El Régimen Penal Juvenil chocó con la realidad bonaerense: “Sin presupuesto no se puede llevar adelante”
El senador bonaerense Sergio Berni sumó su voz al debate por el nuevo Régimen Penal Juvenil. Aunque volvió a defender la necesidad de discutir la edad de imputabilidad, cuestionó con dureza la ley sancionada por el Congreso y coincidió con el diagnóstico que llevó a la Justicia a suspender su aplicación en la provincia de Buenos Aires.
“Era totalmente necesario, pero de la manera en que se llevó adelante fue una decisión espasmódica y marketinera”, sostuvo el exministro de Seguridad provincial a LaBrújula24. Además, apuntó contra la falta de financiamiento: “Esta ley sin presupuesto no se puede llevar adelante. Si queremos reeducar a un chico, tenemos que generar las condiciones y para eso hay que poner plata, y este Gobierno, si hay algo que no pone, es plata”.
Además, calificó la implementación como “totalmente inviable” y advirtió que encerrar adolescentes sin herramientas educativas, psicológicas y sociales puede agravar el problema que la reforma busca resolver.
Cabe recordar que la Ley 27.801 redujo de 16 a 14 años la edad a partir de la cual un adolescente puede ser penalmente responsable. El nuevo esquema entró en vigencia el 5 de septiembre, pero apenas dos días después quedó suspendido durante 60 días en territorio bonaerense.
La medida fue dispuesta por la titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 de Lomas de Zamora, Marta Elba Pascual, a partir de un hábeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo.
La magistrada no declaró inconstitucional la ley ni anuló la baja de la edad. Su resolución frenó provisoriamente la aplicación para determinar si el Estado cuenta con establecimientos adecuados, equipos especializados y capacidad suficiente para recibir a un universo mayor de adolescentes.
“¿Puede el Estado ampliar el universo de personas adolescentes sometidas al sistema de responsabilidad penal sin crear las condiciones materiales y profesionales indispensables?”, planteó Pascual en su fallo.
La pregunta apunta al núcleo del conflicto. El Congreso modificó quiénes pueden ingresar al sistema penal, pero la ejecución de las medidas recae, en buena parte, sobre las provincias. En Buenos Aires, donde vive casi el 40% de la población del país, cualquier ampliación de la franja alcanzada produce un impacto inmediato sobre juzgados, fiscalías, defensorías, centros cerrados y dispositivos de acompañamiento.
Berni apoyó el objetivo, pero cuestionó el instrumento
Berni sostuvo que la discusión fue reducida a un número sin una justificación suficiente. Según planteó ante LaCielo, los legisladores que aprobaron la reforma no podrían explicar por qué se fijaron los 14 años y no otra edad.
El senador propone evaluar individualmente si el menor comprendió la criminalidad del hecho, mediante pericias especializadas, en lugar de establecer solamente un límite cronológico. También advirtió que las organizaciones delictivas pueden responder al cambio reclutando chicos aún más jóvenes.
“Si usted pone 14 años, mañana ya están todas las organizaciones de narcotraficantes buscando menores de 12 años porque son inimputables”, afirmó.
El dirigente de Fuerza Patria puso especial énfasis en el objetivo de resocialización. Para Berni, incorporar más adolescentes a un sistema que no ofrece educación, capacitación laboral, tratamiento psicológico ni seguimiento profesional puede convertir los establecimientos en simples lugares de encierro.
“En la provincia de Buenos Aires, esos chicos van a parar a institutos de menores que no son más que depósitos de chicos con problemas de conducta y problemas de delincuencia, y que no tienen ninguna finalidad ni ningún proceso de resocialización”, cuestionó.
El sistema bonaerense que recibe la reforma
El problema no empieza con la nueva legislación. El sistema penal juvenil bonaerense ya afrontaba dificultades antes de que se ampliara la población alcanzada.
A fines de 2025, la Provincia registraba alrededor de 1.530 adolescentes y jóvenes privados de la libertad en distintos dispositivos. Cerca del 20% de los nuevos ingresos correspondía a menores de 15 años, que podían quedar sujetos a medidas de protección o seguridad, aunque no fueran penalmente responsables bajo el régimen anterior.
La reducción de la edad agrega una responsabilidad diferente: esos adolescentes ahora pueden atravesar un proceso penal, recibir una condena y ser alcanzados por medidas que incluyen desde tareas comunitarias y restricciones de acercamiento hasta privación de la libertad para los delitos más graves.
La ley prohíbe alojarlos junto con adultos y contempla programas educativos, asistencia psicológica y capacitación laboral. El problema señalado por la Justicia y por el Gobierno bonaerense es que esos derechos escritos en la norma requieren nuevos establecimientos, equipos interdisciplinarios, docentes, operadores, jueces, fiscales y defensores. Sin esa estructura, la Provincia advierte que el régimen corre el riesgo de quedar limitado al encierro.
En paralelo, la suspensión profundizó el enfrentamiento entre el Gobierno nacional y la administración de Axel Kicillof. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, acusó al gobernador de guardar silencio y sostuvo que, con la medida judicial, un adolescente de 14 años que cometa un homicidio quedaría impune.
El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, respondió que bajar la edad “no alcanza” y reclamó a la Nación los recursos necesarios para crear juzgados, fiscalías, centros especializados e incorporar personal.
“Sin estructura, recursos e inversión, su reforma es apenas una modificación en los papeles. Un eslogan de campaña”, afirmó Alonso. También cuestionó que Santilli responsabilizara al Ejecutivo provincial por una resolución adoptada por el Poder Judicial.
La ofensiva contra la jueza
La decisión de Pascual provocó una reacción inmediata de La Libertad Avanza y el PRO. La bancada amarilla presentó un proyecto de repudio, mientras el espacio libertario anticipó que impulsará un pedido de juicio político contra la magistrada.
Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM al reconstruir la escalada judicial y política, el presidente de LLA bonaerense, Sebastián Pareja, acusó a Pascual de responder a intereses políticos y anunció que promoverá su enjuiciamiento en la Legislatura.
Carlos Curestis, presidente del bloque libertario en el Senado bonaerense, se sumó a los cuestionamientos, mientras Juan Osaba, titular de la bancada de diputados provinciales de LLA, calificó la resolución como inadmisible y confirmó la decisión política del espacio: “Vamos a llevarla a juicio político por esta decisión”.
La magistrada defendió su resolución y aclaró que no se opone a discutir la imputabilidad. “Soy del Conurbano y con esta ley no vamos a crear más seguridad”, afirmó. Su planteo se concentra en las consecuencias de aplicar el cambio sin condiciones materiales suficientes.
Pascual también advirtió que un adolescente encerrado sin educación, oficio ni terapia puede ingresar posteriormente al sistema penitenciario adulto con mayores niveles de violencia y menos posibilidades de reinserción.