Impacto de la nueva ley de jubilaciones y el veto presidencial

Los cambios en las jubilaciones y el inminente veto de Milei

El Congreso de la Nación ha aprobado una nueva ley de jubilaciones que trae consigo modificaciones significativas en los haberes previsionales del sistema general de la Anses. Sin embargo, la norma ya enfrenta un obstáculo crucial: el presidente Javier Milei ha anunciado su intención de vetarla, alegando que las medidas propuestas "son la ruina del país". A continuación, se detallan los principales cambios establecidos por la ley y las implicaciones de un posible veto presidencial.

Efectos inmediatos de la ley en las jubilaciones

Reajuste retroactivo de haberes

Uno de los cambios más destacados que introduce la nueva ley es un aumento del 7,2% en los haberes previsionales, con efecto retroactivo a abril de 2024. Esto significa que el haber mínimo de septiembre, que estaba establecido en $234.540, se elevará a $251.427. Asimismo, se garantiza que el ingreso más bajo del sistema contributivo será de $317.704 en septiembre, un aumento del 4,3% respecto a lo previamente proyectado.

Este ajuste retroactivo implica que la Anses deberá liquidar las diferencias correspondientes a los meses de abril a julio, lo que impactará directamente en las finanzas de la entidad. El haber mínimo de abril, por ejemplo, pasaría de $171.283 a $183.615, lo que representa una actualización significativa para los jubilados.

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La fórmula de movilidad y su modificación

Actualización mensual basada en el IPC

La nueva ley también establece que los haberes se ajustarán mensualmente según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec. Esta disposición no representa un cambio drástico, ya que desde abril de 2024, los haberes se actualizan cada mes siguiendo este índice. Sin embargo, darle fuerza de ley a esta práctica puede tener implicaciones legales y presupuestarias a largo plazo.

En lo que va de 2024, los haberes han acumulado un aumento del 121,9%, considerando tanto la actualización por inflación como los incrementos adicionales otorgados. Esta medida busca proteger el poder adquisitivo de los jubilados en un contexto inflacionario, aunque también incrementa la presión sobre las cuentas públicas.

Otras modificaciones clave

Incremento anual adicional y pago de sentencias

La ley introduce un incremento anual adicional en los haberes de marzo de cada año, calculado sobre la base de la comparación entre el índice de salarios (Ripte) y la inflación del año previo. Si los salarios superan a la inflación, se otorgará un aumento adicional equivalente al 50% de la diferencia, lo que podría beneficiar a los jubilados en caso de una recuperación real de los salarios.

Además, la norma establece un plazo para que la Anses pague las deudas acumuladas con las provincias y los jubilados que ganaron juicios por malas liquidaciones. Según datos del Congreso, al 31 de marzo de 2024, la Anses tenía pendientes de liquidación 89.847 sentencias, lo que representa un desafío considerable para el organismo en términos de financiamiento y gestión.

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El veto presidencial y sus posibles consecuencias

El presidente Javier Milei ha sido enfático en su postura de vetar la ley aprobada por el Congreso. Según el mandatario, las medidas contenidas en la norma no cuentan con una fuente de financiamiento clara, lo que compromete la meta de equilibrio fiscal que su gobierno se ha propuesto alcanzar.

La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) ha estimado que el impacto de esta ley en las cuentas públicas será de al menos 0,44% del PBI, sin contar el costo adicional que podría derivarse del pago de sentencias judiciales y otros compromisos financieros.

El veto presidencial, de concretarse, podría frenar los aumentos previstos y mantener el esquema actual de movilidad y reajustes. No obstante, esto también generaría tensiones políticas y sociales, especialmente entre los jubilados que esperaban beneficiarse de los nuevos incrementos.

Conclusión: Un futuro incierto para las jubilaciones

La aprobación de esta ley de jubilaciones representa un paso importante hacia la actualización de los haberes en un contexto de alta inflación, pero su futuro es incierto ante la amenaza de veto presidencial. Las implicaciones económicas y políticas de esta decisión serán profundas, afectando tanto a los jubilados como a las finanzas públicas del país. El debate sobre el financiamiento de las jubilaciones y el equilibrio fiscal continuará siendo un tema central en la agenda política argentina en los próximos meses.