Detención, desmentida y suspensión: qué informó la Provincia sobre Albertina Mangini
Axel Kicillof salió este miércoles a desmentir que Albertina Mangini, detenida en una causa por una presunta maniobra financiera millonaria, forme parte de su gobierno. El gobernador bonaerense precisó que la mujer pertenece al Poder Judicial y negó que haya tenido una relación laboral con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
“La persona demorada es una empleada del Poder Judicial de la Provincia que no tiene ni tuvo ninguna vinculación laboral con el Ministerio de Justicia”, afirmó Kicillof en sus redes sociales. El mandatario también reclamó que la información fuera rectificada por los mismos canales en los que se había presentado a Mangini como integrante de su administración.
La precisión no discute la investigación penal ni la detención. El planteo de la Provincia apunta a establecer la pertenencia institucional de Mangini: integra la planta del Ministerio Público bonaerense, conducido por el procurador general Julio Conte Grand, y no la estructura del Poder Ejecutivo.
Una oficina de coordinación, no un cargo en el Ejecutivo
La Procuración General detalló que Mangini “es de la planta del Ministerio Público, se desempeña en la oficina de coordinación con el Patronato de Liberados y funcionalmente depende de Fiscalía de Cámara de La Plata”. Según el organismo, fue esa fiscalía la que le asignó la función.
El dato permite ordenar una confusión originada por el lugar donde desarrollaba tareas. El Patronato de Liberados Bonaerense, dirigido por Aníbal Hnatiuk, es un organismo descentralizado que funciona en la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, pero la oficina de coordinación mencionada por la Procuración no convertía a Mangini en empleada del Patronato ni del ministerio.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena, sostuvo que la detenida “no trabaja ni trabajó nunca en el Patronato de Liberados de la provincia de Buenos Aires” y remarcó: “Es una funcionaria judicial de la Procuración General de la provincia. No tiene absolutamente nada que ver con el Poder Ejecutivo provincial”.
De acuerdo con la explicación oficial incorporada al material, la articulación se originó en un convenio implementado durante la gestión de María Eugenia Vidal. Algunas personas con penas de ejecución condicional debían presentarse ante esa sede judicial durante parte de la supervisión. Ese mecanismo habría permitido que la funcionaria accediera a información de personas condenadas, una circunstancia que ahora forma parte de la pesquisa.
La causa que investiga movimientos millonarios
Mangini fue detenida el martes por orden de la fiscal Betina Lacki, titular de la UFI N°2 de La Plata. La imputación incluye asociación ilícita, defraudación mediante el presunto uso indebido de datos digitales y lavado de activos, con agravantes vinculados con la habitualidad atribuida y su condición de funcionaria pública. El expediente está bajo intervención del juez de Garantías N°6 de La Plata, Agustín Carlos Crispo.
La hipótesis fiscal sostiene que una presunta organización habría captado a personas en situación de vulnerabilidad, entre ellas algunas vinculadas con el sistema penal, para obtener documentación, fotografías y datos biométricos. A cambio, según la acusación, les ofrecían hasta $80.000. Esa información habría sido utilizada para abrir cuentas en billeteras virtuales y mover fondos que provendrían del juego clandestino.
El volumen investigado rondaría los $27.000 millones. Una parte de la operatoria habría consistido en fragmentar transferencias entre numerosas cuentas para dificultar la trazabilidad del dinero y darle apariencia lícita mediante créditos y supuestas ganancias de un casino clandestino.
En allanamientos realizados en La Plata, Quilmes, Mar del Plata y Córdoba se secuestraron dinero, dispositivos y un automóvil BMW. Se trata de la hipótesis de la fiscalía y todavía no existe una sentencia que determine responsabilidades.
Además de Mangini, fueron detenidos Mauro Perrotta e Ignacio Leonel Marchioni. La documentación difundida también menciona a Juan Ignacio Campoli Sillero, Catriel Taubenschlag y Cristian Alejandro Scigliano. Taubenschlag negó estar imputado o tener una orden de detención y sostuvo que las transferencias recibidas durante 2023 correspondían a una actividad declarada de arbitraje de criptomonedas.
Marchioni aparece mencionado en otro expediente relacionado con Sur Finanzas, tramitado por el juez federal de Lomas de Zamora Juan Tomás Rodríguez Ponte y la fiscal Cecilia Incardona. La existencia de un eventual enlace entre ambas investigaciones todavía debe ser establecida judicialmente. Mangini y Perrotta se negaron a declarar, mientras Marchioni afirmó que se dedicaba al “corretaje y las inversiones”.
Suspendida desde febrero de 2025
La Procuración informó que Mangini enfrenta, además de la causa penal, un procedimiento interno ante la Secretaría de Control Disciplinario y Enjuiciamiento. El trámite comenzó cuando avanzó la investigación y corre en paralelo al expediente judicial. Como no es magistrada sino funcionaria, el organismo explicó que no corresponde un juicio político; una eventual condena penal podría derivar en su exoneración.
La medida administrativa antecede a la detención: Mangini se encuentra suspendida desde febrero de 2025 por la gravedad de los hechos imputados. “Esa suspensión es cautelar y renovable cada 90 días. Una vez que es citada a declaración del artículo 308 del Código Procesal Penal se aplica una suspensión no renovable que dura hasta la finalización de la causa penal”, precisaron desde la Procuración.