Milei y una reforma con olor a pasado: lilitos bonaerenses alertan por el “tufillo” noventista
En medio de un debate que avanzó más por inercia que por convicción, la Coalición Cívica buscó diferenciarse del clima binario que atravesó la sesión en Diputados. El espacio planteó una lectura crítica que combinó diagnóstico estructural, reparos técnicos y advertencias institucionales.
El jefe del bloque de diputados provinciales de la Coalición Cívica, Andrés De Leo, fue el vocero de esa postura. En una intervención advirtió que el debate desperdició una oportunidad clave. “Creo que se está desaprovechando la oportunidad de avanzar con reformas que la Argentina viene necesitando”, afirmó en el recinto.
De Leo trazó un diagnóstico contundente sobre el estancamiento económico y laboral: “La Argentina no crece hace muchos años, la Argentina no genera empleo hace muchos años”, sostuvo, y vinculó ese escenario con una “matriz de desigualdad” que golpea especialmente a las pequeñas y medianas empresas, tanto al momento de “contratar” como de “cumplir con las leyes laborales” vigentes. En esa lectura, el problema del empleo excede largamente la discusión normativa y está atravesado por un entramado productivo, fiscal y regulatorio que la reforma no aborda.
Sin embargo, el diputado marcó un límite político claro al contenido del proyecto. Cuestionó que en el corazón de la iniciativa se haya colado un esquema que remite a experiencias fallidas del pasado. “Se ha filtrado un concepto con mucho tufillo a volver a los noventa”, dijo. El foco de esa crítica estuvo puesto en el Fondo de Asistencia Laboral, uno de los puntos más sensibles de la reforma.
A esa preocupación se sumó la falta de precisiones sobre la administración del esquema. “No queda absolutamente claro cuál va a ser el costo del cobro que va a tener este fondo”, alertó, al tiempo que señaló el riesgo de reproducir lógicas de comisiones y negocios financieros. Con ese marco, cerró su exposición con una síntesis crítica: “Lamento que esto sea una oportunidad perdida para la Argentina”.
La crítica de la Coalición Cívica no se limitó al articulado puntual. Desde el espacio también cuestionaron la ausencia de una visión estratégica sobre el mercado laboral que viene. En ese sentido, la diputada bonaerense Romina Braga planteó que el debate llega fragmentado y sin una discusión real sobre el futuro del trabajo en la Argentina.
Braga advirtió que se discuten artículos sueltos sin conectar empleo, producción, sistema tributario, formación y tecnología. Desde su mirada, hablar de contratos o flexibilización sin revisar la matriz de costos, las regulaciones y las cargas que enfrenta quien produce es legislar en superficie. También puso el foco en un mercado laboral que ya no responde a los esquemas tradicionales, donde conviven empleo formal, plataformas digitales y un cuentapropismo que se volvió estructural.
A ese diagnóstico sumó una ausencia que consideró clave: la agenda tecnológica. La inteligencia artificial, la automatización y la reconversión laboral, advirtió, están completamente fuera del debate legislativo. En ese marco, sostuvo que una reforma seria debería integrar ejes como la formalización del empleo, la capacitación frente a los cambios tecnológicos, la actualización de la representación laboral y políticas de innovación con inclusión. Sin ese abordaje integral, alertó, lo que hoy se presenta como reforma “está lejos de ser una transformación” y corre el riesgo de convertirse en un relato político antes que en una política pública de desarrollo.
El cuestionamiento más duro llegó desde el plano jurídico e institucional. La diputada nacional Mónica Frade advirtió que la reforma carece de fundamentos técnicos sólidos y anticipó un escenario de alta conflictividad judicial. “Lo que hay es falta de fundamentos para poder argumentar y para poder sostener discusiones de por qué estamos haciendo las reformas que hacemos”, sostuvo, al cuestionar los argumentos oficiales sobre la denominada “industria del juicio”.
Frade señaló que los defensores de la iniciativa repiten “dos clichés” —litigiosidad laboral y generación de empleo— sin respaldo empírico. “Hemos probado con datos del INDEC, con datos históricos, incluso del Servicio de Justicia y de la Cámara Nacional de Apelaciones, que esto no es así”, afirmó, y sentenció: “No pueden explicar por qué esta reforma”.
En un tono aún más crítico, puso en duda el proceso parlamentario y recordó antecedentes polémicos. “Se habló mucho de la Banelco, es histórico esto que quieren cambiar la ley de contrato de trabajo y siempre estuvo teñido de sospechas y de corrupción. Yo no descarto que acá esté pasando lo mismo”, lanzó. Y agregó: “No descarto que haya habido corrupción en el Senado. Más tarde o más temprano se va a saber”.
Finalmente, Frade anticipó una catarata de impugnaciones judiciales. “Esto tiene muchos visos de inconstitucionalidad y los abogados lo vamos a plantear con medidas cautelares”, advirtió, al señalar que distintos especialistas proyectan “un promedio de 300.000 planteos de inconstitucionalidad”.