La emergencia alimentaria se instala en Diputados y reaviva la disputa por la asistencia social
La suspensión por 90 días del Programa Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria (MESA) volvió a encender el debate político en la provincia de Buenos Aires. La decisión del gobierno de Axel Kicillof de reordenar la política alimentaria en un contexto de caída de recursos derivó en cuestionamientos cruzados sobre prioridades presupuestarias, alcance de la asistencia y el impacto directo en escuelas, comedores y dispositivos comunitarios.
En ese escenario, el eje del conflicto gira en torno a la reconfiguración del sistema de ayuda alimentaria, con el Servicio Alimentario Escolar (SAE) como columna vertebral. La Provincia argumenta que busca concentrar recursos en ese esquema, mientras sectores opositores advierten que la medida deja vacíos en la cobertura de miles de familias en situación de vulnerabilidad.
La decisión de suspender el MESA —un refuerzo alimentario creado durante la pandemia y extendido como complemento del SAE— fue formalizada a comienzos de mayo y generó un inmediato efecto político. La medida impacta sobre un esquema que alcanzaba a estudiantes en situación de vulnerabilidad y que, según la administración bonaerense, se sostenía en un contexto de fuerte restricción presupuestaria y caída de transferencias nacionales.
Desde el Ejecutivo provincial sostienen que la reorientación de partidas busca garantizar la continuidad del sistema escolar de alimentación, priorizando la entrega diaria en las escuelas por sobre los módulos complementarios. Sin embargo, el anuncio reactivó críticas de distintos bloques legislativos, que cuestionan tanto la oportunidad como la profundidad del recorte.
En medio de ese clima, el jefe de la bancada de los libertarios dialoguistas en la Cámara de Diputados bonaerense, Martín Rozas, se plegó al reclamo por la emergencia alimentaria y presentó un proyecto para reforzar las partidas destinadas a comedores comunitarios, merenderos, Unidades de Desarrollo Infantil, Centros de Día y hogares de ancianos.
El legislador planteó la necesidad de garantizar la asistencia a todos los dispositivos que reciben cupos del Estado provincial y advirtió sobre el crecimiento de la demanda social. En su diagnóstico, el deterioro económico “viene de años, pero se aceleró en el último tiempo”, lo que —según sostuvo— pone en riesgo el acceso a la alimentación como derecho básico.
Rozas también alertó sobre el desborde en comedores populares y la insuficiencia de las partidas actuales. En ese marco, impulsó la creación de un Consejo Provincial de Emergencia Alimentaria con participación de funcionarios, organizaciones sociales, especialistas y representantes del sector privado, con el objetivo de coordinar políticas y diseñar un mapa de situación nutricional en todo el territorio bonaerense.
Un debate que atraviesa a todo el arco político
La discusión por el MESA no quedó restringida a la oposición. Dentro del propio oficialismo surgieron matices y cruces internos sobre el alcance de la medida y la estrategia de reasignación de recursos. El senador Mario Ishii impulsó un proyecto para declarar la “Emergencia Alimentaria y Nutricional” por 18 meses, con el objetivo de incrementar partidas y priorizar la asistencia.
La iniciativa, si bien apunta al Gobierno nacional, incluyó un mensaje hacia la administración bonaerense: “La provincia no solo tiene la facultad, sino el deber jurídico indelegable de intervenir”, planteó, en referencia al artículo 36 de la Constitución provincial.
Consultado por las críticas internas, el titular del bloque oficialista en la Cámara Alta, Sergio Berni, no suavizó el tono: “Tenemos cada tarados nosotros también, no puedo hacerme responsable de cada uno”, disparó, aunque valoró que el debate se dé dentro del peronismo y puso el foco en la necesidad de “reorganizar el programa MESA” para distribuir los recursos de manera “lo más equitativamente posible”.
A esto se suman reclamos de distintos bloques legislativos que exigen informes, recomposición inmediata o incluso la declaración de la emergencia alimentaria y nutricional en la provincia. El punto común entre las distintas posturas es la preocupación por el aumento de la demanda en escuelas y comedores, en un contexto de fuerte presión social.
Desde el gobierno bonaerense insisten en que la suspensión del MESA es transitoria y forma parte de un proceso de reorganización del gasto social. En paralelo, remarcan que se reforzaron otros programas como el SAE y distintas líneas de asistencia territorial.
El debate, sin embargo, sigue abierto y se desplaza ahora al terreno legislativo, donde el proyecto de Rozas busca instalar la discusión sobre una posible emergencia alimentaria con alcance provincial. En ese marco, la pulseada política promete escalar en los próximos días, con nuevas presentaciones, pedidos de informes y cruces entre bloques.