Marzo arranca con pulseada abierta en la Provincia: judiciales se suman al paro del lunes

Arranca marzo y el conflicto salarial vuelve a marcar la agenda bonaerense. Lejos de un hecho aislado, el paro anunciado por los judiciales expone una tensión más profunda: salarios que corren detrás de la inflación, paritarias empantanadas y un Estado provincial condicionado por la pulseada con la Nación. En ese escenario, la protesta del lunes 2 de marzo se convierte en una señal de alerta política y social que atraviesa a todo el sector público.

La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) resolvió convocar a un paro total de actividades, sin presencialidad ni teletrabajo, para el lunes 2 de marzo en los 20 departamentos judiciales de la provincia. La decisión fue adoptada tras las asambleas departamentales realizadas el 23 de febrero y responde, según el gremio, a la falta de una propuesta salarial que permita equiparar los ingresos a la inflación de 2026 y recuperar la fuerte pérdida registrada durante 2025.

Desde la conducción sindical advirtieron a GRUPOLAPROVINCIA.COM que el deterioro del poder adquisitivo empujó al sector a un “momento de extrema complejidad”, con salarios cada vez más lejos del costo de vida. La última oferta del Ejecutivo bonaerense —un incremento del 3% para febrero— fue rechazada de plano y, desde entonces, no hubo nuevas convocatorias formales a la mesa paritaria.

El reclamo judicial no se limita al salario. En la agenda de la AJB aparecen demandas estructurales que vienen postergadas: subcategorías para cargos de menor antigüedad, mejoras para jubilados y pensionados, la conformación de una Mesa Técnica de Carrera Judicial, una ley de paritarias específica para el sector y la defensa del IPS y del IOMA, dos pilares sensibles para el conjunto de las y los trabajadores estatales.

El secretario general del gremio, Hugo Russo, sostuvo que el conflicto no admite dilaciones y reclamó una propuesta “superadora y acorde a la inflación real”, que contemple además los compromisos pendientes con quienes ya se jubilaron.

Un conflicto que se expande y se nacionaliza

El paro judicial se inscribe en un clima sindical cada vez más cargado. Docentes, estatales administrativos y otros gremios bonaerenses también rechazaron la oferta salarial y anunciaron medidas de fuerza para el mismo día. El 2 de marzo, además, no habrá inicio normal de clases en la Provincia, en el marco del paro nacional convocado por CTERA y al que adhieren los sindicatos del Frente de Unidad Docente Bonaerense.

La coincidencia de las protestas no es casual. Los gremios comenzaron a unificar el diagnóstico y el reclamo: sin recursos suficientes y con salarios licuados por la inflación, el conflicto salarial empieza a desbordar el plano estrictamente provincial y apunta de lleno al Gobierno nacional.

En ese sentido, la AJB se sumó explícitamente al reclamo por la restitución inmediata de los fondos que la Nación retiene a la provincia de Buenos Aires, una situación que, según denuncian, afecta el normal funcionamiento de áreas clave del Estado y pone en riesgo derechos previsionales. “Esta retención ilegal daña principalmente al pueblo bonaerense”, remarcaron desde el sindicato, en línea con otras organizaciones estatales.

El señalamiento apunta directamente a la administración de Javier Milei, a la que el gobierno provincial acusa de haber recortado transferencias por una suma multimillonaria, condicionando la capacidad de respuesta de la Provincia.

Kicillof, entre la paritaria trabada y la presión política

Para el gobernador Axel Kicillof, el escenario es complejo. Desde su entorno aseguran que la negociación salarial “sigue abierta”, pero reconocen las dificultades financieras para mejorar la oferta en el corto plazo. La Provincia otorgó recientemente un aumento a cuenta del 1,5% para evitar un mayor atraso, aunque los gremios consideran que esa decisión unilateral no resuelve el problema de fondo.

El Ejecutivo bonaerense sostiene que el ajuste de recursos nacionales, la eliminación de fondos específicos y la falta de asistencia financiera condicionan cualquier margen de maniobra. Del otro lado, los sindicatos responden que, además de reclamarle a la Nación, la Provincia debería discutir herramientas propias de recaudación y un esquema más progresivo para sostener los salarios estatales.

La discusión, así, empieza a correrse del terreno paritario hacia un debate más amplio sobre cómo se financia el Estado bonaerense y quiénes pagan el costo del ajuste.