La jueza Andrade tras la represión: "No recibí informes sobre barrabravas"

La jueza Karina Andrade, titular del Juzgado Contravencional Nº 15 de la Ciudad de Buenos Aires, se pronunció sobre su controvertida decisión de liberar a más de 100 personas detenidas durante la marcha de jubilados que tuvo lugar el pasado miércoles en la capital. En medio de las críticas de funcionarios del gobierno, Andrade ratificó que su fallo se basó estrictamente en la Constitución Nacional, destacando que las detenciones no cumplían con los requisitos mínimos establecidos por la ley.

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"No había información sobre barrabravas"

En declaraciones exclusivas, Andrade afirmó que en ningún momento recibió información que sugiriera la presencia de barrabravas entre los detenidos. "Nadie me trajo información de que había barrabravas", señaló, aclarando que las detenciones realizadas por las fuerzas de seguridad carecían de la documentación adecuada, como los informes que identificaran a los detenidos, el lugar de la detención, ni los motivos precisos para su arresto.

La magistrada priorizó el derecho a la protesta

La decisión de la jueza se basó, según explicó, en la priorización del derecho constitucional a expresarse y manifestarse, un derecho garantizado por la Constitución Argentina. En sus palabras, "la protesta está garantizada por la ley", y destacó que la falta de información sobre las detenciones no permitió sustentar que los arrestos estuvieran correctamente fundamentados.

Investigación en curso

A pesar de las críticas recibidas, Andrade aclaró que su fallo no impide que el Ministerio Público Fiscal continúe con la investigación sobre los detenidos. "El Ministerio Público Fiscal tiene la obligación de seguir adelante con la investigación y determinar si hubo delitos", precisó la jueza, dejando en claro que su decisión no implicaba una absolución de los detenidos, sino más bien una protección de sus derechos frente a detenciones que no cumplían con las garantías mínimas.

Defensa ante los ataques del Gobierno

Tras su fallo, Andrade fue objeto de duras críticas por parte de funcionarios del gobierno de Javier Milei, quienes cuestionaron la liberación de los detenidos y la actitud de la jueza ante las autoridades. En respuesta, Andrade consideró que los cuestionamientos desde el Ejecutivo buscaban "desprestigiar" los organismos de control de la Justicia y señaló que, a pesar de las amenazas y críticas, su postura se mantenía firme, defendiendo la independencia judicial.

"Este tipo de ataques solo buscan desprestigiar a los jueces y el Consejo de la Magistratura", afirmó, destacando la importancia de la autonomía judicial para tomar decisiones apegadas a la ley.

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A lo largo de sus intervenciones públicas, Karina Andrade subrayó que su fallo fue técnico y se enmarcó dentro de los principios establecidos por la Constitución Nacional. Aseguró que su decisión fue una respuesta rápida, pero siempre respetuosa de los derechos humanos y las garantías procesales, rechazando cualquier intento de politizar el tema.