El Gobierno reglamentó los exámenes para empleados públicos: cómo serán
Empleados públicos del AMBA comenzarán a rendir exámenes obligatorios. ¿Cómo funcionará el sistema y quiénes están exentos? Conocé los detalles.
Política05 de diciembre de 2024
Pamela Orellana
El Gobierno nacional oficializó la implementación de un nuevo reglamento para evaluar la idoneidad de los empleados públicos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). A través de la resolución 26/2024 publicada en el Boletín Oficial, se establece un sistema de exámenes como parte de un plan para reorganizar el empleo estatal, con objetivos de transparencia, eficiencia y reducción del déficit fiscal.
La medida, impulsada por la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, ha generado polémica entre los gremios, quienes denuncian precarización laboral y un intento de hostigamiento hacia los trabajadores.
Cómo será el examen de idoneidad
Los exámenes se realizarán de forma presencial, anónima y digital. Según el reglamento, los empleados deberán rendir pruebas tipo multiple choice con un máximo de 24 preguntas en una hora, dependiendo de su categoría profesional. Se requiere un mínimo de 60 puntos sobre 100 para aprobar, y los resultados estarán disponibles en el portal oficial Argentina.gob.ar.
El sistema garantizará el anonimato de los evaluados hasta el momento de la calificación. Además, las personas con certificado único de discapacidad (CUD) estarán temporalmente exceptuadas de participar hasta que se adapten los exámenes a condiciones de accesibilidad.
Inscripción y requisitos
La inscripción será exclusivamente a través del sitio web oficial. Los interesados deberán registrarse, seleccionar un turno y recibirán una credencial con los datos del examen. El día de la evaluación deberán presentar su DNI. En caso de inasistencia, se considerará una falta, lo que afectará su habilitación para rendir nuevamente.
Los empleados podrán presentarse hasta tres veces por año calendario para aprobar. No obstante, debido al inicio del proceso en diciembre de 2024, ese mes será considerado parte del año 2025.
Críticas desde los gremios
El anuncio no estuvo exento de controversias. Daniel Catalano, líder de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Capital, calificó la medida como un ataque a los trabajadores públicos. “Si es necesario, voy a poner un camión con sonido dictándole las respuestas a mis compañeros que estén adentro”, afirmó en una entrevista radial.
Catalano también denunció que los salarios en el sector son insuficientes y que la política del Gobierno está basada en hostigamiento y precarización. “Ahora, además, hay que rendir matemáticas. Es realmente muy grosero”, expresó.
El dirigente cuestionó que las evaluaciones se realizarán en el Ministerio de Defensa, acusando al Ejecutivo de querer evitar protestas sindicales. “Este Gobierno abandona a la comunidad, no les da de comer”, agregó, mientras criticaba duramente a la ministra de Desarrollo Social, Sandra Pettovello.
Impacto de la medida
Desde el Gobierno, el vocero presidencial Manuel Adorni aseguró que el objetivo de los exámenes no es dejar a nadie sin empleo, sino garantizar que los empleados públicos cuenten con las competencias necesarias para sus funciones.
El plan prevé tomar hasta 2.000 exámenes diarios en esta primera etapa, que incluirá a 40.000 empleados del AMBA, y extenderá el sistema al resto del país en 2025. Sin embargo, los cuestionamientos de los sindicatos y el impacto en la estabilidad laboral de los trabajadores siguen generando dudas sobre la implementación de esta medida.
¿Transparencia o persecución?
La resolución 26/2024 se presenta como parte de una política más amplia para reducir el déficit fiscal y mejorar la calidad de la gestión pública. Sin embargo, los gremios denuncian que las condiciones actuales del empleo estatal dificultan el cumplimiento de estos objetivos.
Mientras el debate continúa, miles de empleados públicos se preparan para rendir los primeros exámenes, en medio de un clima de tensión entre las promesas de transparencia del Gobierno y las acusaciones de persecución sindical.
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