“Cobraban $4,50 de bolsillo”: el Senado avanzó por unanimidad con una ley para proteger a los estatales endeudados

La Comisión de Trabajo y Legislación Social del Senado bonaerense aprobó por unanimidad el proyecto que busca proteger los ingresos de los trabajadores estatales frente al sobreendeudamiento. La iniciativa, presentada por el legislador de Fuerza Patria Sergio Berni, establece un límite del 30% para los descuentos salariales derivados de obligaciones voluntarias, garantiza que los agentes conserven al menos el 70% de sus haberes y crea un mecanismo para reorganizar deudas acumuladas.

La votación se produjo este lunes después de que el expediente permaneciera en estudio desde comienzos de mes para facilitar acuerdos entre el oficialismo y la oposición. El nuevo tratamiento permitió reunir el respaldo de los legisladores presentes de distintos bloques y avanzar con una propuesta que alcanza directamente a los ingresos de los empleados públicos provinciales.

El proyecto también dispone que el dinero disponible después de los descuentos no podrá ser inferior al Salario Mínimo, Vital y Móvil vigente al momento de la liquidación. Para quienes acumularon obligaciones con distintas entidades, contempla una instancia de adhesión voluntaria que permitirá unificar cuotas, extender plazos y reducir intereses.

La discusión se desarrolla mientras la Legislatura bonaerense tramita otras cuatro iniciativas destinadas a regular los créditos, las prácticas de cobranza y los mecanismos de refinanciación de las familias, en un escenario de aumento de los incumplimientos financieros.

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Del debate inicial al respaldo unánime: qué cambió en el Senado

La reunión se desarrolló en el Salón Antonio Cafiero, bajo la conducción de la presidenta de la Comisión de Trabajo y Legislación Social, María Rosa Martínez, de Fuerza Patria.

Participaron presencialmente Fernando Coronel, Mónica Macha y Sabrina Bastida, todos integrantes del oficialismo. De manera virtual estuvieron Sergio Vargas, de Unión y Libertad; Analía Balaudo y Luciano Olivera, de La Libertad Avanza; Pablo Petrecca, del PRO; y Roxana López, de Fuerza Patria.

El único expediente tratado fue el presentado por Berni para crear el Régimen Provincial de Protección del Ingreso, Prevención del Sobreendeudamiento y Reordenamiento Financiero de los Agentes Públicos.

La iniciativa consiguió el acompañamiento unánime de la comisión, después de haber sido analizada en una reunión anterior sin obtener dictamen. El 1° de octubre, Martínez había explicado que la decisión de mantener el proyecto en estudio respondía a la intención de consensuar su contenido con los representantes de la oposición.

En aquel encuentro, el senador del PRO Pablo Petrecca había expresado una posición favorable a establecer límites sobre los descuentos salariales y relatado situaciones que conoció durante su gestión al frente del municipio de Junín. “Al ser empleador, en mi rol de intendente, me tocó ver cantidad de recibos de sueldos que terminaban cobrando de bolsillo $4,50 sin exagerar por la cantidad de descuentos”, aseguró.

El legislador agregó: “Es interesante que haya límites y se garantice el salario mínimo para los agentes estatales”. Sus declaraciones introdujeron en la discusión una problemática vinculada con el sistema de descuentos directos sobre los haberes y sus efectos sobre el ingreso efectivamente disponible de los trabajadores.

🏛️ La Comisión de Trabajo avaló el proyecto para proteger los ingresos de trabajadores estatales La iniciativa propone limitar los descuentos salariales, prevenir el sobreendeudamiento y facilitar el reordenamiento financiero de los agentes públicos. 🔗 https://t.co/EUIhliJTyU https://t.co/pWL4wxGRbW

— Senado BA (@Senado_BA) October 19, 2026

Un límite del 30%: cómo funcionaría la protección del salario

El núcleo del proyecto establece que los descuentos derivados de obligaciones asumidas voluntariamente por los agentes públicos no podrán superar el 30% de la remuneración neta protegida. De esta manera, al menos el 70% de ese ingreso deberá quedar disponible para el trabajador.

La disposición alcanza a obligaciones que se cobran directamente a través del sistema de códigos de descuento, utilizado por entidades que ofrecen distintas modalidades de financiamiento a empleados públicos.

Entre ellas se incluyen créditos otorgados por mutuales y cooperativas, financiaciones de consumo, adelantos de haberes amortizables, compras financiadas y cuotas correspondientes a operaciones crediticias.

El proyecto incorpora además una segunda protección: el ingreso efectivo no podrá quedar por debajo del Salario Mínimo, Vital y Móvil vigente. Esto implica que deberán respetarse ambos parámetros al momento de aplicar los descuentos alcanzados por la norma.

La propuesta retoma un límite que ya había sido contemplado mediante un decreto provincial de 2021, pero busca incorporarlo a una regulación legal más amplia, con previsiones específicas para la prevención del sobreendeudamiento y la reorganización de obligaciones existentes.

Al presentar la iniciativa en agosto, Berni había sostenido: “No podemos permitir que un trabajador cobre su sueldo y gran parte quede absorbida por deudas”. Y agregó: “El salario tiene carácter alimentario y hay que protegerlo. Por eso proponemos un límite concreto: como mínimo, el 70% del ingreso debe quedar en manos del trabajador”.

