Ley Malvinas: Milei no asegura 129 votos para el capítulo electoral
El gobierno de Javier Milei enfrenta una nueva pulseada en la Cámara de Diputados por la denominada Ley Malvinas. A tres días de la sesión que pretende realizar el miércoles 18 de noviembre, La Libertad Avanza (LLA) todavía no tiene garantizados los 129 votos necesarios para aprobar el capítulo electoral del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional. La resistencia de sus propios aliados mantiene abiertas las negociaciones y expone las dificultades del oficialismo para reunir una mayoría.
La iniciativa, que obtuvo dictamen de mayoría el 28 de octubre, busca sancionar la explotación no autorizada de recursos naturales en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur. Sin embargo, el proyecto incorpora reformas de defensa, seguridad, inteligencia y legislación electoral que exceden la cuestión territorial y se convirtieron en el principal foco de conflicto parlamentario.
El último encuentro entre los bloques, realizado el jueves 12 de noviembre, terminó sin un acuerdo definitivo. El oficialismo aceptó revisar algunas disposiciones, pero se mantiene firme en su decisión de conservar el Título VII, que introduce modificaciones al régimen electoral y al Código Penal. Los bloques dialoguistas consideran insuficientes los cambios ofrecidos y reclaman una revisión más profunda.
El capítulo que divide a los aliados y necesita 129 votos
El principal obstáculo está en el Título VII, denominado Fortalecimiento de la soberanía en los procesos electorales y otras modificaciones. Ese apartado incorpora restricciones al financiamiento electoral extranjero, nuevas figuras penales vinculadas con operaciones de injerencia y sanciones contra determinadas campañas de desinformación.
Uno de los artículos más cuestionados establece penas de cinco a doce años de prisión para quienes, por cuenta o financiamiento de actores extranjeros, intenten interferir en procesos electorales mediante campañas coordinadas de desinformación, violencia o sabotaje.
Aunque la redacción incorporó una aclaración que excluye expresamente la actividad periodística, la investigación académica y determinadas expresiones diplomáticas, varios diputados sostienen que las garantías siguen siendo insuficientes. Las objeciones apuntan especialmente a la amplitud del concepto de desinformación y a las posibles consecuencias sobre la libertad de expresión.
El texto también impide que personas extranjeras sin residencia permanente y personas jurídicas extranjeras financien o dirijan actividades de campaña electoral. Además, modifica el Código Penal para incorporar delitos relacionados con espionaje, operaciones clandestinas y agravantes por traición a la patria cuando intervengan funcionarios, militares o agentes de inteligencia.
La dificultad del oficialismo no se limita a las críticas sobre el contenido. Las modificaciones electorales requieren una mayoría absoluta del total de los integrantes de Diputados: 129 votos afirmativos, un umbral superior al de la mayoría simple necesaria para aprobar el proyecto en general.
Por eso, el Gobierno podría conseguir respaldo para las sanciones vinculadas con Malvinas y, al mismo tiempo, encontrar dificultades para aprobar el capítulo electoral.
El PRO acompaña, pero la UCR y los bloques federales mantienen objeciones
El PRO, encabezado en Diputados por Cristian Ritondo, ratificó su acompañamiento al proyecto. Sin embargo, la posición del macrismo no alcanza para garantizar el resultado de la votación.
Argentina Federal insiste en eliminar el Título VII. El bloque, que firmó el dictamen con disidencias y cuenta entre sus referentes con Oscar Herrera Ahuad, cuestiona que el Ejecutivo incluya reformas de distinta naturaleza dentro de una iniciativa presentada como herramienta de defensa de la soberanía.
En Provincias Unidas tampoco existe una posición uniforme. Mientras algunos legisladores vinculados con gobernadores provinciales se inclinan por acompañar al oficialismo, otros mantienen su rechazo al capítulo electoral. Su referente Gisela Scaglia participó de las conversaciones sin que se alcanzara una definición conjunta.
La Unión Cívica Radical (UCR) también reclama modificaciones. La diputada mendocina Pamela Verasay, vinculada políticamente al gobernador Alfredo Cornejo, participó de la última reunión y se sumó a los planteos sobre el alcance de las reformas.
Por su parte, Karina Banfi, de Adelante Buenos Aires, propuso suprimir las modificaciones penales incluidas en ese título.
La representación del Gobierno estuvo encabezada por el jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, junto con Silvana Giudici, Nicolás Mayoraz y Giselle Castelnuovo. El presidente de Diputados, Martín Menem, no asistió presencialmente al encuentro, aunque mantuvo contactos con los negociadores.
También participó Paula Taddei, subsecretaria de Planeamiento Estratégico, quien trasladó la posición de la Casa Rosada: el capítulo electoral puede recibir cambios, pero el Ejecutivo no acepta retirarlo del proyecto.
Desde Unión por la Patria anticiparon que llevarán al recinto un dictamen propio, concentrado en las sanciones por la explotación de recursos en Malvinas. El bloque peronista cuestiona que la iniciativa incluya reformas de seguridad, defensa y legislación penal que considera ajenas al reclamo territorial.
El Consejo cambia de nombre, pero conserva atribuciones cuestionadas
Las diferencias también alcanzan al organismo de coordinación estratégica que pretende crear el Ejecutivo.
