Ficha Limpia: claves del proyecto que impide a los políticos condenados ser candidatos

La ley busca garantizar la transparencia y la idoneidad de los funcionarios públicos, y su aprobación podría generar fuertes repercusiones en la política argentina.

Legislativas18 de enero de 2025Mariana PortillaMariana Portilla
Sin quórum para "Ficha Limpia": quiénes no asistieron
Esta ley busca limitar la postulación de condenados por delitos de corrupción.

Antes de viajar a Estados Unidos, el presidente Javier Milei firmó el proyecto de ley conocido como "Ficha Limpia", una iniciativa que marcará el comienzo de las sesiones extraordinarias del Congreso a partir del 20 de enero. Esta ley busca limitar la postulación de condenados por delitos de corrupción y tiene un impacto directo sobre figuras como la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

La iniciativa tiene como objetivo garantizar la idoneidad de los funcionarios públicos, alineándose con el artículo 16 de la Constitución Nacional, que promueve la igualdad de acceso a los cargos públicos. Establece restricciones para aquellos que hayan sido condenados en primera y segunda instancia por delitos como malversación de fondos, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias.

Milei Javier

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El caso de Cristina Fernández de Kirchner

Uno de los puntos más relevantes del proyecto es que afectará directamente a Cristina Fernández de Kirchner, quien, en caso de que se apruebe la ley, no podrá presentarse como candidata en futuras elecciones.

Cristina y Milei

La ley establece que la inhabilitación solo se aplicará a las personas que hayan sido condenadas en segunda instancia antes del 31 de diciembre del año previo a las elecciones, y siempre que se haya demostrado la comisión de delitos tipificados como corrupción.

Los artículos más destacados de la ley incluyen la prohibición de postulación para quienes hayan sido condenados por delitos relacionados con la corrupción en los ámbitos del sector público, como el cohecho, la malversación de fondos y el enriquecimiento ilícito. Además, la ley establece un registro público en el que se incluirán las condenas confirmadas en segunda instancia, lo que asegurará transparencia y mayor control sobre los candidatos.

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