El proyecto, que incluye un aumento del 8,1% en las jubilaciones y su actualización mensual según el IPC, fue sancionado con el apoyo de la oposición en el Senado.
Legislativas22 de agosto de 2024
Redacción Grupo La Provincia
Con el respaldo del kirchnerismo, los radicales y los bloques provinciales, el Senado de la Nación aprobó el proyecto que cambia la fórmula de movilidad jubilatoria, el cual introduce modificaciones al sistema propuesto previamente por el Poder Ejecutivo a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).
La nueva ley, aprobada por 61 votos a favor y solo 8 en contra, establece una actualización mensual de los haberes jubilatorios basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Este mecanismo busca evitar que los jubilados pierdan poder adquisitivo frente a la inflación. Además, se incluyó un aumento adicional del 8,1%, compensando la diferencia entre el incremento otorgado por el gobierno (12,5%) y la inflación registrada en enero (20,6%).
La aprobación de esta ley fue posible gracias a un acuerdo entre los bloques de Unión por la Patria y la Unión Cívica Radical (UCR), quienes contaron con el apoyo de algunos senadores del PRO y de bloques provinciales. Esta unión permitió alcanzar los dos tercios necesarios para blindar los artículos más sensibles para el Gobierno nacional, que ha manifestado su descontento con la reforma.
Durante el debate, el senador de la UCR, Martín Lousteau, criticó la gestión anterior del sistema previsional, destacando que las jubilaciones y pensiones han perdido un 45% de su valor desde 2017. Por su parte, Mariano Recalde, de Unión por la Patria, enfatizó la necesidad de que el Estado se haga cargo de la crisis previsional, calificando la aprobación de esta ley como un acto de justicia y reparación.
El presidente Javier Milei, que había adelantado su desacuerdo con la reforma, ya ha anunciado su intención de vetarla, calificando la medida como insostenible desde el punto de vista fiscal. El mandatario ha sido firme en su postura de mantener el déficit cero, una política que defiende junto al ministro de Economía, Luis Caputo.
La reforma también incluye una cláusula gatillo anual que se activará si los salarios aumentan más que la inflación, aplicando un ajuste del 50% de la diferencia. Aunque esta propuesta generó divisiones en el Congreso, fue finalmente aprobada sin modificaciones.
La Oficina de Presupuesto del Congreso estima que la implementación de esta ley representará un gasto adicional del 0,43% del PBI, lo que preocupa al Gobierno por su impacto en las cuentas públicas. Además, la ley obliga a la ANSES a cancelar las deudas con las provincias que no han transferido sus sistemas previsionales al Estado nacional, así como con los beneficiarios que cuentan con sentencias firmes, en un plazo de seis meses.
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