Alarma por la Ley de Biocombustibles de Milei: el riesgo para las pymes bonaerenses
El Gobierno de Javier Milei busca cambiar las reglas de los biocombustibles y en la provincia de Buenos Aires ya advierten por el impacto sobre las pymes. La reforma que impulsa La Libertad Avanza en el Senado eleva los cortes obligatorios y abre el mercado a empresas integradas, una modificación que genera preocupación entre las plantas regionales por el riesgo de una mayor concentración de la actividad.
El debate tiene como eje el proyecto presentado por la senadora Patricia Bullrich que tramita bajo el expediente S-809/26 y propone establecer un nuevo marco regulatorio para los biocombustibles en todo el país. La iniciativa, que ingresó al Senado el 14 de mayo de 2026, plantea elevar el corte obligatorio de biodiésel y bioetanol, modificar las reglas de comercialización y permitir el ingreso de empresas integradas al mercado interno. El expediente fue girado a las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda.
La propuesta forma parte de un debate más amplio: actualmente existen varios proyectos para modificar la Ley 27.640, sancionada en 2021 y vigente hasta el 31 de diciembre de 2030. La norma establece el marco para la elaboración, almacenamiento, comercialización y mezcla de biocombustibles y mantiene a la Secretaría de Energía como autoridad de aplicación.
El planteo oficialista busca extender el horizonte regulatorio y modificar algunos de los mecanismos que actualmente ordenan el mercado. Entre los principales cambios aparece el aumento del corte obligatorio de biodiésel con gasoil hasta el 10% y del bioetanol con naftas hasta el 15%, además de una mayor apertura del mercado y modificaciones en el esquema de comercialización.
El punto que encendió las alarmas en Buenos Aires está precisamente en esa apertura. El proyecto contempla el ingreso al mercado interno de empresas integradas, es decir, compañías que además de producir biocombustibles participan de otras etapas de la cadena, como la elaboración de aceite vegetal o harina proteica. Para las pymes regionales, esa modificación puede alterar el equilibrio actual del mercado.
La pelea por el mercado interno
La discusión no pasa solamente por aumentar el uso de biocombustibles. El punto más sensible es quiénes tendrán capacidad para abastecer el mercado interno una vez que cambien las reglas.
La Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB) cuestionó el proyecto durante el debate parlamentario y advirtió que una apertura sin mecanismos específicos para las plantas regionales podría reducir su participación en el mercado. La entidad planteó, entre otras alternativas, elevar el corte obligatorio de biodiésel y establecer un esquema que contemple las diferencias entre empresas integradas y pymes.
El argumento de las empresas regionales parte de una diferencia estructural. Las plantas más pequeñas compran la materia prima, principalmente aceite de soja, para transformarla en biodiésel, mientras que los grandes grupos integrados participan también de la producción y comercialización de los insumos que necesitan las elaboradoras.
Para las pymes, esa integración puede traducirse en una ventaja de escala difícil de compensar. Por eso, el reclamo que llegó al Congreso apunta a evitar que la apertura del mercado termine derivando en una mayor concentración de la oferta.
El propio debate en el Senado refleja que no existe una única propuesta sobre la mesa. En las reuniones informativas fueron analizados proyectos de Beatriz Ávila, José Carambia y Natalio Gadano, Alejandra Vigo y Carlos Espínola, Patricia Bullrich y Flavia Royón, entre otros.
La discusión, de esta manera, excede la iniciativa de La Libertad Avanza y se transformó en una disputa sobre el diseño que tendrá el mercado de biocombustibles durante los próximos años.
El reclamo bonaerense
En Buenos Aires, uno de los dirigentes que tomó el tema es el diputado provincial de Fuerza Patria Alejandro Acerbo. El legislador, exintendente de Daireaux, presentó un proyecto en la Legislatura bonaerense para expresar su preocupación por el tratamiento de la reforma nacional y advertir sobre las consecuencias que podría tener para las empresas radicadas en la Provincia.