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El proyecto también establece un mecanismo para advertir sobre el incremento de las obligaciones financieras. Según el texto presentado, cuando los descuentos voluntarios alcancen el 20% de la remuneración neta protegida, el sistema bancario deberá emitir una alerta preventiva.

La comunicación tendrá como objetivo informar al trabajador sobre el margen disponible antes de alcanzar el límite máximo permitido. La herramienta apunta a intervenir antes de que las cuotas absorban una proporción mayor del ingreso mensual.

Además de fijar límites a los descuentos futuros, la iniciativa contempla una respuesta para los agentes que ya mantienen múltiples obligaciones y presentan dificultades para cumplirlas. Para esos casos propone crear un Régimen Provincial de Reordenamiento Financiero, de adhesión voluntaria.

El mecanismo permitirá consolidar distintas deudas, ampliar los plazos de devolución, reducir las tasas de interés y reemplazar varias cuotas por una única obligación compatible con la capacidad económica del trabajador.

La iniciativa no establece una condonación general de los compromisos asumidos. Su finalidad es ofrecer una herramienta para reorganizar los pagos y disminuir el impacto mensual de las obligaciones sobre los haberes.

“Hay trabajadores que fueron acumulando obligaciones y hoy necesitan una alternativa que les permita ordenar sus cuentas sin desconocer las deudas que legítimamente asumieron”, explicó Berni cuando presentó el expediente.

El senador también cuestionó las situaciones en las que los empleados deben recurrir a una nueva financiación para afrontar obligaciones anteriores. “La respuesta no puede ser empujarlos a tomar un crédito usurario para pagar otro crédito”, sostuvo.

Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM en agosto, la propuesta había ingresado a la Legislatura en medio de un crecimiento sostenido de la morosidad y de los reclamos por la pérdida de capacidad de pago de los hogares. El expediente incorpora además mayores mecanismos de control sobre mutuales, cooperativas y otras entidades que realizan descuentos directos sobre los salarios.

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Cómo se financiaría el régimen de reordenamiento

La propuesta también establece una fuente específica de financiamiento para el funcionamiento de las herramientas de protección del ingreso. Según el esquema presentado, se contempla una tasa mensual del 1,5% por servicios administrativos sobre la masa de descuentos de cada beneficiario del sistema de códigos de descuento. De ese porcentaje, el 75% se destinaría a un fondo especial de protección del ingreso y reordenamiento financiero.

El mecanismo forma parte del diseño previsto para sostener administrativamente las herramientas de reorganización de obligaciones. La iniciativa incluye, además, instrumentos gratuitos de educación financiera para los trabajadores estatales, destinados a brindar información sobre financiamiento, administración de ingresos y prevención de nuevas situaciones de endeudamiento excesivo.

El tratamiento del proyecto coincide con un aumento de los problemas de cumplimiento crediticio registrados durante 2026. De acuerdo con datos del Banco Central de la República Argentina, la irregularidad de los préstamos a familias otorgados por bancos y compañías financieras llegó al 12,9% en julio, uno de los niveles más elevados de las últimas dos décadas.

El indicador refleja la proporción del financiamiento que presenta atrasos significativos y constituye una referencia sobre la evolución de la capacidad de pago de las personas endeudadas.

En la provincia de Buenos Aires, otros relevamientos también mostraron una situación de deterioro. Como reconstruyó GRUPOLAPROVINCIA.COM a partir de información de la Central de Deudores del Banco Central y del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), durante mayo el 17,8% de los créditos otorgados a familias bonaerenses registraba algún grado de irregularidad, por encima del promedio nacional del 15,3%.

Cuando se incluían billeteras virtuales, fintech y otros proveedores no financieros, la proporción de personas endeudadas con algún nivel de incumplimiento ascendía al 28,5%.

Diputados ya dio media sanción a cuatro leyes sobre deudas familiares

El avance del proyecto de Berni en el Senado se produce después de que la Cámara de Diputados bonaerense aprobara, el 29 de septiembre, un paquete de cuatro iniciativas para regular diferentes aspectos del endeudamiento de los consumidores.

Las propuestas surgieron de la unificación de ocho de los nueve expedientes que habían llegado al último plenario de comisiones. Una de las iniciativas, impulsada por Facundo Tignanelli junto al defensor del Pueblo Guido Lorenzino, crea un régimen provincial para prevenir y tratar el sobreendeudamiento de los consumidores.

El mecanismo contempla una instancia administrativa gratuita en la que la persona afectada podrá reunir a sus acreedores para intentar reorganizar sus obligaciones. Los acuerdos deberán respetar un límite del 30% de los ingresos netos mensuales destinado al pago de cuotas.

Otro proyecto establece un procedimiento judicial específico para consumidores que no puedan afrontar sus deudas, con la posibilidad de revisar condiciones contractuales, renegociar pagos y disponer medidas sobre determinados procesos de cobro.

El tercer texto regula las prácticas de cobranza extrajudicial, establece horarios permitidos para las comunicaciones y prohíbe mecanismos intimidatorios o contactos con terceros ajenos a la relación crediticia.

La cuarta iniciativa incorpora obligaciones de información sobre tasas, costos financieros, seguros, cargos y condiciones de los préstamos, con especial atención al financiamiento ofrecido por aplicaciones y plataformas digitales. Las cuatro propuestas obtuvieron media sanción y continuaron su recorrido en el Senado.