Quinta a fondo: el abadismo y sus socios pidieron "unidad" en la UCR y reavivaron la interna por la conducción
La disputa por el control del radicalismo bonaerense sumó un nuevo capítulo político. En medio de la judicialización de la interna partidaria, el sector alineado con el senador nacional Maximiliano Abad difundió un comunicado en el que llamó a reconstruir la unidad de la Unión Cívica Radical (UCR) en la provincia de Buenos Aires.
El pronunciamiento, que lleva además las firmas del diputado provincial Pablo Domenichini, el exvicegobernador bonaerense Daniel Salvador y el exintendente de San Isidro Gustavo Posse, plantea la necesidad de avanzar hacia una conducción partidaria con legitimidad política mediante la elección de nuevas autoridades.
La declaración se conoció mientras el conflicto interno se dirime en el ámbito judicial. El encargado de intervenir es el juez federal con competencia electoral Alejo Ramos Padilla, quien deberá resolver si fue válida la decisión de adelantar las elecciones partidarias al 7 de junio.
El documento difundido por el sector radical opositor a Fernández propone una salida política a la crisis interna, pero también marca diferencias con la conducción provisoria que hoy administra el partido.
El abadismo busca reorganizar el partido y recuperar institucionalidad
En el texto, los dirigentes radicales sostuvieron que el proceso electoral que se avecina representa una instancia decisiva para ordenar la vida interna del partido. “No es una elección más: es la oportunidad de recuperar la institucionalidad del Partido y construir una conducción con legitimidad política”, afirmaron en el comunicado.
Según señalaron, la situación actual del radicalismo bonaerense exige un proceso de reconstrucción que permita reorganizar al partido después de una serie de resultados electorales adversos y de una prolongada crisis interna.
En ese sentido, remarcaron que el radicalismo atraviesa un momento delicado en términos de representación territorial e institucional. Entre los datos que destacaron figura la pérdida de presencia en municipios, consejos escolares y bancas legislativas. Para los dirigentes firmantes, ese escenario obliga a todos los sectores del partido a realizar una autocrítica y a asumir responsabilidades en la reconstrucción del espacio político.
Críticas al rol del comité de contingencia
El comunicado también dejó entrever cuestionamientos hacia la conducción provisoria del partido, encabezada por Miguel Fernández, quien fue designado al frente del Comité de Contingencia tras la crisis institucional que atravesó el radicalismo bonaerense en 2024.
Según plantearon Abad, Domenichini, Salvador y Posse, ese organismo cumplió la función transitoria para la que fue creado y ahora debe abrir paso a una conducción elegida por los afiliados. “El Comité de Contingencia ya cumplió su rol transitorio. Ahora es tiempo de que el radicalismo bonaerense vuelva a tener una conducción plena”, sostuvieron.
La referencia apunta directamente al conflicto por el adelantamiento de las elecciones internas, una decisión que impulsaron los sectores alineados con el abadismo y que terminó siendo judicializada por el espacio que responde a Fernández.
El origen inmediato de la disputa se remonta a una reunión realizada el 6 de marzo en La Plata, cuando un grupo de integrantes del Comité de Contingencia decidió adelantar las elecciones partidarias. El cronograma original establecía que los comicios internos debían celebrarse el 6 de septiembre de 2026, pero la autoconvocatoria resolvió mover la fecha al 7 de junio.
Entre quienes impulsaron esa decisión estuvieron dirigentes cercanos a Abad, junto con referentes del sector de Posse y del espacio Evolución Radical, vinculado a Lousteau. Posteriormente, la Convención de Contingencia, presidida por Domenichini, ratificó la medida por nueve votos contra uno, lo que formalizó el nuevo calendario electoral.
Sin embargo, el sector encabezado por Fernández cuestionó la legalidad de la reunión que modificó el cronograma y presentó una demanda ante la Justicia Electoral.
El fallo de Ramos Padilla y una interna que sigue abierta
El juez federal Alejo Ramos Padilla rechazó inicialmente una medida cautelar presentada por el sector de Fernández que buscaba frenar el adelantamiento de las elecciones. El magistrado consideró que las cautelares en materia electoral deben aplicarse de forma excepcional y que aún no contaba con todos los elementos necesarios para resolver el fondo del conflicto.
En consecuencia, decidió no suspender el cronograma electoral, aunque tampoco convalidó de manera definitiva la legalidad de la reunión partidaria que modificó la fecha de los comicios.
La decisión dejó la disputa en una zona de incertidumbre: las elecciones previstas para el 7 de junio siguen vigentes por ahora, pero su validez todavía está bajo análisis judicial.
En paralelo, Ramos Padilla dispuso correr traslado de la demanda para que el partido responda sobre varios puntos clave, entre ellos la legalidad de la autoconvocatoria del 6 de marzo, la interpretación del artículo 74 de la Carta Orgánica radical y la facultad de modificar el cronograma electoral.