Acerbo sostuvo que la actualización del marco regulatorio puede ser positiva si permite aumentar los cortes, incorporar nuevas tecnologías, diversificar la matriz energética y ampliar las inversiones. El problema, según su planteo, aparece cuando esos objetivos se persiguen sin mecanismos que contemplen las diferencias entre las pymes regionales y los grandes grupos económicos.
En los fundamentos de su iniciativa, el diputado señaló que la provincia de Buenos Aires concentra una parte relevante de las plantas pymes del sector y que esas industrias tienen un peso particular en las economías del interior. De acuerdo con los datos citados por Acerbo, son diez las plantas bonaerenses dentro de las 25 empresas pymes regionales del país y representan alrededor del 35% del biodiésel destinado al mercado interno.
El legislador también puso el foco en el impacto territorial. Según detalló, la actividad genera aproximadamente 1.500 puestos de trabajo directos y unos 8.000 indirectos, además de sostener movimiento económico en localidades del interior donde las alternativas industriales son más acotadas.
Por eso, el reclamo bonaerense no se limita a defender a un sector empresario. La discusión incorpora el impacto sobre el empleo industrial, el agregado de valor en origen y la permanencia de actividad económica en las zonas productivas.
La advertencia del Gobierno bonaerense
La preocupación también fue planteada por el ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, quien cuestionó el alcance de la reforma impulsada desde el Congreso.
El funcionario de la gestión de Axel Kicillof sostuvo que el nuevo esquema podría favorecer a las grandes empresas y afectar a las pymes radicadas en el interior bonaerense. En particular, advirtió sobre el riesgo de una mayor concentración si las empresas integradas obtienen acceso al mercado interno en condiciones que las plantas regionales no puedan igualar.
Rodríguez también puso en discusión el objetivo productivo de la reforma. Para el Gobierno bonaerense, aumentar el uso de biocombustibles puede representar una oportunidad para generar más valor agregado, fortalecer las economías regionales y ampliar la producción energética de origen nacional, pero el cambio regulatorio debería preservar la capacidad instalada existente.
La Provincia sostiene que el desarrollo del sector no debería quedar limitado a una mayor participación de los grandes grupos, sino que debería contemplar el entramado industrial que se fue construyendo alrededor de las plantas regionales.
La seguridad jurídica también entra en la discusión
Otro de los argumentos planteados por Acerbo apunta a las inversiones realizadas bajo el régimen vigente. La Ley 27.640 fue sancionada en 2021 y establece su vigencia hasta fines de 2030. Para las empresas que realizaron inversiones de largo plazo tomando como referencia ese marco, una modificación anticipada de las reglas genera interrogantes sobre la recuperación de esas inversiones y sobre las condiciones en las que deberán competir a futuro.
Por eso, desde la oposición bonaerense reclaman que cualquier transición hacia un nuevo régimen sea gradual y contemple la situación de las plantas que ya están funcionando.
La discusión sobre la seguridad jurídica se cruza así con el debate productivo: mientras el Gobierno nacional plantea un mercado con mayor apertura y competencia, las pymes regionales buscan garantías para sostener su participación y evitar que el cambio regulatorio termine modificando de manera abrupta el escenario en el que realizaron sus inversiones.
El reclamo bonaerense forma parte de una discusión que también atraviesa a otras provincias productoras. La preocupación de las plantas regionales se concentra especialmente en los distritos donde la actividad fue promovida como una herramienta para agregar valor a la producción agrícola cerca de los lugares de origen.
En ese escenario, la reforma puede convertirse en una pulseada entre dos modelos. Por un lado, una apertura que permita incorporar nuevos actores, aumentar la competencia y atraer inversiones. Por otro, un esquema que preserve una participación para las plantas regionales y evite que la integración vertical de los grandes grupos termine desplazando a las pymes.