal ante el Ministerio de Trabajo. “Es urgente establecer una nueva recomposición salarial ante la continuidad de los incrementos de precios”, planteó.

Pero tampoco allí la discusión termina en el sueldo. Los judiciales reclaman cobertura de vacantes, creación de cargos, carrera judicial, mejoras edilicias y de seguridad y una ley específica que institucionalice la negociación colectiva del sector.

Durante abril ya habían realizado dos jornadas de protesta vinculadas con falta de personal y sobrecarga de tareas. Después se constituyó una Mesa Técnica de Carrera Judicial con la Suprema Corte.

Una relación que también está atravesada por Milei

Hay una particularidad política que atraviesa buena parte de estos conflictos. Los principales sindicatos estatales bonaerenses cuestionan las políticas del Gobierno nacional y coinciden con Kicillof en buena parte de sus críticas a Javier Milei.

ATE, por ejemplo, vincula el deterioro de los salarios y las cuentas provinciales con la política económica nacional y acompañó distintas protestas contra el ajuste federal. Los gremios docentes hicieron lo mismo frente al recorte de fondos educativos, el FONID y el financiamiento universitario. Sin embargo, esa coincidencia nacional no eliminó los reclamos directos a la Provincia.

ATE realizó dos paros provinciales durante el año, los docentes acumularon distintas jornadas de huelga y la AJB reclamó reiteradamente una reapertura. FEGEPPBA llegó a advertir en octubre que podía declarar el estado de alerta y evaluar medidas de fuerza si el Ejecutivo no retomaba las conversaciones.

La relación con Milei funciona, por lo tanto, como una coincidencia política en determinados temas, pero no como un freno a las demandas laborales hacia Kicillof. La mesa que vuelve a abrirse este viernes sintetiza ese recorrido.

El dato inmediato será cuánto ofrece la Provincia y qué responden los sindicatos. Pero el vínculo entre Kicillof y los trabajadores estatales ya tiene otra discusión por delante: qué compromisos podrán resolverse antes de terminar 2026 y cuáles deberán quedar respaldados en el Presupuesto que ordenará el último año completo de su gestión.