“¿Se concreta la devolución de favores?”: crecen las sospechas por una designación que sacude la causa $LIBRA
El nombramiento de una nueva jueza federal en el oeste del conurbano bonaerense abrió otro frente de cuestionamientos políticos para el Gobierno de Javier Milei y volvió a colocar a la causa $LIBRA en el centro de la escena. La designada es Ana María Cristina Juan, esposa del juez Marcelo Martínez de Giorgi, magistrado que actualmente tiene a su cargo la investigación relacionada con la promoción de la criptomoneda por parte del Presidente.
La decisión quedó formalizada mediante el Decreto 589/2026, publicado el miércoles 15 de julio en el Boletín Oficial. La norma lleva las firmas de Milei y del ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, y designa a Juan como titular del Juzgado Federal de Primera Instancia de Hurlingham.
Aunque el pliego había atravesado el procedimiento correspondiente en el Senado y contaba con dictamen favorable, la relación familiar de la flamante magistrada con el juez que conduce uno de los expedientes más sensibles para la Casa Rosada disparó nuevas repercusiones en la oposición.
Uno de los primeros en reaccionar fue el diputado nacional Maximiliano Ferraro, presidente de la Coalición Cívica ARI y ex titular de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados que analizó el caso $LIBRA.
“Tomá pa’ vos. Tomá pa’ mí. ¿Se concreta la devolución de favores?”, publicó Ferraro en su cuenta de X al conocerse la oficialización del nombramiento.
La frase condensó el manto de sospechas que comenzó a crecer en sectores de la política por la cercanía temporal entre la designación y una resolución adoptada por Martínez de Giorgi dentro del expediente. Sin embargo, hasta el momento no se difundieron pruebas que permitan establecer una relación causal entre ambas decisiones.
El nombramiento que reavivó la polémica
Ana María Cristina Juan cuenta con una extensa trayectoria dentro del Poder Judicial. Se desempeñó durante años como funcionaria de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, uno de los tribunales más relevantes de Comodoro Py, y llegó a la instancia de designación luego de participar en el concurso correspondiente.
Su postulación para ocupar el Juzgado Federal de Primera Instancia de Hurlingham fue remitida al Senado por el Poder Ejecutivo. El expediente recibió dictamen favorable de la Comisión de Acuerdos, que evaluó sus antecedentes profesionales, académicos y su desempeño durante la audiencia pública.
El Senado otorgó posteriormente el acuerdo requerido por el artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional. Para completar el procedimiento solo restaba la firma del Presidente, que finalmente llegó mediante el Decreto 589/2026.
Juan había quedado afuera del primer grupo de nombramientos oficializados por el Ejecutivo el 25 de junio. Aquella tanda incluyó alrededor de 47 designaciones judiciales, entre magistrados, defensores y otros funcionarios, pero no contempló inicialmente su incorporación al juzgado de Hurlingham.
La demora cobró relevancia política porque el Gobierno había sostenido que no avanzaría con ciertas designaciones en dependencias que todavía no se encontraban plenamente constituidas o que presentaban dificultades operativas. En el caso de Hurlingham, el juzgado había sido creado años atrás, pero todavía no contaba con una titular definitiva.
La nueva magistrada tendrá competencia territorial sobre Hurlingham, Ituzaingó y Merlo. Además, la Cámara Federal de San Martín solicitó que colabore temporalmente con las vacantes existentes en los juzgados federales de Moreno y Morón, que continúan funcionando bajo un régimen de subrogancias.
La resolución de Martínez de Giorgi en la causa $LIBRA
El cuestionamiento de Ferraro no se limitó al parentesco entre Juan y Martínez de Giorgi. La designación fue conocida pocos días después de que el juez federal resolviera apartar a varios particulares que intervenían como querellantes en la causa $LIBRA.
La medida hizo lugar a un planteo de la defensa de Mauricio Novelli, empresario investigado por sus presuntos vínculos con el lanzamiento y la operatoria del activo digital. Como consecuencia, los inversores excluidos quedaron momentáneamente imposibilitados de acceder de manera plena al expediente, solicitar nuevas pruebas o impulsar acusaciones a través de sus representantes.
Los abogados de las querellas apelaron la resolución. La Cámara Federal porteña deberá revisar ahora la decisión y determinar si confirma el criterio de Martínez de Giorgi o permite que los damnificados recuperen su participación activa en el proceso. Mientras tanto, la acusación pública continúa en manos del fiscal federal Eduardo Taiano.
Ferraro ya había cuestionado duramente esa resolución antes de conocerse el nombramiento de Juan. El legislador calificó el desarrollo del expediente como “un paso a paso de impunidad y devolución de favores” y acusó al juez y al fiscal de haber demorado medidas de prueba durante más de un año.
El diputado también advirtió que el apartamiento de los querellantes dejaba el impulso de la investigación principalmente en manos de una fiscalía cuya actuación viene siendo objetada por sectores opositores.
Ferraro endureció sus acusaciones
Tras la oficialización de la jueza de Hurlingham, Ferraro vinculó políticamente ambos episodios y redobló sus críticas contra el funcionamiento de la investigación.
“En la causa $LIBRA no solo debe investigarse la estafa y la situación de los particulares damnificados, sino también al Presidente de la Nación y a su hermana por la posible comisión de delitos de tráfico de influencias, cohecho y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. Los estamos observando”, sostuvo.
Ferraro presidió durante 2025 la comisión investigadora creada en la Cámara de Diputados para analizar la actuación de funcionarios nacionales en el caso. Desde ese lugar, promovió pedidos de informes y cuestionó tanto al Gobierno como a los responsables de la investigación penal.
En marzo de 2026, distintos diputados que habían integrado aquella comisión anunciaron presentaciones contra el fiscal Taiano por presunto entorpecimiento y posible encubrimiento. Ferraro sostuvo entonces que el episodio debía ser analizado no solo como una eventual estafa contra inversores, sino también como un posible caso de corrupción asociado al uso de la investidura presidencial.
Las declaraciones del legislador constituyen acusaciones políticas y no implican que los delitos mencionados hayan sido comprobados. La investigación continúa abierta y todavía no existe una resolución definitiva sobre la responsabilidad penal de Milei, su hermana Karina Milei, los empresarios involucrados o el resto de las personas mencionadas en el expediente.