Salarios, deuda y conflictividad: las tres variables que condicionan la paritaria bonaerense
La reapertura simultánea de las paritarias docente y estatal dejó una señal política difícil de pasar por alto para la administración de Axel Kicillof. En ambas mesas, los gremios llegaron con un reclamo común: recuperar el poder adquisitivo perdido frente a la inflación. Sin embargo, el Gobierno bonaerense optó por postergar una definición salarial y concentró buena parte de las conversaciones en otros temas, desde la actualización de asignaciones familiares hasta un plan de refinanciación de deudas para trabajadores públicos.
La decisión dejó abiertas las negociaciones más sensibles de la Provincia en un contexto atravesado por restricciones presupuestarias, reclamos por condiciones laborales y una creciente preocupación sindical por el deterioro de los ingresos.
La semana pasada, la administración bonaerense reunió por separado a los representantes de los trabajadores estatales comprendidos en la Ley 10.430 y a los gremios docentes nucleados en el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB).
Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, en la mesa estatal participaron el ministro de Economía, Pablo López; el ministro de Trabajo, Walter Correa; y el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo. Allí se confirmó el pago del medio aguinaldo junto con los salarios de junio y una actualización del 30% en las asignaciones familiares.
Un día después, la reunión docente repitió el esquema. Con representantes de Trabajo, Hacienda, Educación, Banco Provincia e IPS, el Ejecutivo volvió a evitar una definición sobre haberes y dejó pendiente una nueva convocatoria.
Uno de los aspectos más llamativos de ambas negociaciones fue la participación del Banco Provincia. La presencia de Cuattromo estuvo vinculada a la presentación de un programa especial de refinanciación para empleados públicos con problemas de endeudamiento.
El esquema contempla tasas preferenciales y plazos de hasta seis años para trabajadores con ingresos inferiores a cuatro salarios mínimos que registren atrasos en préstamos o tarjetas de crédito. La medida respondió a planteos realizados por los gremios.
Docentes: salarios, violencia y condiciones laborales
Si bien el reclamo salarial ocupó el centro de la escena, la agenda docente estuvo lejos de limitarse a los ingresos. El FUDB, integrado por SUTEBA, FEB, SADOP, UDOCBA, AMET y UDA, reclamó una "urgente recomposición salarial" y exigió que cualquier acuerdo permita recuperar poder adquisitivo frente a la inflación.
Pero además llevó a la mesa una extensa lista de planteos vinculados a las condiciones laborales, el sistema de licencias, las titularizaciones pendientes, la situación de IOMA, la defensa del IPS y el derecho a la desconexión laboral.
Entre los reclamos que más crecieron durante los últimos meses aparece la preocupación por los episodios de violencia dentro de las escuelas bonaerenses.
El caso más impactante ocurrió en Tandil, donde el docente Gastón Maximiliano Valdez sufrió fracturas en la mandíbula y en uno de los pómulos luego de ser agredido por un alumno de 17 años dentro del aula.
A ese episodio se sumaron denuncias recientes en Chacabuco y Florencio Varela. En el primer distrito, SUTEBA alertó sobre amenazas sufridas por una profesora de una escuela técnica. En el segundo, la FEB y el Frente de Unidad Docente local impulsaron un paro y una marcha de antorchas tras una serie de agresiones registradas en establecimientos educativos.
La cuenta regresiva antes del cierre de junio
La principal presión sobre el Gobierno tiene ahora un componente temporal. Los gremios pretenden que cualquier mejora impacte en las próximas liquidaciones y tenga incidencia sobre el medio aguinaldo.
Por eso reclaman una nueva convocatoria antes del cierre de los procesos administrativos de junio. Hasta ahora, la Provincia evitó adelantar porcentajes y mantiene bajo reserva el alcance de una eventual oferta.
Lo que dejaron ambas paritarias, sin embargo, fue algo más profundo que una discusión pendiente sobre salarios. Las mesas de negociación expusieron un malestar que combina pérdida de poder adquisitivo, creciente dependencia del crédito para llegar a fin de mes y conflictos laborales que se multiplican en distintos sectores del Estado.
Con ese cuadro de fondo, la próxima ronda de conversaciones será observada como algo más que una negociación salarial: será una señal sobre el margen de maniobra que conserva la Provincia para contener demandas cada vez más amplias en un contexto de fuertes restricciones económicas.