Celulares en cárceles: la oposición vuelve a presionar tras el caso de la “Banda del Millón”
El uso de celulares en las cárceles bonaerenses volvió al centro de la escena política. Dirigentes de La Libertad Avanza cargaron contra el gobierno provincial y reclamaron la prohibición inmediata de dispositivos móviles en los penales del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), a partir de investigaciones judiciales que indicarían que bandas delictivas continuaron operando desde prisión.
La diputada bonaerense Analía Corvino cuestionó públicamente al gobernador Axel Kicillof y al ministro de Justicia, Juan Martín Mena, al sostener que en las cárceles “vale todo” y que los internos “están de joda coordinando robos”. Sus declaraciones se dieron luego de que en una causa vinculada a la denominada “Banda del Millón” se hallaran en un celular secuestrado filmaciones de asaltos, planos de viviendas, chats para la compra de armas y registros de videollamadas en tiempo real.
“¿Hasta cuándo vamos a seguir permitiendo esto?”, lanzó Corvino, y exigió “prohibir con urgencia” el uso de celulares al considerar que “facilita la planificación y ejecución de delitos desde el interior de los establecimientos”.
En la misma línea, la senadora bonaerense Florencia Arietto cuestionó que mientras en la Legislatura se tratan declaraciones conmemorativas, “la prohibición de celulares en cárceles, desalojos inmediatos y límites a excarcelaciones que presentamos desde La Libertad Avanza no lo votan”, y reclamó respaldo para los proyectos vinculados a seguridad y política criminal impulsados por su espacio.
El antecedente judicial y el fin de la pandemia
El permiso para el uso de teléfonos en cárceles bonaerenses se remonta al 30 de marzo de 2020, cuando el juez Víctor Violini, del Tribunal de Casación Penal bonaerense, autorizó su ingreso masivo en el contexto del aislamiento por Covid-19, tras un habeas corpus colectivo presentado por detenidos de la Unidad N°9 de La Plata. La medida se dictó “durante el período que subsistan la situación de pandemia y la vigencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio”.
En ese marco, el planteo no es nuevo en la Legislatura bonaerense. En julio de 2023, la entonces diputada radical Nazarena Mesías presentó un proyecto para modificar la Ley de Ejecución Penal 12.256 y restringir el uso de dispositivos móviles en cárceles provinciales.
La iniciativa proponía reformar el artículo 82 para prohibir “equipos o terminales móviles que permitan comunicaciones telefónicas a través de aplicaciones informáticas de mensajería”, además de establecer la instalación obligatoria de inhibidores de señal en pabellones y módulos penitenciarios, con el objetivo de evitar la planificación de delitos virtuales sin afectar el derecho de los internos a mantener contacto con familiares y defensores por vías controladas por el Estado.
El aislamiento concluyó oficialmente el 30 de enero de 2021 y la Organización Mundial de la Salud declaró el fin de la emergencia sanitaria en mayo de 2023. Sin embargo, en la práctica, el uso de celulares continuó.
Según datos públicos del Ministerio de Seguridad bonaerense, las denuncias por estafas pasaron de 15.711 en 2020 a 27.919 en 2021, lo que representó un incremento del 77,7%. En paralelo, informes oficiales citados en expedientes judiciales señalan que el 85% de los detenidos del SPB tendría acceso a un teléfono sin control judicial y que el 99,3% de los aparatos incautados lo fueron por uso indebido de redes sociales.
No obstante, estadísticas del Sistema Nacional de Ejecución de la Pena muestran que en 2024 hubo 55.143 internos en cárceles bonaerenses y 6.001 sanciones disciplinarias, frente a 9.022 en 2019, último año sin celulares autorizados. Los homicidios intramuros también descendieron, de 2,3 cada 10 mil internos en 2019 a 0,6 en 2024, de acuerdo con datos oficiales recopilados por la Comisión Provincial por la Memoria. Especialistas advierten que atribuir esa baja exclusivamente al uso de teléfonos requeriría estudios específicos.
El caso de la “Banda del Millón” y el reclamo de Lanús
La controversia se reavivó tras la investigación por la muerte del soldado Rodrigo Andrés Gómez en la Quinta de Olivos. La causa, a cargo de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, determinó que una extorsión sexual organizada desde la Unidad N°36 de Magdalena habría conducido al joven al suicidio.
En los allanamientos se secuestraron celulares en celdas de internos como Tomás Francavilla y Mauricio Duarte Areco, quienes —según consta en el expediente— habrían utilizado los dispositivos para ejecutar maniobras de engaño y cobro a través de billeteras virtuales.
En paralelo, el intendente de San Isidro, Ramón Lanús, reclamó públicamente la prohibición de celulares durante un acto institucional junto a Axel Kicillof y al ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, donde se entregaron 11 patrulleros adquiridos con el Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad.
“Vemos con mucha indignación que siguen operando desde la cárcel. No podemos tolerar que personas comprometidas en hechos de violencia puedan seguir operando desde la cárcel”, expresó Lanús, en alusión a la organización conocida como “Banda del Millón”, investigada por asaltos violentos en el distrito.
El fiscal adjunto de San Isidro, Patricio Ferrari, solicitó el 12 de febrero la “prohibición absoluta del uso de celulares y dispositivos con acceso a internet” para más de 40 detenidos vinculados a esa causa. Desde los tribunales orales en lo criminal N°3 y N°4 se libraron oficios al SPB requiriendo informes.
Por su parte, Kicillof defendió el trabajo conjunto con los municipios y cuestionó el recorte de fondos nacionales. “Para combatir el delito, hace falta un trabajo serio y mancomunado como lo hacemos en la provincia junto a los 135 intendentes. A pesar de que Milei nos corte los recursos específicos para la seguridad, vamos a seguir invirtiendo en equipamiento, en infraestructura y en la continua profesionalización de nuestras fuerzas”, afirmó el gobernador bonaerense.