Paritaria empantanada y paro docente: los ejes de un conflicto que escala
Los gremios docentes bonaerenses AMET, FEB, SUTEBA y UDOCBA convocaron a un paro provincial para este martes 30 de junio, en una medida que vuelve a poner la discusión salarial en el centro de la agenda del Gobierno de Axel Kicillof.
La protesta no incluye a los docentes privados nucleados en SADOP y se inscribe en un reclamo que combina varios frentes: reapertura urgente de paritarias, recomposición de los ingresos, respuestas ante los hechos de violencia en las escuelas, mejores condiciones laborales, defensa de la educación técnica, preocupación por el régimen previsional y cuestionamientos por el funcionamiento de IOMA.
La medida llega después de una reunión paritaria en la que la Provincia no presentó una nueva oferta salarial. En ese encuentro, el Frente de Unidad Docente Bonaerense planteó una agenda amplia de reclamos y el Gobierno informó una suba del 30% en los montos y topes de las asignaciones familiares, pero no avanzó con una propuesta de aumento para los haberes.
El dato no pasó inadvertido en las conducciones sindicales. Con los salarios de junio ya liquidados y sin una convocatoria con números concretos sobre la mesa, el conflicto docente empezó a tomar otra temperatura. En paralelo, estatales y judiciales también formalizaron pedidos de reapertura paritaria, por lo que la discusión salarial dejó de ser un reclamo sectorial y pasó a convertirse en un problema más amplio para la administración bonaerense.
Los gremios reclaman salarios y respuestas ante la violencia escolar
AMET, FEB, SUTEBA y UDOCBA fundamentaron la convocatoria en la falta de respuestas frente a demandas que, según señalaron, vienen sosteniendo desde hace tiempo. El primer punto del planteo apunta a los hechos de violencia en establecimientos educativos, una problemática que los sindicatos describen como un flagelo social que requiere un abordaje multisectorial y urgente.
Las organizaciones reclamaron la plena implementación del Acuerdo Paritario de Prevención, Erradicación, Resguardo y Reparación, además de un protocolo complementario. También pidieron la aplicación de la legislación vigente para que sean penalizados los delitos y las contravenciones, la realización de jornadas institucionales y medidas concretas que garanticen la integridad psicofísica de docentes, estudiantes y de toda la comunidad educativa.
El planteo sindical se apoya en una preocupación que creció dentro de las escuelas. En los últimos meses, los gremios advirtieron por episodios de agresiones de alumnos y también de familiares hacia docentes, una situación que, según remarcan, deteriora el clima escolar y profundiza el malestar laboral.
Pero el eje central de la protesta sigue siendo el salario. Los sindicatos exigen una propuesta que permita recomponer el poder adquisitivo perdido frente al avance de la inflación y el aumento del costo de vida. El pedido apunta tanto al Gobierno provincial, por la reapertura urgente de la paritaria, como al Gobierno nacional, por la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente y de recursos que, según denuncian, fueron recortados para el sistema educativo.
La paritaria quedó sin oferta salarial
El conflicto se aceleró después de la última reunión de la Comisión Paritaria Docente, de la que participaron autoridades de los ministerios de Trabajo y Economía, la Dirección General de Cultura y Educación, el Banco Provincia y el Instituto de Previsión Social.
En esa instancia, el Frente de Unidad Docente Bonaerense llevó una serie de planteos que excedieron la discusión estrictamente salarial. Además de la recomposición de los ingresos, reclamó la aplicación del acuerdo ante situaciones de violencia en las escuelas, respuestas sobre el Régimen Académico, avances en inclusión educativa, garantías sobre licencias y definiciones vinculadas al Decreto 900.
También se pusieron sobre la mesa la desconexión digital fuera del horario laboral, la culminación del proceso de titularización en la educación técnica, el Convenio Colectivo de Trabajo y la modificación de normativas relacionadas con la organización institucional de las escuelas.
La Provincia, sin embargo, no presentó una oferta salarial. Ese punto terminó de encender la alarma entre los gremios, que venían reclamando una actualización antes del cierre de las próximas liquidaciones para evitar que una eventual mejora vuelva a quedar postergada.
En el plano político, la protesta tiene un peso adicional: aparece como una medida de alcance mayoritario dentro del sector docente bonaerense, con participación de los principales gremios estatales de la educación pública. Hasta ahora, dentro del Frente de Unidad Docente Bonaerense, la FEB había sido el gremio que había avanzado con una medida de fuerza propia en disconformidad con las discusiones salariales.
La presión también viene desde las bases
La convocatoria al paro se da en un escenario de mayor fragmentación y presión interna en el mundo docente. Sectores disidentes como SUTEBA Multicolor, vinculados a espacios de izquierda, ya venían impulsando protestas bajo consignas centradas en la pérdida salarial y las condiciones de trabajo.
A ese mapa se suma la irrupción de la Asociación de Maestros de la Provincia de Buenos Aires, que comenzó a ganar visibilidad en distintas discusiones del sector. Ese movimiento expresa un dato que inquieta a las conducciones tradicionales: el malestar ya no se ordena únicamente desde las cúpulas gremiales, sino que también crece desde las escuelas.
Semanas atrás, la secretaria general de SUTEBA, María Laura Torre, había sintetizado el reclamo con una frase que volvió a cobrar fuerza tras la falta de avances en la negociación: “Los salarios hay que fortalecerlos”. La definición, en este contexto, quedó asociada a una demanda concreta de reapertura paritaria y a la necesidad de que la Provincia acerque una oferta capaz de recomponer ingresos.
Además del salario y la violencia escolar, los gremios incluyeron otros reclamos que forman parte de la agenda docente. Denunciaron una sobrecarga de tareas y pidieron garantizar la desconexión total y el respeto de la jornada laboral.
En esa línea, reclamaron modificaciones concretas del Régimen Académico y advirtieron que el incremento de la jornada laboral no puede seguir siendo naturalizado. También exigieron que, ante la baja de natalidad, no haya docentes sin trabajo y pidieron la derogación de las resoluciones 3367 y 333.
Otro de los puntos sensibles es la educación técnico profesional. Los sindicatos reclamaron al Gobierno nacional la restitución del financiamiento destinado a ese sector y advirtieron que el recorte de recursos compromete la formación de miles de jóvenes y pone en riesgo el desarrollo de una educación técnica pública, inclusiva y de calidad.
La preocupación también alcanza al régimen previsional. Las organizaciones docentes manifestaron su rechazo a eventuales cambios impulsados desde Nación que puedan impactar sobre el Instituto de Previsión Social y sobre los derechos jubilatorios de los trabajadores de la educación.
A ese cuadro se suma IOMA. Los gremios demandaron que la obra social garantice prestaciones adecuadas y oportunas para las y los docentes bonaerenses, en medio de cuestionamientos que también atraviesan a otros sectores de trabajadores estatales.