Presupuesto 2025: mujeres y diversidades, las más afectadas
El presupuesto 2025 recorta fondos cruciales para las políticas de género. ¿Qué implicaciones tiene para las mujeres y diversidades en Argentina?
Economía25 de noviembre de 2024
Pamela Orellana
En el contexto del Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer que se celebra cada 25 de noviembre, el informe reciente del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) pone de manifiesto la creciente preocupación por la falta de perspectiva de género en el Presupuesto 2025.
A lo largo de 2024, el gasto público destinado a políticas con enfoque de género ha sido reducido drásticamente, y la proyección para el próximo año no promete cambios favorables. Las estadísticas oficiales siguen reflejando las desigualdades estructurales que atraviesan a las mujeres y diversidades, pero el Poder Ejecutivo parece no reconocer estas problemáticas, lo que se traduce en un ajuste fiscal con consecuencias desastrosas.
El discurso antifeminista y el recorte presupuestario
El informe resalta cómo el discurso antifeminista del gobierno se refleja de manera clara en la asignación de los recursos públicos. A pesar de que las estadísticas oficiales siguen visibilizando las brechas laborales, de ingresos y de cuidados entre hombres y mujeres, el gobierno parece desconocer la magnitud de estos problemas, e incluso ha tomado medidas que apuntan a invisibilizarlas aún más. La eliminación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad (MMGyD) es uno de los ejemplos más representativos de este enfoque.
La reducción de programas clave destinados a reducir las desigualdades de género no es un hecho aislado. A lo largo de 2024, varios ministerios han reducido o incluso eliminado los fondos destinados a programas que contribuyen a la reducción de la brecha de género. En este sentido, el Presupuesto con Perspectiva de Género (PPG), que históricamente se utilizaba para visibilizar y evaluar estas políticas, ha perdido peso y visibilidad.

El Presupuesto 2025: ajuste y desprotección
El informe también aborda las proyecciones del presupuesto 2025, destacando tres situaciones preocupantes en relación con los programas con perspectiva de género:
Crecimiento real en solo 5 de los 20 programas: De los 20 programas seleccionados en el PPG de 2023, solo 5 registran un aumento en el presupuesto para 2025 en comparación con el año anterior. Sin embargo, estos programas son principalmente parte de la estrategia de atención y transferencia de ingresos, como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y el programa 1.000 días.

Ajuste profundo en 8 programas: Ocho programas, como la moratoria previsional, que ya sufrió un ajuste en 2024, enfrentan recortes aún mayores. La eliminación de algunos de estos programas ha sido confirmada por el propio titular de ANSES, lo que agrava aún más la situación.
Programas eliminados o sin presupuesto asignado: Seis programas clave, como la Ley Lucio, la Línea 144 y la Educación Sexual Integral (ESI), han sido eliminados o no cuentan con partidas presupuestarias definidas para el próximo año. En el peor de los casos, esto refleja un incumplimiento por parte del Estado en su deber de asistir y proteger a las mujeres víctimas de violencia.

El impacto de la falta de presupuesto
En términos generales, la propuesta de presupuesto 2025 refleja una profundización del ajuste fiscal iniciado en 2024. De aprobarse el presupuesto tal como fue presentado, o si el gobierno opta por prorrogar el presupuesto de 2023, las consecuencias se harán sentir de manera desigual sobre mujeres y diversidades. El ajuste fiscal no es neutral, y los recortes presupuestarios en programas clave que abordan la violencia de género, la desigualdad laboral y la educación sexual, generarán un impacto devastador en las comunidades más vulnerables.
La urgencia de una revisión
El informe del CEPA es una llamada de atención para revisar con urgencia las políticas públicas y la asignación de recursos que afectan a las mujeres y diversidades. La falta de un presupuesto con perspectiva de género en 2025 podría profundizar aún más las desigualdades existentes, poniendo en riesgo los avances conseguidos en los últimos años en términos de derechos y protección de las mujeres.

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