El “AdorniGate” suma un capítulo: la Justicia confirmó el viaje en primera clase a Aruba
La postal del Caribe, en pleno cierre de 2024, se convirtió en una pieza clave dentro de un expediente que no deja de crecer. La Justicia confirmó que Manuel Adorni viajó a Aruba con su familia entre el 29 de diciembre y el 10 de enero, en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito que impulsa el fiscal Gerardo Pollicita.
Según la información incorporada a la causa, los pasajes fueron adquiridos en la aerolínea Latam por un total de 5.800 dólares, abonados en efectivo. El itinerario incluyó escalas en Perú y Ecuador, y aunque el costo del alojamiento aún no fue determinado, la Justicia ya puso la lupa sobre todos los consumos asociados a ese viaje.
El contexto no es menor. En ese momento, Adorni se desempeñaba como vocero presidencial y, de acuerdo con los registros del expediente, su salario rondaba los tres millones de pesos mensuales, sin actualizaciones significativas. La relación entre ingresos declarados y gastos en moneda extranjera es, justamente, el eje central del caso.
Propiedades, hipotecas y pagos en dólares
El viaje a Aruba se suma a una serie de movimientos financieros que la fiscalía busca reconstruir en detalle. Entre ellos, la compra de un departamento en el barrio de Caballito por 230.000 dólares, que incluyó un pago inicial de 30.000 dólares y una hipoteca por 200.000 otorgada por las propias vendedoras.
A esa operación se agrega otra adquisición en el country Indio Cuá, por un total de 120.000 dólares, financiada en gran parte por una hipoteca previa sobre otro inmueble. También figura un pago posterior de 30.000 dólares para cancelar parte de esa deuda.
Uno de los capítulos más sensibles del caso es el testimonio de las dos jubiladas que financiaron la compra del departamento de Caballito. Ambas declararon este miércoles que no conocer personalmente a Adorni y señalaron que la operación fue gestionada por sus hijos.
El dato que más ruido genera en tribunales es que el crédito fue otorgado sin intereses y a un año, una condición poco habitual para una operación de ese monto. Además, la reconstrucción de la transacción dejó interrogantes sobre la rentabilidad del negocio, considerando refacciones, comisiones y el precio final de venta.
La declaración de los intermediarios, prevista para los próximos días, podría ser determinante para aclarar si hubo irregularidades o si se trató de una operatoria dentro de parámetros legales, aunque atípicos.
La estrategia política en medio de la tormenta judicial
Mientras la causa avanza, Adorni optó por reducir su exposición pública, pero intensificó su actividad dentro del Gobierno. Retomó reuniones con ministros y se involucró en la coordinación de medidas vinculadas a la reducción del gasto estatal, en línea con la estrategia del presidente Javier Milei.
En la Casa Rosada, por ahora, sostienen el respaldo al jefe de Gabinete y apuestan a que la investigación no derive en imputaciones más graves. Sin embargo, el impacto reputacional ya está en juego, especialmente en un gobierno que hizo de la austeridad y la transparencia uno de sus principales estandartes.
La Justicia levantó el secreto fiscal y bancario de Adorni y su esposa, lo que permitirá acceder al detalle de consumos con tarjeta y movimientos financieros. Además, continúa la búsqueda de información sobre el alojamiento en Aruba y otros gastos asociados a viajes recientes.
En paralelo, el jefe de Gabinete se prepara para presentarse el 29 de abril ante la Cámara de Diputados, donde deberá brindar su primer informe de gestión. Allí tendrá que responder más de 2.000 preguntas formuladas por legisladores, entre ellas decenas vinculadas a sus bienes, consumos y viajes al exterior, en un contexto atravesado por el avance de la investigación judicial.