El proyecto original establecía un Consejo de Seguridad Nacional, presidido por Milei y con participación de funcionarios del Gobierno y organismos de inteligencia. Después de los cuestionamientos parlamentarios, el oficialismo aceptó modificar su denominación por Consejo de Asuntos Estratégicos.
Sin embargo, el cambio de nombre no altera sustancialmente su conducción. El nuevo organismo continuará bajo la órbita presidencial y tendrá facultades vinculadas con la identificación de amenazas, la evaluación de inversiones estratégicas y la protección de infraestructuras consideradas críticas.
La nueva redacción establece que el Consejo no podrá intervenir en cuestiones de seguridad interior, aunque mantiene disposiciones especiales sobre infraestructuras críticas que incluyen instalaciones energéticas, financieras, sanitarias y redes digitales.
Esas atribuciones generan objeciones por la posibilidad de ampliar la actuación de las Fuerzas Armadas en determinados ámbitos internos y por la falta de una delimitación más precisa de las competencias.
Como parte de las concesiones, el Gobierno aceptó incorporar una Comisión Bicameral de Seguimiento, que deberá recibir información sobre determinadas medidas del Consejo dentro de las 48 horas posteriores a su adopción. También contempla la participación eventual de autoridades parlamentarias y gobernadores.
Pese a esos cambios, los legisladores críticos advierten que el Congreso recibiría información sobre decisiones ya adoptadas, mientras la conducción y las principales atribuciones permanecerían concentradas en el Poder Ejecutivo.
Las concesiones del Presupuesto 2027 no destrabaron la negociación
Las discusiones por la Ley Malvinas se desarrollan en paralelo con la negociación del Presupuesto 2027, otro proyecto prioritario para la Casa Rosada.
Durante la última reunión, el oficialismo aceptó varios reclamos del PRO, entre ellos la prórroga hasta 2032 de los regímenes de promoción automotriz y autopartista, establecidos por las leyes 27.263 y 27.686.
El acuerdo contempla beneficios vinculados con la devolución del IVA, la amortización acelerada en el impuesto a las Ganancias y las retenciones a las exportaciones del sector.
También hubo avances sobre transferencias de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, autorizaciones de financiamiento porteño y modificaciones tributarias relacionadas con la actividad avícola. En el caso del Impuesto a los Combustibles Líquidos, el Ejecutivo propuso avanzar mediante acuerdos particulares con las provincias.
Pero el Presupuesto 2027 continúa bajo negociación. Los bloques aliados mantienen exigencias vinculadas con el financiamiento de las universidades, las prestaciones por discapacidad y los recursos destinados a las provincias.
Diputados buscaría emitir dictamen el martes 17 de noviembre y llevar el Presupuesto al recinto el miércoles 25, aunque esa fecha todavía podría modificarse por la agenda parlamentaria y las conversaciones con los gobernadores.
La discusión presupuestaria se cruza con los desacuerdos por la Ley Malvinas. El Gobierno consiguió avances parciales en el reparto de concesiones, pero no logró transformar esos entendimientos en un respaldo uniforme para las reformas electorales y penales.
La disputa por Malvinas también se juega ante el Tribunal del Mar
El debate legislativo coincide con una instancia internacional vinculada con el proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por las compañías Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration en la Cuenca Malvinas Norte.
La Argentina solicitó al Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, medidas provisionales para impedir el avance de las perforaciones y la instalación de infraestructura petrolera mientras continúa la controversia con el Reino Unido.
El tribunal tiene previsto pronunciarse el sábado 28 de noviembre sobre las medidas solicitadas por la Argentina, antes de la fecha anunciada para el inicio de las perforaciones, en marzo de 2027.
La discusión también incluye el alcance de las sanciones a empresas vinculadas con la explotación de recursos. Después de los reparos planteados por el subsecretario de Estado estadounidense Christopher Landau, el oficialismo aceptó restringir la responsabilidad de determinados inversores indirectos y excluir a accionistas minoritarios con participaciones de hasta el 2%.
Esos cambios generaron cuestionamientos entre sectores opositores que consideran que el régimen sancionatorio debería alcanzar a una mayor cantidad de actores económicos relacionados con las operaciones en las islas.
Unión por la Patria también objeta que el Congreso llegue dividido a la instancia internacional. Sus legisladores recuerdan que la Argentina ya cuenta con antecedentes sancionatorios, como la Ley 26.659, aprobada en 2011, y sostienen que la defensa de la soberanía debería reunir consensos parlamentarios más amplios.
Una semana decisiva para el oficialismo en Diputados
La intención de La Libertad Avanza es debatir la Ley Malvinas el miércoles 18 de noviembre junto con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y otros proyectos pendientes. El oficialismo cuenta con un dictamen de mayoría, pero sigue negociando el contenido definitivo de los artículos más controvertidos.
La votación pondrá a prueba tanto la capacidad del Gobierno para sostener el acompañamiento de sus aliados como el alcance de las concesiones que está dispuesto a realizar.
El principal interrogante sigue siendo el Título VII: Milei pretende mantener las reformas electorales y penales dentro de la Ley Malvinas, mientras varios bloques que podrían acompañar las sanciones sobre los recursos naturales rechazan votar ese apartado.
Con el cierre de las sesiones ordinarias previsto para el 30 de noviembre y una resolución internacional pendiente sobre Sea Lion, el oficialismo enfrenta dos definiciones simultáneas: reunir los votos para aprobar su proyecto y resolver cuánto de su contenido original está dispuesto a modificar para conseguirlos.
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